El 22 de enero dejó de funcionar el sistema de gestión y desde el gremio de judiciales advierten que no se puede realizar ningún tipo de trámite.
Tanto la Justicia nacional como la federal están en un estado de virtual parálisis desde hace una semana porque colapsó el sistema informático Lex 100. Esta situación afecta a defensorías y fiscalías de todo el país y no se puede hacer ningún tipo de trámite ya que toda gestión debe ser canalizada a través del software que dejó de funcionar el pasado 22 de enero. El desperfecto genera graves inconvenientes ya que la mayoría de las notificaciones, resoluciones y sentencias se hacen en el marco del sistema caído.
El titular de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), Julio Piumato, afirmó que “el Poder Judicial está paralizado en todo tipo de trámites. No entran expedientes nuevos, no se hacen sorteos de causas, no salen autorizaciones de menores en temas urgentes en materia de familia, ni excarcelaciones. Todos los trámites de la Justicia tienen que pasar por el sistema de gestión informática, al no funcionar éste es como si la Justicia hubiera puesto un candado y cerrado hasta nuevo aviso” y agregó que “los empleados cumplen sus horarios pero desgraciadamente no pueden hacer nada".
El sindicato de judiciales presentó una nota ante el Presidente del Consejo de la Magistratura, Ricardo Recondo, solicitando que se adopten medidas urgentes a fin de dar una solución al apagón informático.
En el escrito se alerta que la situación es de extrema gravedad, no solo porque la Argentina se encuentra virtualmente imposibilitada de impartir justicia normalmente, sino que también, porque gran parte de la actividad de los juzgados de turno se ve postergada hasta que se restablezca el servicio, “algo que cada día parece más lejano”. La UEJN advirtió además que el trabajo se tornó sumamente dificultoso por las permanentes fallas del sistema y cuando se incorporó el sistema de gestión Lex 100 para la Justicia electoral, la situación empeoró.
Pese a la salida de servicio del sistema de gestión judicial, magistrados y empleados continúan trabajando y atendiendo los asuntos de feria. En algunos juzgados los sorteos se están realizando con bolilleros convencionales y las notificaciones se confeccionan en papel ante la imposibilidad de hacerlo en forma electrónica.
A raíz de esta situación, la Cámara Federal de Casación Penal dictó una acordada el pasado 24 de enero en la que se indica que “en atención a la correcta administración de justicia y a la naturaleza de las cuestiones sustanciadas durante la feria judicial, corresponde proseguir la tramitación de las causas dejándose constancia en soporte digital de lo actuado”. De acuerdo con la resolución, una vez restablecido el funcionamiento del software se procederá a la carga de las actuaciones. Asimismo, el máximo tribunal penal del país le solicitó al Consejo de la Magistratura que adopte las medidas conducentes para “la más pronta resolución de la operatividad del Sistema de Gestión Judicial Lex 100".
Esta es no es la primera vez que deja de funcionar el sistema de gestión informática. El 31 de mayo de 2018 la actividad del Poder Judicial de la Nación quedó paralizada en todo el país como consecuencia de un apagón informático producido por una falla en el data center que depende del Consejo de la Magistratura.
En esa oportunidad, el desperfecto paralizó los juzgados, las Cámaras y los tribunales nacionales y federales de todo el país. El sistema Lex-100 que se utiliza en todas las dependencias judiciales nacionales dejó de funcionar impidiendo realizar cualquier tipo de movimiento en las causas. Fue imposible dictar resoluciones, notificar y cargar escritos. Tampoco los abogados pudieron acceder al sistema para controlar los expedientes en los que actúan o subir escritos.
El problema generado en el equipamiento de red fue reparado provisoriamente en esa ocasión a la espera de un repuesto cuyo precio había sido presupuestado en una cifra cercana a los 300.000 dólares.
La gestión y mantenimiento del hardware, el almacenamiento y la conectividad del data center está en manos del Consejo de la Magistratura y desde hace años no se ha invertido un solo peso en el sistema. Esta situación fue denunciada en varias oportunidades por el gremio de los empleados judiciales y por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
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