El ministro de Defensa, Oscar Aguad, dijo que este mes pondrá en marcha una Fuerza de Despliegue Rápido para que las tres ramas de las Fuerzas Armadas sirvan “de apoyo logístico” para “la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo". "Vamos hacia un estado gendarme”, cuestionó el diputado Agustín Rossi, quien dijo que la medida “está en los límites" de lo que fija la Ley de Seguridad Interior.
“Este mes tenemos que resolverlo”, confirmó su apuro el ministro de Defensa, Oscar Aguad, que anticipó la creación de una Fuerza de Despliegue Rápido bajo la órbita de su ministerio, integrada por las tres ramas de las Fuerzas Armadas para prestar “apoyo logístico en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo”.
El anuncio, que hasta ahora no contó con muchas precisiones, va en la línea con la doctrina elaborada por el Comando Sur de Estados Unidos, que según aseguraron los especialistas promueve la intromisión de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior.
“Está en los límites de lo que fija la ley, vamos hacia un estado gendarme”, cuestionó el actual diputado nacional y ex ministro de Defensa Agustín Rossi.
“Una de las cuestiones en las que estamos pensando, no a largo plazo, sino que este mes tenemos que resolver, es la creación de una fuerza de despliegue rápido", afirmó el ministro Aguad, que el próximo jueves partirá para Miami, junto a la beoda ministra de Seguridad, Patricia Bullrich Luro Pueyrredón, para reunirse con funcionarios del comando estadounidense para recibir asesoramiento. En declaraciones a la ultraoficialista radio Mitre, Aguad explicó que la nueva fuerza incorporará elementos de las tres fuerzas -hoy solo existe en el ámbito del Ejército- con el objetivo de brindar apoyo logístico en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.
"No significa que las Fuerzas Armadas se van a involucrar en el tema de seguridad porque está prohibido por ley”, aseguró en un primer momento el ministro aunque acto seguido aclaró que la nueva fuerza funcionaría como un “apoyo” en temas de seguridad interior. "Tiene que ver con darle un apoyo, el Ejército tiene en condiciones operativas 40 mil hombres que pueden prestar una gran colaboración en materia de seguridad interna pero en el tema logístico”, reafirmó Aguad, que consideró que las Fuerzas Armadas deben rediseñarse y prepararse para las "nuevas amenazas".
La Ley de Seguridad Interior limita la participación de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interna; sólo las habilita en casos extremos de excepcionalidad, con la declaración del estado de sitio. Por eso la creación de la nueva fuerza levantó aparece como una posible puerta de entrada para la participación de los militares en asuntos internos.
“La ley prevé el apoyo logístico y eso ya existe hoy. Por ejemplo poder utilizar los aviones del ejército o camiones para llevar suministros a un puesto sanitario. Pero en ningún caso significa una fuerza de despliegue rápido armada. ¿Para qué querés una fuerza así si no es para actuar en seguridad interior?”, cuestionó el ex ministro de Defensa Agustín Rossi, que puso en duda las intenciones del régimen fascista de la alianza de derecha Cambiemos.
Antes de ayer, la dipsómana ministra de Seguridad confirmó que su cartera busca modificar la doctrina de seguridad para “invertir la carga de la prueba y otorgar el beneficio de la duda” a los policías que participen en enfrentamientos.
Rossi consideró que la creación del nuevo escuadrón responde al alineamiento de la política de seguridad nacional con el Comando del Sur, que involucra a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico.
Consultado sobre cómo evalúa la experiencia de esta doctrina en los países de la región, "el Chivo" sostuvo que "el Comando del Sur es la representación del Pentágono para América Latina. En ninguna región del continente donde se involucró a las Fuerzas Armadas en el combate narco ha habido resultados positivos. Por lo contrario, el efecto fue el inverso: generó un espiral de violencia en la sociedad. Tal vez la experiencia más negativa en este sentido son los Zetas de México, el primer país en seguir esta doctrina, que terminaron conformando un ejército".
Para el jefe de la bancada de diputados kirchneristas, "la creación de esta fuerza es una manera de empezar a involucrar a las Fuerzas Armadas en los asuntos internos. Está en los límites de lo que fija la ley. Y no está disociado con el rumbo que ha tomado la política de seguridad tras el caso Chocobar, que fue respaldado hasta por el Presidente. Vamos hacia un Estado gendarme, con un aumento del poder represivo y que va a traer como consecuencia una mayor violencia institucional".
"Argentina y Uruguay son los únicos dos países de América Latina que tienen claramente limitado el uso de las Fuerzas Armadas. ¿Para qué están conformando esta nueva fuerza si ya existe el apoyo operativo en el marco del Ejército? Si no tienen pensado violar la ley de Seguridad Interior no tiene sentido armar una fuerza de despliegue rápido", agregó Rossi.
Según opinaron especialistas en narcocriminalidad, el antecedente de esta nueva fuerza sería el decreto de enero de 2016 que habilitó el derribo de avionetas no identificadas, supuestamente en manos del narcotráfico, por parte de la Fuerza Área, una de las primeras medidas de la ex montonera entregadora de compañeros al frente del ministerio de Seguridad. Para muchos, el decreto fue una manera de obviar la ley de Seguridad Interior y permitir de manera “oblicua” el actuar de las Fuerzas Armadas en cuestiones internas. La doctrina de las nuevas amenazas podría ser la puerta de entrada para la militarización de diferentes territorios y el ingreso de fuerzas extranjeras, que hoy necesitan una autorización expresa del Congreso Nacional.
Para la especialista en seguridad y narcotráfico y ex secretaria ejecutiva del Consejo Federal Penitenciario Paola Spatola, la creación de esta nueva fuerza así como está planteada significa un peligro y roza los límites de las leyes de Defensa y de Seguridad Interior. “Una cosa es que las Fuerzas Armadas reemplacen a las fuerzas de seguridad en el resguardo de objetivos estratégicos, eso es viable y se hace. Otra muy distinta es que presten colaboración, con despliegue incluido, en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo”, aseguró la académica, que también presidió la Comisión de Narcotráfico del parlamento latinoamericano.
Según entiende Spatola, otro de los puntos oscuros del nuevo comando es quién va a poder requerir sus funciones en el despliegue. ¿Lo deberá hacer un juez, que instruya en alguna causa por narcotráfico, o será pedido por el Ejecutivo? “No es un dato menor quién va a requerir y supervisar cómo se ajusta el actuar de una fuerza con despliegue. Si va a quedar a disposición del Ejecutivo van a terminar haciendo tareas que exceden la ley de Defensa”, remarcó la especialista.
También opinó que las experiencias de los países vecinos no llevan a pensar en una intervención exitosa de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico, sumado que actualmente las fuerzas no están capacitadas para eso. “Sería mucho más proactivo generar una fuerza federal dedicada a los delitos complejos, con más inteligencia, que manotear a las Fuerzas Armadas”, dijo la también la abogada y remarcó otro dato preocupante de las funciones de la nueva fuerza: el cuidado de los recursos naturales. Esto último podría utilizarse contra las comunidades originarias que reclaman el acceso a sus tierras ancestrales y que bajo este argumento el despliegue militar podría tener como objetivo el desalojo de los pueblos originarios. “Plantear esto es realmente peligroso, es contribuir a formar el enemigo interno. Son situaciones que se resuelven a través del diálogo y consenso”, finalizó Spatola.
Fuente: nota de Alejandra Hayon para Página/12
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