El Senado de la Nación aprobó ayer con cambios por 49 votos a favor, diez en contra y dos abstenciones, y giró a la Cámara de Diputados, un proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal e incorpora figuras penales como el arrepentido y los delitos de flagrancia y responsabilidad penal empresaria.
El proyecto fue apoyado por el interbloque de la alianza de derecha Cambiemos y por el interbloque Argentina Federal, y rechazado por casi todo el Frente para la Victoria y por el interbloque Progresistas, en tanto que el peronismo puntano se abstuvo.
La principal modificación realizada por los senadores durante la sesión fue la eliminación del artículo que recibió duras críticas de parte de ONGs y de la oposición referido al establecimiento de un sistema de vigilancia remota que permitiría intervenir teléfonos celulares, tablets o cualquier tipo de dispositivo electrónico.
La iniciativa actualiza el nuevo Código Procesal Penal sancionado durante el gobierno de la actual senadora de Unidad Ciudadana Cristina Fernández de Kirchner, quien sufrió una derrota en pleno recinto cuando planteó una moción para que el proyecto vuelva a comisión y perdió la votación por 44 votos contra 15.
En representación de Cambiemos, el senador por Córdoba Ernesto Martínez aseguró que "el oficialismo procuró mayores garantías para todo el mundo" y criticó "la negativa por la negativa misma" por parte de sectores como el kirchnerismo que votaron contra la propuesta.
El senador del PJ Rodolfo Urtubey, uno de los autores de la propuesta junto a Pedro Guastavino, cuestionó las críticas de Cristina al declarar que "da la sensación de que el tiempo se detuvo el 10 de diciembre de 2015" y agregó que "parecería que desde entonces nada de lo que se haga acá tiene validez".
También cuestionó la intervención de la ex presidenta el senador por Cambiemos Esteban Bullrich, quien dijo que "parece que acá algunos creen que vienen a dar cátedra durante 40 minutos", y le pidió, sin nombrarla, a la senadora bonaerense "hacerse cargo, porque este proyecto viene a arreglar los descalabros que dejaron en el sistema de servicios públicos, energético y el de inteligencia".
Previamente, Urtubey enumeró en el recinto los cambios introducidos a la iniciativa y especificó en ese sentido que se eliminan dos capítulos referidos a la vigilancia electrónica.
Este punto es el que mayor controversia había generado por parte de organizaciones no gubernamentales como el CELS, por lo que Pedro Guastavino, senador del PJ por Entre Ríos, informó que se retiraba ese tramo con la promesa de debatirlo "en un futuro cercano".
El artículo 7 del dictamen respecto a la prisión preventiva, que sustituía el artículo 17 del Código Procesal, también sufrió modificaciones.
"Se vuelve a la redacción original en la acreditación del peligro real de fuga u obstaculización de investigación", explicó sobre este punto que también había recibido cuestionamientos.
Respecto al artículo 16, precisó, sobre las funciones del Ministerio Público Fiscal "se vuelve a establecer la intervención de la Procuración de establecer la especialización de la investigacion mediante fiscalias temáticas".
En el caso del artículo 22 vinculado a la colaboración entre fiscales federales y provinciales se quitó la palabra "encomendar" para que quede claro que se trata de una coordinación y no de una subordinación de fiscales federales a los provinciales.
El artículo 25 sobre escuchas telefónicas se refería la penalización a quienes filtren mencionaba sólo a empleados y excluía a jueces y fiscales de la responsabilidad, por lo que "se vuelve a poner que la responsabilidad penal es también de funcionarios y magistrados".
El texto aprobado actualiza el código introduciendo en sus articulados figuras penales aprobadas en los últimos meses, como flagrancia, arrepentido y responsabilidad penal empresaria.
"Se trata de normas que introducen cuestiones procesales que no se compadecen con el nuevo Código Procesal Penal. Entonces, hubo que hacer una tarea de ensamble y había que acomodar el texto", explicó Urtubey.
Guastavino rechazó las críticas de la oposición respecto a que se trata de una ley que busca "perseguir opositores" y a una supuesta "capacidad estatal para invadir la privacidad al ratificar que se eliminará para dar un debate más amplio el articulado referido a las vigilancia remota".
Cristina deploró la propuesta aprobada por el peronismo y Cambiemos, y denunció que existe "un plan sistemático para apoderarse del Poder Judicial y tener un Poder Judicial diseñado a la carta".
"Se está construyendo un escudo judicial. Hay hechos muy puntuales", sostuvo y enumeró la designación de dos jueces en comisión en la Corte en el inicio de mandato de Mugrizio Macri Blanco Villegas y el traslado de escuchas judiciales de la Procuración General de Justicia a la Corte.
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