Por el hecho, ocurrido en el año 2004, pesa sobre el dirigente social una condena a tres años y nueve meses de prisión.
La Cámara Federal de Casación Penal le ordenó al Tribunal Oral Federal (TOF) 6 "el inmediato cumplimiento de la sentencia" contra el dirigente político y social Luis D'Elía, lo que implica que sea detenido.
Sobre el dirigente pesa una condena a tres años y nueve meses de prisión por la toma de una comisaría en La Boca, en 2004.
Fuentes judiciales informaron a Télam que el TOF 6 se encontraba deliberando sobre cómo dar cumplimiento a la orden de Casación, ya que desde diciembre evaluaba un pedido de la defensa de D'Elía para que el dirigente fuera beneficiado con la prisión domiciliaria por problemas de salud.
La decisión fue adoptada por la sala 3 del máximo tribunal penal, que rechazó por "improcedente" una queja formulada por la defensa de D'Elía contra la condena por instigación a cometer delitos, señalaron las fuentes.
En el mismo fallo, los camaristas Liliana Catucci, Carlos Mahiques y Eduardo Riggi ordenaron devolver las actuaciones al TOF 6 para que se cumpla de inmediato la pena impuesta.
La condena de D'Elía ya había sido revisada por Casación por lo que estaba al borde de la prisión, pero su detención se postergó desde diciembre pasado porque su defensa había interpuesto un recurso para que se evaluara posibilidad de otorgarle la prisión domiciliaria.
En noviembre de 2017, D'Elía había sido declarado culpable de los delitos de "atentado contra la autoridad", "usurpación del espacio público", "instigación a cometer delitos", "lesiones" y "privación de la libertad", y fue condenado a 4 años de prisión. Sin embargo, en diciembre Casación decidió bajarle la pena por entender que algunos de esos delitos estaban prescriptos.
La toma de la comisaría de La Boca se produjo en junio de 2004 y estuvo motivada en que D'Elía aseguraba que la Policía Federal estaba encubriendo al narcotraficante que había asesinado al dirigente barrial Martín "El Oso" Cisneros.
Al condenarlo, el TOF 6 había dispuesto además la "inmediata detención" del referente del partido Miles para cuando el fallo resulte ejecutable, es decir cuando sea eventualmente confirmada por la última instancia judicial posible.
En este proceso, el líder de Miles fue defendido por los abogados Adrián Albor y Juan Grabois, referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP).
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