A partir de ayer, los teléfonos celulares que se denuncien como robados quedaan inmediatamente bloqueados y permanecerán inutilizados para su uso en cualquiera de las redes de telefonía móvil que operan en el país. Se trata de una iniciativa promovida por el régimen fascista porteño pero de alcance nacional. De esta manera y de forma gradual podrían salir de circulación dos millones de unidades.
Se calcula que en la Argentina hoy hay 23,3 millones de personas con celulares, más de la mitad de la población, y que hay en circulación 45 millones de aparatos. En 2017 hubo 4 mil robos por día, la mayoría en la vía pública, y aunque los robos este año disminuyeron un 10 por ciento, se calcula que en los últimos 24 meses se robaron 3,5 millones de aparatos.
Con la nueva norma, la denuncia por robo, pérdida o falsificación bastará para que el aparato sea bloqueado inmediatamente. Las denuncias se deberán realizar al *910. Lo que comenzó ayer es la segunda fase de un plan lanzado en 2016 para desalentar el mercado de teléfonos robados.
Si alguien quiere comprar un celular y pretende saber si la unidad está en el circuito legal, puede ingresar el IMEI, número de serie único de cada unidad (al que se accede a través del *#06*), en la página web del Enacom. Así podrá constatar si está bloqueado o no.
El bloqueo se hará efectivo también en casos en que las compañías denuncien el robo de un cargamento o cuando se detecta la adulteración del IMEI, un delito de falsificación. El bloqueo masivo podría depurar la cantidad de teléfonos de origen dudoso que circulan.
Quienes tengan líneas prepagas se deberán registrar en el *234#. Los teléfonos con abono quedan exentos de este requisito, dado que al momento de contratar el servicio la empresa ya tiene los datos del cliente.
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