lunes, 27 de enero de 2020

Investigan a Carrió por utilizar datos de la AFIP contra sus opositores

La socia política de Macri Blanco Villegas habría utilizado información confidencial del ente recaudador en una causa contra el PJ de Santa Fe. Ante la Justicia dijo que le llegaron "notas anónimas".


El fiscal federal de Santa Fe, Walter Rodríguez, elevó una denuncia y le pidió al juez Rodolfo Canicoba Corral que investigue a la desquiciada diputada (renunciante) Elisa Carrió ante la posibilidad de que haya mentido ante la Justicia y recibiera datos secretos de la AFIP con objetivos de persecución política. Esto se desprende de la causa en la que trata si el PJ santafecino fue beneficiado por un plan de pagos para saldar una deuda en la que la propia enferma mental es testigo.

Según Rosario/12, comenzará una averiguación especial para determinar si la referente de Juntos por el Cambio le mintió a los magistrados en su condición de testigo en el marco de una acusación judicial en la que la Administración Federal de Ingresos Públicos provincial otorgó facilidades de pagos. Así, la controvertida líder de la Coalición Cínica pasará de denunciante a denunciada.

En 2016, a jueza en lo Penal Económico, María Verónica Straccia, le preguntó si sabía quiénes eran los contribuyentes que accedieron a aquellos programas. “No lo sé porque hay secreto fiscal. Hago esta declaración en mis prerrogativas como diputada nacional”, contestó. Adujo que fue informada por “notas anónimas”.

A raíz de esto, el fiscal Rodríguez puso en duda si paciente psiquiátrica ambulatoria dijo la verdad en su rol de testigo y de cómo consiguió los dados. El Ministerio Público remitió una copia del expediente al juez Canicoba Corral para que lo incorpore a la causa que investiga maniobras de espionaje ilegal desde oficinas del Estado contra dirigentes políticos y jueces.

La denuncia de la dirigente chaqueña señaló que más de 1.600 contribuyentes accedieron a planes de facilidades de pago de AFIP. El Partido Justicialista de Santa Fe cayó por supuesta apropiación indebida de aportes sociales a sus trabajadores por “montos superiores a 20 mil pesos” y no depositados a los 30 días del vencimiento.

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