El líder del grupo EMEPA, Gabriel Romero, declaró que pagó U$S 600.000 para que por decreto le extendieran una concesión. El fiscal oficialista Gerardo Pollicita prepara el pedido de indagatoria a la ex presidenta.
Siguen los coletazos judiciales para la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner como consecuencia de las relevaciones en el marco de la causa por las supuestas coimas en la obra pública, destapadas por las fotocopias de los supuestos cuadernos del ex chofer escribiente Oscar Centeno, que luego fue reforzada por las confesiones de empresarios y ex funcionarios.
El jueves, el líder del grupo EMEPA, Gabriel Romero, se convirtió en nuevo empresario "arrepentido" en la causa de los cuadernos, tras declarar ante la Justicia que pagó sobornos al gobierno de Cristina de Kirchner para que le extendiera por decreto presidencial la concesión del cobro de peajes de la Hidrovía del Río Paraná.
A raíz de esa declaración, ahora el fiscal macrifascista Gerardo Pollicita pedirá la indagatoria de la ex mandataria en el marco de esa causa que no había tenido avances hasta ahora.
Romero había declarado ya ante el fiscal Carlos Stornelli, aunque antes de ayer firmó en los Tribunales de Comodoro Py el acuerdo como imputado colaborador con el juez clarinista Claudio Bonadio luego de una ampliación de su indagatoria.
Puntualmente, Romero declaró que pagó sobornos por U$S 600.000 para que le extendieran la concesión de peaje de la Hidrovía del Río Paraná al grupo EMEPA, a partir de la firma de decretos presidenciales de Cristina Fernández de Kirchner.
Uno de los decretos fue en 2010 y permitió la renegociación de las condiciones de explotación de la Hidrovía, esto es ampliar la traza de la vía navegable más importante de la región, explicó ante la Justicia, indicaron las fuentes consultadas.
A raíz de la declaración de Romero, convertido ya en imputado colaborador en la causa, recuperó la libertad Rodolfo Poblete, quien fuera director de Relaciones Institucionales de la compañía y se había negado a declarar al inicio de la ronda de indagatorias, por lo que estaba detenido desde hacía 15 días.
Otro de los imputados que amplió su declaración indagatoria este jueves fue Martín Larraburu, secretario del ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina y quien solicitó su excarcelación. De acuerdo a los supuestos cuadernos del ex chofer Oscar Centeno, el 5 de septiembre de 2013 Larraburu habría recibido dinero de manos del empresario arrepentido Juan Carlos de Goycochea -ex directivo de la española Isolux- y luego se lo habría entregado a su jefe.
Por su parte, De Goycoechea, otro de los arrepentidos que estuvo detenido, también amplió su indagatoria ante el juez Bonadio. Él fue el primer arrepentido de la docena de empresarios que luego siguieron su camino y dijo haber hecho aportes para la campaña electoral de la ex jefa de Estado.
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