El fiscal González pidió librar exhortos para determinar si Mohamed bin Salman tiene causas en su país y Yemen.
El príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, arribó ayer a la mañana a la Argentina para participar de la cumbre del G20, mientras en la justicia federal se define un pedido de detención en su contra por el asesinato de un periodista del Washington Post y crímenes de guerra en Yemen, el cual sería rechazado.
Bin Salman -el primero de los líderes en arribar al país por el G20- llegó al aeropuerto de Ezeiza procedente de Túnez y fue recibido por el canciller enano Jorge Faurie. Luego partió junto a una importante comitiva hacia la embajada saudita en una caravana de autos y bajo un fuerte operativo de seguridad que paralizó el tránsito por donde circuló el príncipe.
La llegada al país de Bin Salman tomó relevancia por la denuncia y el pedido de detención realizado por la organización internacional Human Right Watch, que solicitó aplicar "la jurisdicción universal" por crímenes de guerra en Yemen y el asesinato y desmembramiento del periodista saudí Jamal Khashoggi en la embajada en Turquía.
En la denuncia, que recayó en la fiscalía de Ramiro González y deberá instruir el juez Ariel Lijo si el fiscal lo requiere, se señalan las violaciones del derecho internacional por las cuales Mohammed Bin Salman podría ser penalmente responsable, la ausencia de investigaciones sobre presuntas violaciones al derecho internacional por parte de autoridades sauditas y la jurisdicción universal conforme al derecho internacional y al derecho argentino.
Horas después de la llegada del príncipe, el fiscal González determinó que antes de resolver si se impulsa la denuncia, se deben determinar vía exhorto "el estatus del príncipe Mohammed bin Salman y la existencia de procesos en trámite en el Reino de Arabia Saudita y la República de Yemen". La decisión la tendrá el juez Lijo.
Además, el fiscal pidió que la Corte Suprema determine si tiene competencia para investigar al príncipe heredero. En los tribunales creen que por tratarse de una acusación contra un Estado extranjero, la causa debería instruirla el máximo tribunal, según establece la Constitución Nacional.
Como adelantó Currín, en la justicia federal descartan detener o tomar una medida fuerte contra el príncipe durante la cumbre del G20. Fuentes de los tribunales federales descartaron que se pueda detener a Bin Salman porque no está probado que haya cometido un delito de lesa humanidad, entre otras complicaciones judiciales. Sin contar el escándalo político y diplomático que generaría.
Las fuentes indicaron que para avanzar en un pedido de detención como el solicitado por HRW, primero "debería establecerse que sea un delito de lesa humanidad y después averiguar si no está siendo investigado o juzgado en el lugar en el que los hechos se produjeron; y recién ahí se habilitaría la jurisdicción internacional".
Si Lijo o la Corte aceptan los pedidos de exhortos que hizo el fiscal, el trámite podría demorarse meses o años, con lo cual la investigación podría terminar en la nada.
Ante este escenario de tensión, las fuerzas de seguridad redoblaron las medidas de protección en la embajada árabe, donde se hospedará Bin Salman. El martes, se colocaron vidrios blindados y se reforzó la presencia policial.
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