Por primera vez, después de 34 años de reclamos, la Corte IDH intervendrá en un caso de la Argentina sobre los territorios ancestrales de pueblos indígenas. Se trata de un conflicto por más de 600 mil hectáreas en el departamento de Rivadavia en Salta.
El conflicto por las 643 mil hectáreas de los lotes 14 y 55, ubicados en el departamento de Rivadavia, al noroeste de Salta, se prolonga desde 1984. Desde entonces el reclamo ha sido sostenido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asociación Lhaka Honhat, que nuclea comunidades de los pueblos Wichí, Chorote, Chulupí, Toba y Tapiete.
El reclamo de la Asociación Lhaka Honhat es para que el Estado garantice el acceso de esas comunidades a sus territorios ancestrales. Piden que se delimite su territorio y se les facilite el título de propiedad. Esto implicaría trasladar a las familias criollas que residen en la zona, y más específicamente, que se trasladen sus unidades productivas. El argumento es que del territorio indígena depende la alimentación y supervivencia de las comunidades.
Del total de 643.000 hectáreas que involucran los lotes fiscales 55 y 14, el Estado debe demarcar las 400.000 correspondientes a las comunidades indígenas y las 243.000 correspondientes a las familias criollas. En estos años, denuncia el CELS, “la colocación de alambrados y cercas por personas no indígenas ha perturbado la integridad del territorio tradicional y la forma de vida de las comunidades, que son cazadoras-recolectoras”.
La Asociación Lhaka Honhat, el CELS y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) realizaron una petición conjunta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigiendo al Estado que se adoptaran las medidas necesarias para que las comunidades pudieran acceder a su derecho a la tierra. También se solicitaron medidas contra la tala de árboles, la actividad ganadera, la edificación de varias obras y la exploración de hidrocarburos, que habían sido realizadas en esos territorios sin consideración de los estándares interamericanos, que ponen énfasis en que debe haber una consulta previa, libre e informada a las comunidades afectadas.
En 2001 las comunidades congelaron la vía internacional y optaron por una negociación con los gobiernos provinciales y nacionales. Pero después de varios encuentros, propuestas y contrapropuestas, en 2005 el gobierno salteño decidió dar por concluidas las conversaciones y llamar a un plebiscito para decidir sobre la situación, en el que la posición oficial ganó con un 80 por ciento de los votos. Las comunidades aborígenes decidieron entonces reflotar el reclamo directo ante la CIDH, organismo que en 2006 declaró la admisibilidad del pedido. En 2012 la CIDH aprobó un "Informe de fondo" del caso en el que declaró violados diversos derechos estipulados por la Convención Americana sobre Derechos Humanos en detrimento de las 45 comunidades que integran la Asociación Lhaka Honhat y hizo recomendaciones al Estado para garantizar el acceso al territorio ancestral.
A pesar de que el Estado se comprometió a cumplir con las recomendaciones en varias oportunidades y con la entrega de un título que respete las costumbres tradicionales de las comunidades, según advierte el CELS, “seis años después del informe de fondo de la CIDH aún no se ha finalizado la demarcación y delimitación de la totalidad del terreno indígena; no se han generado ni un 5% de las obras de infraestructura necesarias para que las familias criollas puedan ser relocalizadas; no se ha tomado ninguna medida efectiva para combatir la tala ilegal de árboles ni se ha avanzado en el levantamiento de cercas y alambrados en el territorio indígena, entre otras acciones aún pendientes”.
Por este motivo, la Comisión Interamericana decidió finalmente remitir el caso a la Corte IDH, instancia en la cual, concluye el CELS, “las comunidades indígenas continuarán bregando por el respeto y la protección de sus derechos humanos”.
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