Acusada porque Lázaro Báez fue adjudicatario de 51 de las 81 obras viales, la ex presidenta afrontará el debate judicial tras sospechas sin fundamento en las pericias y cifras astronómicas que carecen de base real.
El juicio por la obra pública en Santa Cruz, que se inicia el 26 de febrero y tendrá a Cristina Fernández de Kirchner como principal acusada, marcará la primera vez que la ex presidenta esté sentada en el banquillo. La imputación es que se le adjudicaron 51 de las 81 obras viales de Santa Cruz a las empresas de Lázaro Báez y que en esas obras hubo demoras, se cobraron cosas que no se terminaron y existieron sobreprecios. El Tribunal Oral Nº 2 arrancó diciendo que no puede evaluar 51 obras, por lo cual eligió sólo cinco para sacar alguna conclusión. El paso siguiente fue ordenar la realización de una pericia para evaluar si se terminaron o no, si se cobró demasiado o no. Reunidos los peritos, analizaron que no pueden evaluar cinco obras y que sólo pueden evaluar seriamente una. Propusieron que fuese la repavimentación de la Ruta 3 en el tramo de la circunvalación de Caleta Olivia.
Los jueces, sin embargo, reclaman que evalúen las cinco obras, algo que será imposible, teniendo en cuenta que la primera reunión de peritos fue este 12 de febrero. La pericia original, hecha por ingenieros de Vialidad, casi no encontró diferencia entre lo construido y lo pagado: apenas 0,1 por ciento.
Acusación
Junto a Cristina Fernández de Kirchner están acusados Julio De Vido, Carlos Kirchner, y otros 12 imputados. La acusación es la siguiente:
• Que hubo demasiadas obras viales en Santa Cruz, una imputación que prácticamente se cae sola porque eso se votó en el Congreso.
• Que Lázaro Báez y empresas en las que figura como accionista ganaron 51 de las 81 obras. O sea que se digitaron licitaciones a su favor, con una concentración excesiva.
• Que las obras no se terminaron a tiempo.
• Que las obras no se hicieron como corresponde.
• Que hubo sobreprecios del 65 por ciento.
• Que se cobró dinero por obras que no se hicieron.
Hay en danza una cifra disparatada de presunta defraudación al Estado: 46 mil millones de pesos. Pero el Sistema Informático de Seguimiento de Obras (SIGO) de Vialidad Nacional estableció en diciembre de 2015 que en Santa Cruz se hicieron entre 2003 y 2015 un total de 111 obras de todo tipo, con presupuestos totales de 20.966 millones de pesos, de los cuales se habían pagado 12.915 millones.
Origen
El origen del expediente es una denuncia del ex titular de Vialidad, Javier Iguacel, quien pasó por el cargo antes de ser secretario de Eenrgía y ser eyectado. Es de los cuadros más acérrimos del PRO, que llegó a Vialidad sin ninguna experiencia, después de ser ejecutivo de una empresa petrolera. Asumió el 12 de enero de 2016 y al día siguiente, en su resolución que lleva el número 1, ordenó una auditoría no sobre las obras en las 24 provincias del país sino en una sola, Santa Cruz. Eso ya exhibió su intencionalidad política: le importaba únicamente el kirchnerismo.
El sistema de obras implementado por los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner consistía en que el Congreso votaba los presupuestos y la asignación de obras y luego cada provincia protagonizaba todo el resto del proceso. Las licitaciones, adjudicaciones, control de obras y certificación para que las constructoras cobren estuvieron en manos de la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP) de Santa Cruz. El Ministerio de Infraestructura, mediante la Secretaría de Obras Públicas, realizaba inspecciones al azar en todo el país o, cuando había una denuncia, a veces anónima, a veces mediática.
Si todo el proceso estuvo en Santa Cruz, no se entiende por qué no están entre los imputados los gobernadores provinciales ni tampoco los jefes de Gabinete, que son los controlantes del presupuesto y los que firmaron las reasignaciones de partidas año por año, algo que hicieron todos los gobiernos. Parece evidente que CFK no tenía ninguna incidencia en las licitaciones, adjudicaciones y, mucho menos, en el control de las obras. Sin embargo se la sindica como la jefa de la asociación ilícita. Y el juicio en sí mismo debería realizarse en el sur, no en Inodoro Py.
