Después de haber roto con la CGT, Camioneros se concentró frente a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para exigir que se levante el embargo preventivo de 300 millones de pesos por la multa que le aplicó el Ministerio de Trabajo. Argumentan que ese dinero es destinado a la "salud, construcción de viviendas y otros intereses de los afiliados".
Tras su ruptura con la CGT, Camioneros se movilizó ayer a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para reclamar que se levante el embargo preventivo de 300 millones de pesos dispuesto por la Justicia por la multa que aplicó el Ministerio de Trabajo. El gremio denuncia que la Justicia está dilatando la respuesta judicial a su pedido de apelación presentado en segunda instancia por la sanción por 810 millones de pesos por el supuesto incumplimiento de una conciliación obligatoria.
Desde la puerta de la dependencia judicial ubicada en Lavalle al 2500, los dirigentes señalaron que hacen responsable tanto al régimen macrifascista como a los jueces de cualquier inconveniente de salud que pudiera sufrir alguno de sus afiliados ante la imposibilidad de brindar algunas prestaciones esenciales.
“El embargo que nos aplicaron no perjudica a la persona de Hugo Moyano, perjudica a los afiliados”, advirtió el dirigente de Camioneros Marcelo Aparicio, quien además aclaró que “será responsabilidad de los jueces si fallan en contra de la organización gremial por reclamar la dignidad de los trabajadores”.
Los camioneros reclamaban una respuesta a la presentación judicial por la orden del ministro Jorge Triaca, quien el 19 de julio aplicó la inédita sanción. “Los trabajadores exigirán la urgente liberación de los 300 millones de pesos embargados preventivamente por ser aportes que se destinan a salud, construcción de viviendas y todo lo relativo a los intereses y derechos de los afiliados", sostuvo el lunes el gremio en el comunicado con el que anunció la convocatoria.
El juez laboral José Ignacio Ramonet avaló rápidamente el embargo el 31 de julio y el abogado del titular del sindicato, Daniel Llermanos, apeló la decisión, en tanto consideró que se que "se trata de una medida aberrante desde lo político y lo jurídico", al tiempo que estimó que el pago de ese dinero paralizaría al gremio. "Con esa plata se paga a los empleados, a la obra social. Es la que hace funcionar al sindicato. El daño ya está causado, alguien va a tener que pagar el daño", advirtió en su momento.
Triaca había argumentado que Camioneros no había acatado la conciliación obligatoria de diciembre pasado y que, en junio, había amenazado con repetir su conducta si no lograba el aumento que reclamaba en la paritaria del sector. El embargo supera los mil millones de pesos, ya que a la cifra original de 809.790.10 millones se deben agregar 266.930.023 millones en concepto de intereses.
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