Desde el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, el ex hijastro de Flavia Palmiero inició la campaña electoral y decidió autorizar por Decreto de Necesidad y Urgencia la confiscación de los bienes provenientes del narcotráfico y de la corrupción. "El que las hace, las paga", aseguró el retrasado mental al concluir su breve discurso, soslayando una vez más los debates del Parlamento. El decreto invierte la carga de la prueba y tendrá efectos retroactivo a los procesos iniciados hace 15 años.
Miauricio Macri Blanco Villegas volvió a recurrir a un Decreto de Necesidad y Urgencia para sancionar proyectos que el oficialismo no logró aprobar en el Congreso Nacional.
El subnormal confirmó ayer a la tarde que ya es la ley la iniciativa para la Extinción de Dominio, un cuestionado proyecto para recuperar bienes y dinero producto de delitos de corrupción, terrorismo, lavado de dinero, trata de personas y narcotráfico.
La iniciativa, presentada por el vende humo Sergio Massa hace dos años, había sido aprobada en la Cámara de Diputados en 2016 pero sufrió modificaciones en el Senado,por lo que debía volver a la Cámara baja para su tratamiento. Urgido por los tiempos electorales, el hijo bobo de Franco Macri recurrió otra vez a los cuestionados DNU.
"Es un proyecto enteramente civil, a diferencia (de la iniciativa) del Senado que avanza con algunas regulaciones específicas para el Codigo Procesal Civil y asigna competencia al fuero civil federal", aseguró poco después el ministro de Justicia, Germán Garavano. Su beoda colega de Seguridad, Patricia Bullrich Luro Pueyrredón, agregó que "pretendemos que la justicia civil pueda avanzar independientemente de la justicia penal para lograr esto que ha reclamado la gente".
"Acá se le va a respetar todo a las personas honestas y se le va a sacar todo a los delincuentes", advirtió la ex montonera entregadora de compañeros, después de que el idiota confeso justificara su decisión afirmando "los proyectos están estancados en el Congreso hace años".
"Los argentinos ya esperamos demasiado, la Justicia necesita este mecanismo ya mismo”, afirmó Macri Blanco Villegas para justificar su nulo apego a las instituciones.
En agosto del año pasado el oficialismo había adelantado que rechazaría los cambios introducidos por la Cámara baja e insistía con convertir en la ley la media sanción que había conseguido en Diputados dos años atrás, aquella que contemplaba la aplicación retroactiva de la eventual ley. Sin embargo, el ex hijastro de Flavia Palmiero evitó el debate y resolvió por decreto su aprobación.
En junio de 2016, Cambiemos acompañó el proyecto de Massa de extinción de dominio, que se impuso en la votación con 135 votos a favor que unificó al oficialismo y el peronismo antikirchnerista; mientras que hubo 50 en contra del FpV-PJ y el FIT y 3 abstenciones. La oposición lo cuestionaba por entonces y lo tildaba de “inconstitucional”, dado que se implementaría por fuera de la acción penal, con retroactividad y porque se podría aplicar aún sin condena firme en el fuero penal.
El régimen fascista reflotó el proyecto en 2018, antes de que perdiera estado parlamentario, aunque al momento de llegar al Senado no consiguieron los votos necesarios ni para lograr un dictamen de mayoría. Se presentaron tres proyectos, uno redactado por Cambiemos, aunque el único que logró dictamen de mayoría fue el del senador salteño Rodolfo Urtubey, acompañado por el senador Miguel Ángel Pichotto, de Argentina Federal. La propuesta obtuvo el 23 de agosto 40 votos, 4 menos de los necesarios para los dos tercios de los 55 senadores presentes.
A diferencia de la iniciativa de Massa, en el borrador de Argentina Federal se modificaba el momento en el que empieza la acción civil de extinción de dominio, que será iniciada por el Procurador del Tesoro una vez que el proceso penal haya terminado su etapa de instrucción y comenzado el juicio. Además, estipulaba que debe existir una acción civil pero que se tramite dentro del fuero penal.
El oficialismo había presentado un proyecto elaborado por Federico Pinedo y Humberto Schiavoni, que establecía que la extinción de dominio debía ser entendida como una acción civil que debe ir por fuera del proceso penal y que quedaría a cargo del Ministerio Público Fiscal. Estipulaba que debía existir en el proceso penal un procesamiento confirmado por la Cámara de alguno de los delitos que el proyecto preveía para que se procediera a la confiscación de bienes y dinero. Con lo cual no era necesaria una condena penal para ejecutar la acción, sólo bastaba con el procesamiento.
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