Faurie se refirió a la denuncia contra el príncipe saudí: "Goza de inmunidad de jurisdicción"

En el primer gesto por parte del régimen fascista de Mugrizio Macri Blanco Villegas acerca de la denuncia internacional que pesa sobre el príncipe saudí Mohamed bin Salman, el canciller argentino ponderó el status del heredero de Arabia Saudita y echó por tierra la posibilidad de que Argentina lleva adelante su detención. 

Jorge Faurie aclaró que el príncipe "goza de inmunidad de jurisdicción e inviolabilidad personal" por ser “un jefe de gobierno”. Sin embargo, agregó que “eso no quita que la Justicia argentina reciba las denuncias” por violación a los derechos humanos. 

"Es un jefe de gobierno, es el hijo del rey de Arabia Saudita, príncipe reinante y heredero, lo cual lo pone en un tramo de la inmunidad de jurisdicción que se le otorga a los presidentes, vicepresidentes, ministros y a las autoridades de un gobierno en ejercicio", aseguró el canciller. 

La ONG Human Rights Watch (HRW) había invocado la jurisdicción universal para que Argentina juzgue a Bin Salman por posibles crímenes de guerra cometidos por la coalición liderada por Arabia Saudita en Yemen, por torturas de oficiales saudíes contra mujeres activistas y por la ejecución extrajudicial del periodista Jamal Khashoggi en su consulado en Estambul.

El miércoles, fue el mismo Faurie quien recibió en Ezeiza a la delegación de ese país que participará de la cumbre del G20. Poco después, el juez Ariel Lijo envió exhortos a Turquía y Yemen para indagar si existen investigaciones abiertas contra Bin Salman, un trámite que podría llevar algunos días. 

Para HRW este fue “un mensaje claro de las autoridades argentinas, que indicó que “ni siquiera los más poderosos, como Mohammed bin Salman, están por encima de la ley”. Los líderes a nivel global deberían pensar seriamente si desean tomarse fotos con alguien que podría terminar investigado por crímenes de guerra y tortura”, planteó ayer su director, Kenneth Roth. 

Sin embargo, ayer Faurie se amparó en el estatus del príncipe "reconocido en la convención de Viena" y que es "aplicable a los actos de los enviados en misiones especiales”. 

“Esta es una misión especial (por la Cumbre), por lo tanto, mientras está en territorio argentino, tiene lo que se llama inviolabilidad de jurisdicción respecto a su persona y a las funciones que cumple", explicó el canciller. 

La polémica desatada por el asesinato de Khashoggi volvió a poner en la mira el rol del reino en el conflicto en Yemen. Desde marzo de 2015, Riad lidera una coalición pro gubernamental contra los rebeldes chiitas conocidos como hutíes, que mantiene al país bloqueado y bombardea intensamente zonas controladas por los insurgentes. Más de 10.000 personas han muerto desde entonces en Yemen, entre ellas unos 85.000 niños menores de cinco años fallecidos de hambre o enfermedades, y más de 14 millones de personas están en riesgo de sufrir una hambruna.

El príncipe árabe llegó al país y Lijo rechazaría detenerlo

El fiscal González pidió librar exhortos para determinar si Mohamed bin Salman tiene causas en su país y Yemen.

El príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, arribó ayer a la mañana a la Argentina para participar de la cumbre del G20, mientras en la justicia federal se define un pedido de detención en su contra por el asesinato de un periodista del Washington Post y crímenes de guerra en Yemen, el cual sería rechazado.

Bin Salman -el primero de los líderes en arribar al país por el G20- llegó al aeropuerto de Ezeiza procedente de Túnez y fue recibido por el canciller enano Jorge Faurie. Luego partió junto a una importante comitiva hacia la embajada saudita en una caravana de autos y bajo un fuerte operativo de seguridad que paralizó el tránsito por donde circuló el príncipe. 

La llegada al país de Bin Salman tomó relevancia por la denuncia y el pedido de detención realizado por la organización internacional Human Right Watch, que solicitó aplicar "la jurisdicción universal" por crímenes de guerra en Yemen y el asesinato y desmembramiento del periodista saudí Jamal Khashoggi en la embajada en Turquía.

En la denuncia, que recayó en la fiscalía de Ramiro González y deberá instruir el juez Ariel Lijo si el fiscal lo requiere, se señalan las violaciones del derecho internacional por las cuales Mohammed Bin Salman podría ser penalmente responsable, la ausencia de investigaciones sobre presuntas violaciones al derecho internacional por parte de autoridades sauditas y la jurisdicción universal conforme al derecho internacional y al derecho argentino.

Horas después de la llegada del príncipe, el fiscal González determinó que antes de resolver si se impulsa la denuncia, se deben determinar vía exhorto "el estatus del príncipe Mohammed bin Salman y la existencia de procesos en trámite en el Reino de Arabia Saudita y la República de Yemen". La decisión la tendrá el juez Lijo.

