Dos comercios que intentaron cobrar recargos y obligar a gastar los fondos totales en las compras con trajetas Alimentar -aprovechándose de la necesidad de los más vulnerables- fueron clausurados por los incumplimientos.
Mientras las tarjetas para combatir el hambre en la Argentina continúan repartiéndose por el país, dos comercios intentaron aprovecharse de la necesidad de los beneficiarios, pero fueron identificados y cerrados.
Se trata de dos supermercados ubicados en Almirante Brown y Concordia, Entre Ríos, quienes aplicaban recargos por el uso del plástico.
Según se indicó en un comunicado, la municipalidad de Almirante Brown, comandada por Mariano Cascallares, el comercio ubicado en las calles Vucetich y Lahille, de la localidad Ministro Rivadavia, fue clausurado por "aplicación de recargo en el uso de la tarjeta Alimentar".
El caso se pudo detectar a partir de "denuncias puntuales por intento de cobro de una comisión del 10 por ciento por el uso de la tarjeta y el intento de imposición de tener que gastar el total del monto de la tarjeta".
En ese marco, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, aclaró que "ningún comerciante debe cobrar recargo o comisión por la Tarjeta Alimentar", al tiempo que resaltó que "no vamos a tolerar abusos ni maniobras especulativas o irregulares".
"Esta es una política de Estado, que encabeza el presidente Alberto Fernández, para un país que tiene un problema de hambre y de malnutrición. No puede haber hambre en la Argentina", enfatizó el funcionario que tiene a su cargo la distribución de las tarjetas.
En esa línea, Cascallares señaló que es "muy importante" que los vecinos y vecinas "tengan precios de referencia confiables para cuidar la mesa de los argentinos".
Un caso similar se dio en la ciudad de Concordia, donde existe un programa de seguimiento y control realizado por la Municipalidad.
La tarjeta alimentaria es recibida por las madres y padres con hijas e hijos de hasta 6 años que al momento estén percibiendo la Asignación Universal por Hijo (AUH), embarazadas a partir de los 3 meses que actualmente perciben la asignación por embarazo, y personas con discapacidad que reciban la AUH.
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