La Cámara Federal dio luz verde para que las maniobras por el soterramiento del Sarmiento se investiguen desde 2005 hasta 2014, con orden de avanzar sobre los pagos que IECSA hizo a consultora fantasma de Jaime dos años antes de que pase a manos de Calcaterra. Es inminente la llegada de documentación de Brasil para probar destino de coimas.
Pese al sugerente recorte temporal que hizo el juez federal clarinista Claudio Bonadio en la causa de las fotocopias de los supuestos cuadernos del chofer literato, será la investigación por los sobornos de Odebrecht en el soterramiento del Sarmiento la que salpicará a la familia Macri por su vinculación a la firma IECSA.
En una resolución que pasó desapercibida en medio del escándalo por presuntos sobornos en la obra pública, la Cámara Federal instó al juez Marcelo Martínez de Giorgi a avanzar de manera decidida sobre las constructoras que formaban parte del consorcio adjudicatario de la obra por lo que la empresa brasileña reconoció haber pagado coimas y avaló -con las firmas de Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia- que las maniobras iniciales para obtener la licitación comenzaron en 2005, cuando se registraron facturas por servicios de una consultora fantasma encabezada por Manuel Vázquez, sindicado como el testaferro del ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime.
Así, hizo especial eje en el protagonismo de Javier Sánchez Caballero el N°2- cuando la empresa estaba en manos de Franco Macri y hasta el 2014. Todo a la espera que arriben desde Brasil las delaciones premiadas y los documentos que permitirían establecer la trazabilidad del dinero destinado a ex funcionarios, que la justicia sospecha que eran pagados por los socios locales.
"No puede perderse de vista que a partir de las irregularidades advertidas en el proceso de licitación y su vinculación con los posibles pagos de sobornos que datarían según lo dicho por el juez del año 2005 en adelante- corresponderá analizar las particularidades de todos los tramos de los hechos actuando en consecuencia", afirmó Irurzun en uno de los pasajes del fallo en el que denegó exculpar al brasileño Luiz Antonio Mameri.
La decisión incluyó "retos" al juez por haber establecido un laxo cronograma de indagatorias y por no avanzar en los embargos a las empresas ni en procesamientos. Y aclaró a renglón seguido que esas irregularidades surgieron de un informe de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, allanamientos y "los informes de la AFIP en relación a IECSA, COMSA y Caesa". En tribunales recibieron la decisión como un "mensaje" de luz verde (y de respaldo) a la investigación por la que, paradójicamente, ningún empresario se ha declarado arrepentido y todos han negado sistemáticamente los cargos, pese a que ya había estallado el affaire de los cuadernos que generó una "cartelización de arrepentimientos".
La Cámara pidió también que se comparta de manera ágil la información entre Martínez de Giorgi y Bonadio, con lo que sepultó las chances de que el expediente Odebrecht quedara opacado.
La referencia del fallo apuntó al hallazgo realizado por la fiscalía a cargo de Franco Piccardi que logró determinar que las primeras dos empresas (que lideraban el consorcio) abonaron facturas mensuales a Controles y Auditorías Especiales Sociedad Anónima (CAESA), la "pantalla" a través de la que Jaime habría cobrado pagos ilegales, también mencionada en la causa por la compra de "trenes chatarra" a España y Portugal. Piccardi ya acordó con su par brasileño el envío de la documentación que será inminente y podría desencadenar otro cisma empresarial y político. Hasta 2007, IECSA estuvo controlada por Sideco Americana y SOCMA.
El 13 de diciembre de 2005 y bajo la factura N°184, IECSA abonó $ 10.000 "por servicios de consultoría". Esos pagos se registraron de forma mensual hasta 2010, totalizando $ 600.000, según lo detectado tras un allanamiento a las oficinas de la constructora que pasó a manos del primo presidencial Ángelo Calcaterra. Su socia, COMSA, pagó entre 2007 y 2010 otros $ 270.000. Esas fechas coinciden con la etapa inicial del proceso licitatorio y con la delegación sobre el liderazgo del proyecto que había hecho el gobierno kirchnerista en la Secretaría de Transporte; algo que también impacta en el sucesor de Jaime, Juan Pablo Schiavi.
Se sospecha que eso garantizó el flujo de información privilegiada para que la UTE se alzara con la obra. En 2010, se inició otra etapa con la liberación del anticipo financiero para comenzar la construcción, donde se espera establecer cuánto dinero derivó Odebrecht para que IECSA pagara como sobornos, algo que se estima en el 15% según un correo electrónico secuestrado en Brasil. Según las delaciones de los brasileños, la empresa ligada a la familia Macri lideró las negociaciones desde 2005 hasta 2013, es decir antes y después de pasar a manos de Calcaterra. Ese año, el interlocutor -según lo declarado por Mameri en la Colaboración 10- pasó a ser el empresario Jorge "Corcho" Rodríguez, en nombre del Ministerio de Planificación. Hasta entonces hubo reuniones con Sánchez Caballero siempre asociadas a la sigla "DGI", utilizada por el holding para asentar sobornos. De la lista de correos surge la inscripción "1 + 3 + 16 = 20", que se presume que era el 15% destinado a sobornos y calculado en millones de dólares.
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