Los anteriores técnicos de Vialidad explicaron que la concentración de obras en unas pocas empresas se da en prácticamente todas las provincias. Sucede que esas compañías son locales en esos distritos porque allí tienen la maquinaria, el personal, la experiencia, los proveedores. Eso les permite licitar a precios más competitivos que las empresas que vienen de otros distritos.
En la provincia de Buenos Aires se hicieron 455 obras por 26 mil millones de pesos, pero cuatro empresas hicieron obras por 17 mil millones. En Tucumán, se hicieron obras por 2.500 millones, pero tres empresas se quedaron con las licitaciones por 1.500 millones. La concentración es aún mayor en dos distritos, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Básicamente porque pocas empresas quieren desplazar a su personal y su maquinaria a 1.800 kilómetros y, además, el frío y el viento hacen muy difícil trabajar. En todos los contratos figura que deben mantener los campamentos durante los cinco meses en los que no se puede avanzar por el invierno, pero debe estar sobre las rutas una dotación de personal para garantizar el paso de los vehículos. También los materiales son más caros y, por supuesto, hay que transportarlos a mayor distancia.
Las defensas alegan que Lázaro Báez tenía el personal, las maquinarias y la experiencia para trabajar en Santa Cruz y por lo tanto ganó buena parte de las licitaciones: 51 de las 81. Prácticamente no ganó ni una obra en todo el país fuera de esa provincia y, además, perdió la más importante en Santa Cruz: las represas Condor Cliff y Barrancosa, en la que fue a la licitación en alianza con Iecsa, la empresa que fue propiedad del Grupo Macri. Se ve que el Grupo Macri pensaba que Báez tenía la estructura y eficiencia para trabajar en condiciones desfavorables en la obra de mayor envergadura del país.
Una de las acusaciones es que concurría a las licitaciones con tres empresas distintas, las tres en las que figuraba como accionista principal. Báez y su abogado, Víctor Hortel, alegan que las empresas tienen distinta composición accionaria y que actúan siempre independientemente, algo que ocurre en el mundo. Este será un tema del juicio, donde de todas maneras, la clave estará en si ese mecanismo permitió sobreprecios.
Cobros
La auditoría que encontró una diferencia de solo el 0,1 por ciento, centrado en un cordón en la circunvalación de Caleta Olivia, fue firmada por tres ingenieros de Vialidad: Justo Romero, Ramón Martínez Oría y el contador Marcelo Bianchi. No se permitió que las partes pudieran intervenir, así que fue un estudio hecho únicamente por el macrismo. Bianchi declaró en la causa judicial: “Si nos ceñimos estrictamente a los aspectos técnicos que formaron parte de la encomienda que me fue asignada, y observamos que los desajustes no fueron relevantes con relación a las respectivas obras, estamos hablando de desajustes del 0,1%, también es que podemos decir que, pese a sus escasos recursos, los supervisores obtuvieron un correcto resultado de su tarea, lo cual tiene que ver, estimo yo, con el celo profesional de los mismos”.
“No se evidencias deficiencias constructivas de relevancia, como así tampoco tareas que hayan sido certificadas sin ejecutarse…”, firmaron los tres peritos designados por el propio Iguacel.
Terminaciones
Uno de los argumentos de la acusación es que las obras tardaron más de lo previsto y siempre se hicieron readecuaciones y redeterminaciones.
Se trata de dos procesos. El primero, es el debate sobre la duración de las obras. En el caso de la obra investigada, la Ruta 3, Circunvalación de Caleta Olivia, la prórroga se dio porque aparecieron demoras debido a que se había producido un asentamiento en los terrenos por los que debía hacerse la obra, hubo atraso en la expropiación de esos terrenos y, por lo general, en estas obras aparecen inesperadamente oleoductos de YPF y cables de fibra óptica. Todas son circunstancias que atrasan las obras y que no son responsabilidad de las constructoras –ni las compañías de Lázaro Báez ni de las demás– porque obligan a rediseños o a esperas. Debe hacerse un rediseño, las autoridades tienen que aprobarlo y hay que darle el visto bueno al cambio de costos. Este proceso es habitual incluso hoy en las obras que maneja la administración Cambiemos.
