Los miembros del máximo tribunal de Justicia revocaron el amparo que favorece a los magistrados designados desde el año pasado y provenientes de la carrera judicial.
Por unanimidad, la Corte Suprema rechazó la medida cautelar presentada por la Asociación de Magistrados para limitar el alcance del la ley votada en el Congreso que dispuso el pago del Impuesto a las Ganacias para todos los miembros del Poder Judicial que hayan sido nombrados o ascendidos a partir de enero de 2017.
Con el voto de los cinco supremos, Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda, la cautelar quedó descartada y el pago del impuesto tendrá vigencia plena.
La Corte concluyó que "no existían razones suficientes" para eximir a determinados actores del alcance de la ley mediante una mediad cautelar. "De ello derivó que la vigente ley de impuesto a las ganancias resulta plenamente aplicable", sostiene la resolución.
A partir de este fallo, comenzarán a tributar todos los jueces y funcionarios judiciales que hayan ingresado a partir de 2017, tal como estipula la ley aprobada por el Congreso. Hasta ahora, sólo pagaban los abogados que se convirtieron en jueces pero que venían desde afuera del Poder Judicial, o sea que no eran funcionarios de carrera. En total unos 12 jueces en todo el país, el uno por ciento de los magistrados federales y nacionales.
Otros 90 jueces, que asumieron en 2017, quedarían ahora abarcados dentro de los que deben aportar. El Gobierno calculó en 6 mil millones de pesos lo que se pierde de recaudar por la exención de los jueces a pagar Ganancias.
En el último apartado del fallo, los jueces Rosenkrantz y Highton de Nolasco -presidente y vicepresidenta de la Corte- señalaron "el derecho del que gozan los magistrados de plantear ante la justicia sus agravios respecto de lo que consideren ser sus derechos".
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