Un plan oficial de reciprocidad en la cobertura de salud universal y gratuita vigente en la Argentina hacia Bolivia, unido a intentos por cobrar la atención a inmigrantes en algunas provincias, amenaza con desatar un conflicto entre el régimen fascista de Mugrizio Macri Blanco Villegas y el gobierno de Evo Morales.
Según se supo, el gobierno boliviano rechazó un reclamo del hijo bobo de Franco Macri para que los argentinos que viajen o viven en ese país puedan atenderse gratis en hospitales de Bolivia, como los hacen los bolivianos que llegan a territorio argentino.
El rechazo oficial de La Paz fue informado a través de una carta enviada por la Cancillería al embajador argentino en La Paz, Armando Álvarez García. Según la misiva, en el sistema de salud de Bolivia "son beneficiarios de la atención integral y protección financiera de salud todos los habitantes y estantes del territorio nacional que no cuenten con algún seguro de salud". En ese grupo, según aclaró, se incluyen "las mujeres embarazadas desde el inicio de la gestación hasta los seis meses posteriores al parto; a los niños menores de cinco años; mujeres y hombres a partir de los 60 años; mujeres en edad fértil respecto a atenciones de salud sexual y reproductiva; y personas con discapacidad". Por lo tanto se excluye a ciudadanos extranjeros.
En cambio, la salud en Argentina es universal y gratuita y beneficia a toda persona, sea argentina o extranjera, residente o de paso, con los mismos derechos de cobertura en los hospitales públicos de todo el país.
Sin embargo, la llegada de varios ciudadanos bolivianos al suelo argentino para atenderse gratuitamente hizo que el ministro de Salud de la provincia de Jujuy, Gustavo Bouhid, propusiera un proyecto de ley para que los bolivianos que cruzan la frontera a la Argentina paguen por ser atendidos en los hospitales públicos de ese distrito fronterizo del norte del país. "El proyecto de ley es para que el Estado boliviano pague, no el ciudadano", dijo el funcionario.
La medida fue apoyada por el jefe de Gabinete, Marcos Peña Braun Menéndez, quien se mostró con el gobernador fascista jujeño Gerardo Morales. "En la Ciudad de Buenos Aires hace rato que se da este debate. No hay muchos ejemplos en el mundo de una cuestión de gratuidad, por algo no existe", dijo el ministro coordinador quien no descartó la posibilidad de que eso se extienda a todo el territorio nacional.
"La posibilidad de que esto se debata en el Congreso y se pueda dar un marco general para todas las provincias podría ser algo que nosotros veríamos con buenos ojos", afirmó Peña Braun Menéndez, quien confió en que ese debate puede darse "maduramente" y advirtió que "es un error muy bajo querer asociar esta discusión a cualquier vinculación de xenofobia o discriminación".
Bolivia replicó a través del cónsul en Jujuy, Nelson Guarachi Mamani. Según el diplomático, su gobierno veía "con muchísima tristeza" la situación creada "después de haber sido un Estado tan grande y que siempre tuvo una orientación humanitaria en el pasado. Que no se vea con los mismos ojos la situación de los inmigrantes hoy es triste", enfatizó.
El diario local El Tribuno dijo que en el hospital de la ciudad fronteriza de La Quiaca se atendieron durante 2017 a unas 20.000 personas, de las cuales 2.000 eran de nacionalidad boliviana.
Siempre según el periódico, de los 12 turnos que se entregan diariamente para las distintas especialidades siete son otorgados a ciudadanos bolivianos o que tienen documento argentino pero no residen en el país. Además, de siete partos semanales, cuatro corresponden a madres del vecino país que llegan a punto de dar a luz, reveló el diario.
Pero Jujuy no es la única provincia que intenta cobrar a los Estados vecinos la atención sanitaria de sus connacionales. La provincia del Chaco, en la frontera con Paraguay, ya había esbozado un plan similar a fines de 2016. Entonces, la ministra de Salud, Mariel Crespo, dijo que el distrito debía afrontar "una alta demanda sin recupero de gastos".
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