La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denunció a una comunidad terapéutica de Pilar por graves casos de privación de libertad, torturas y tratos degradantes.
El pasado 6 de febrero, en el marco de una inspección realizada por el Programa de Salud Mental de la CPM junto al órgano de Revisión Local, se relevaron graves violaciones a los derechos humanos en la Comunidad Terapéutica San Antonio, en la localidad de Villa Rosa, partido de Pilar, contra los más de 30 usuarios bajo su custodia.
La CPM presentó un hábeas corpus colectivo denunciando las prácticas violentas a las que eran sometidos los usuarios del servicio y exigiendo que, además de la clausura del manicomio, se proceda a la derivación de los usuarios a hospitales generales.
Estos hechos se producen en un marco estructural de violaciones de derechos humanos que se vienen relevando tanto en ámbitos de internación públicos como privados.
"El incumplimiento de la ley de salud mental vigente (Nº 26.657) y la falta de controles adecuados y auditorias periódicas de parte del Ministerio de Salud provincial, son decisiones que deben ser revertidas con carácter urgente por parte del estado provincial", aseguraron desde la CPM en referencia a la gestión de María Eugenia Vidal.
Los relatos de los usuarios reflejan la sistematicidad de las prácticas de tortura, malos tratos y privaciones ilegítimas de la libertad. Se relevó que todos los usuarios, al momento de su ingreso, son reducidos violentamente, inyectados con un sedante y luego atados a una cama en una de las habitaciones reservada para ese fin. Luego de ello se los amenaza con sufrir nuevamente este circuito tortuoso si incumplen las reglas.
Según la CPM, basado en relatos de los internos, la prescripción de medicación al ingreso de los usuarios no responde a las necesidades fundamentales de las personas con algún tipo de padecimiento mental ni tampoco se administra con fines terapéuticos.
Muchos refirieron haber sido secuestrados por miembros de la institución a pedidos de sus familias y sin que mediara orden judicial que dispusiera dicha medida.
Se constató que no existe un abordaje del sufrimiento psíquico que pudiera haber gravitado como causa de las supuestas conductas a raíz de las cuales se los privó de su libertad dentro de esta institución.
Se somete a todos los usuarios por igual a un sistema de reglas arbitrarias cuyo incumplimiento se encuentra asociado a una serie de castigos. Dicho sistema de disciplinamiento es administrado por los propios usuarios, a quienes el personal de la institución San Antonio les delega dicha tarea.
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