Finalmente, los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa se entregaron a la Justicia luego que la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal ordenara este viernes la detención "inmediata" de ambos. Tres horas más tarde de conocerse el fallo los dueños de C5N se presentaron en el Edificio Centinela de Gendarmería donde quedaron alojados.
Más temprano, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal había ordenado detener de manera "inmediata" a López y De Sousa en un fallo que se esperaba para la semana que viene. De esta manera, el tribunal revirtió la decisión que en marzo pasado había tomado la Cámara Federal porteñaque había otorgado la excarcelación a los empresarios.
Por otra parte, los jueces Gustavo M. Hornos y Eduardo R. Riggi, quienes integran la Sala I, junto con la jueza Ana María Figueroa, que votó en disidencia, cambiaron la carátula del expediente que pasó nuevamente de "apropiación indebida de tributos" a "defraudación a la administración pública" y fijaron un embargo de $ 17 mil millones.
Vale recordar que en marzo pasado ambos empresarios recuperaron su libertad luego de que la Sala I de la Cámara Federal porteña les otorgara la excarcelación por considerar que esa medida no pone en riesgo la causa en la que se los investiga por no haberle rendido a la AFIP el impuesto a la transferencia de combustibles.
En ese momento, los jueces Eduardo Farah y Jorge Ballestero habían cambiado la carátula de la causa al afirmar que el intento de venta de las empresas por parte de López no implicó una obstrucción a la causa penal en la que se investiga una presunta estafa y que el delito por el que debía investigarse a los procesados es "apropiación indebida de tributos" y no "administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública".
Pese al fallo de la Sala I de la Cámara Federal porteña y en vísperas de un feriado largo, los magistrados de Casación Penal decidieron que ambos empresarios volverán a prisión porque podrían entorpecer la investigación o darse a la fuga, dice el fallo de Casación. Hornos consideró que los acusados "excedieron en su dimensión fáctica y jurídica, los límites del específico delito tributario en el que fueron encuadrados los hechos juzgados en la resolución impugnada". En ese contexto, el magistrado señaló que se trató de "una clara, compleja y sistemática maniobra defraudatoria en perjuicio de los intereses de carácter económico del fisco".
Asimismo, el juez sostuvo que debía confirmarse el monto de embargo dispuesto por el juez de primera instancia y revocarse la decisión dictada por la Cámara Federal que "lo había reducido considerablemente". Por su parte, Riggi señaló que "la extrema gravedad de las imputaciones formuladas" justifican la "restricción de la libertad personal" para asegurar las finalidades del proceso penal. Asimismo, en su voto el magistrado entendió que el monto del embargo asceinde a $ 17.000 millones.
Por último, la jueza Figueroa consideró en disidencia que "los recursos interpuestos resultan inadmisibles" consecuentemente la resolución recurrida "no es susceptible de ser equiparada a sentencia definitiva". Ante esta situación la magistrada sostuvo que "el encuadre legal puede ser ulteriormente modificado entre otros supuestos frente al avance de la investigación".
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