Basta un comparación: en Santa Cruz tuvieron obras Petersen, Esuco (la empresa de Carlos Wagner) y muchísimas otras constructoras. Todas verifican atrasos de este estilo, no adjudicables a las empresas.
Precios
Otra de las imputaciones en el juicio será por sobreprecios. Los fiscales oficialistas Ignacio Mahiques y Gerardo Pollicita dicen que hubo un sobreprecio de 64,72 por ciento. Pero su cálculo no tuvo en cuenta los datos de las partes. Entre los peritos existe la convicción de que será muy difícil establecer la existencia de sobreprecios, porque los materiales dependen mucho del proveedor y del momento.
Uno de los temas más cuestionados es la redeterminación de los precios de una obra, porque entra en juego la inflación. Se cuestiona que una obra que se empieza licitando a 100 millones termina costándole al Estado 400 millones o más.
En el caso de la Ruta 3, Circunvalación de Caleta Olivia, hay una planilla oficial en la que consta que el monto original del contrato fue de 146 millones en 2006 y hubo readecuaciones de precios y de plazos hasta el final del mandato de CFK, cuando ya el valor estaba en unos 507 millones. Incluso hubo readecuaciones de precios y plazos en 2017, después de que el régimen fascista de Miauricio Macri Blanco Villegas paralizara la obra durante sus dos primeros años de mandato. Los peritos originales de Iguacel no pudieron establecer sobreprecios.
La redeterminacion por inflación surge de un decreto de 2002, firmado por Eduardo Duhalde. Se establece un índice en base a precios de asfalto, combustibles y otros insumos, y se aplica la fórmula correspondiente. Cuando el índice se dispara más de 10 por ciento, la constructora reclama la redeterminación de precios y se aplica la fórmula del decreto 1295/2002.
Curiosamente el macrifascismo liquidó los términos del decreto para favorecer a las empresas. Ahora se redetermina cuando el aumento es del cinco por ciento y se incorporaron otras cláusulas favorables a las constructoras. IECSA, como se sabe, sigue en plena actividad. Hubo obras hechas por Cambiemos, licitadas en 2015, donde se permitieron readecuaciones y redeterminaciones que multiplicaron el valor por nueve, en apenas tres años.
Juicio
Las defensas de Cristina Kirchner y de Carlos Kirchner (primo de Néstor y funcionario que no tuvo nada que ver con esas obras) pidieron que el juicio se haga en Santa Cruz y, además, sostienen que ya fueron sobreseidos en su momento. También hubo un pedido de postergación del juicio dado que la pericia no está ni empezada y es una prueba de importancia.
El Tribunal Oral Federal Nº 2 no aceptó ninguno de los pedidos. Todo indica que tomará algún reclamo pero dirá que lo resolverá al final del juicio. Los jueces Jorge Gorini, Jorge Tassara y Rodrigo Gimenez Uriburu apuran todos los pasos y algunos dicen que aspiran a dictar condenas durante la campaña electoral.
Un malabar que habrá que ver cómo concretan es la vinculación de CFK con estas obras. La ex mandataria ni decidió las obras –fue el Congreso–, ni firmó los contratos ni controló los precios ni las duraciones.
Fueron convocados 170 testigos –entre ellos Ángelo Calcaterra, Alberto Fernández, Sergio Massa, Jorge Capitanich, Juan Manuel Abal Medina, Eduardo Eurnekian, Enrique Esquenazi y Carlos Wagner– y actuarán 15 defensas. El juicio parece más destinado a durar dos años que los seis meses que les permitirían condenar a Cristina en época electoral.
Fuente: nota de Raúl Kollmann para Página/12
No hay comentarios.:
Publicar un comentario