Además, el fiscal pidió que la Corte Suprema determine si tiene competencia para investigar al príncipe heredero. En los tribunales creen que por tratarse de una acusación contra un Estado extranjero, la causa debería instruirla el máximo tribunal, según establece la Constitución Nacional. 

Como adelantó Currín, en la justicia federal descartan detener o tomar una medida fuerte contra el príncipe durante la cumbre del G20. Fuentes de los tribunales federales descartaron que se pueda detener a Bin Salman porque no está probado que haya cometido un delito de lesa humanidad, entre otras complicaciones judiciales. Sin contar el escándalo político y diplomático que generaría.

Las fuentes indicaron que para avanzar en un pedido de detención como el solicitado por HRW, primero "debería establecerse que sea un delito de lesa humanidad y después averiguar si no está siendo investigado o juzgado en el lugar en el que los hechos se produjeron; y recién ahí se habilitaría la jurisdicción internacional". 

Si Lijo o la Corte aceptan los pedidos de exhortos que hizo el fiscal, el trámite podría demorarse meses o años, con lo cual la investigación podría terminar en la nada.

Ante este escenario de tensión, las fuerzas de seguridad redoblaron las medidas de protección en la embajada árabe, donde se hospedará Bin Salman. El martes, se colocaron vidrios blindados y se reforzó la presencia policial.

En la justicia federal descartan detener al príncipe de Arabia Saudita

En los tribunales de Comodoro Py creen que no está probado que haya cometido un delito de lesa humanidad. Las complicaciones.

El pedido de detención en Argentina del príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, no llegará a concretarse. 

En la justicia federal descartan tomar una medida de ese tipo durante la cumbre del G20, tal como solicitó el lunes la organización internacional de defensa a los derechos humanos Human Right Watch (HRW).

Fuentes de los tribunales federales consultadas descartaron que se pueda detener al príncipe saudí porque no está probado que haya cometido un delito de lesa humanidad, entre otras complicaciones judiciales. Sin contar el escándalo político y diplomático que generaría.

El pedido de detención realizado por Human Right Watch (por crímenes de guerra en Yemen y el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi) recayó en manos del juez Ariel Lijo, que dio intervención al fiscal Ramiro Gonzalez para que determine si realiza un requerimiento de instrucción y si pueden investigarse en el país crímenes cometidos en otra parte del mundo. 

La organización argumenta que la "Constitución Argentina reconoce la jurisdicción universal por crímenes de guerra y torturas. Esto implica que las autoridades judiciales del país están facultadas a investigar y juzgar estos delitos, con independencia de dónde se cometan y de la nacionalidad de sus autores o las víctimas".

Al respecto, las fuentes consultadas indicaron que para avanzar en un pedido de detención como el solicitado por HRW, primero "debería establecerse que sea un delito de lesa humanidad y después averiguar si no está siendo investigado o juzgado en el lugar en el que los hechos se produjeron; y recién ahí se habilitaría la jurisdicción internacional".

Las fuentes de los tribunales creen que no está probado que haya cometido un delito de lesa humanidad y además recuerdan que por tratarse de una acusación contra un Estado extranjero, la causa debería instruirla la Corte Suprema, según establece la Constitución Nacional. 

Además, una complicación extra es que el fiscal González está fuera y lo van a esperar para que intervenga. Está previsto que Bin Salman aterrice en la Argentina este viernes y la cumbre finaliza el sábado. Es decir que el tiempo para tramitar un pedido de tamaña complejidad, es muy escaso.

Bin Salman es además de príncipe heredero, viceprimer ministro y ministro de Defensa, en los hechos es que gobierna Arabia Saudita. Hasta el asesinato del periodista Khashoggi en la embajada árabe en Turquía era visto con simpatía por Occidente por sus iniciativas modernizantes de la economía saudí y algunos leves gestos de apertura, como permitir que las mujeres manejen y vayan al cine. 

El conflicto internacional en el que Human Right Watch involucró a la justicia argentina es tal que el propio Donald Trump -un férreo aliado de los saudíes- está librando una guerra fría con la CIA, que acaba de concluir en base a grabaciones y otras pruebas, que Khashoggi fue asesinado por un comando saudita bajo las órdenes directas del príncipe. 

HRW también menciona los crímenes de guerra en Yemen, uno de los escenarios más horrorosos de Medio Oriente y el terreno elegido por Arabia Saudita y Estados Unidos para librar una guerra "proxy" con Irán. "Desde marzo de 2015, la coalición encabezada por los saudíes ha perpetrado innumerables ataques aéreos indiscriminados y desproporcionados contra civiles y objetos civiles en Yemen, que han impactado en viviendas, escuelas, hospitales, mercados y mezquitas. Muchos de estos ataques -podrían constituir crímenes de guerra. La coalición también ha impuesto y mantenido un bloqueo naval y aéreo sobre Yemen que ha limitado seriamente el acceso de los civiles a alimentos, combustible y medicamentos. Millones de civiles sufren hambruna y enfermedades", señala Human Rights Watch.