Por Adriana Meyer para Página/12
La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia decidió tomarse todo el plazo que le otorga la ley para resolver si destruye o no las escuchas ilegales realizadas a la familia y al entorno de Santiago Maldonado, pero al mismo tiempo advirtió que durante ese lapso quienes las difundan estarán cometiendo un delito de acción pública.
Las escuchas fueron ordenadas a pedido de la recusada fiscal Silvina Ávila por el ex juez del caso Maldonado, Guido Otranto, entre el 5 y el 22 de septiembre, lapso durante el cual fueron interceptados los teléfonos de Sergio Maldonado, la mapuche Claudina Pilquiman, el amigo de Santiago Ariel Garzí y una integrante de la red de apoyo a comunidades originarias de El Bolsón, con la justificación de la urgencia de encontrar al tatuador anarquista que, por entonces, estaba desaparecido.
Sin embargo, hace un mes el actual juez de la causa Gustavo Lleral declaró que las escuchas ilegales e inconstitucionales porque avanzaban sobre el derecho a la intimidad de las víctimas del caso.
La abogada de la familia, Verónica Heredia, subrayó que "en casos complejos" el Poder Judicia
l puede tomarse cinco días para resolver una cuestión de esta naturaleza pero destacó que, al mismo tiempo, "para que no se sigan divulgando las escuchas manda a la fiscalía a investigar y, obviamente, no lo puede hacer Ávila porque nosotros denunciamos que en la cadena de custodia ella era una de las responsables de que no se divulgaran”. Mientras tanto, Sergio Maldonado denunció que fue amenazado de muerte.
Cabe recordar que la cadena de custodia comienza con quien hace la captación de las comunicaciones telefónicas, organismo que depende de la Corte Suprema. “Ayer (por el martes) denunciamos que las escuchas se seguían divulgando, y que la responsabilidad, en primer lugar, era de quienes hicieron la captación, luego del juez Otranto, a quien se las remitieron, que a su vez las envió a la fiscal Ávila y, por último, del actual juez de la causa, Lleral; en alguno de esos cuatro despachos se rompió la cadena de custodia; por eso la Cámara dice que hay que investigar en qué momento sucedió”, explicó Heredia.
La deducción que hace la abogada de la familia Maldonado es que si los periodistas que divulgaron partes de las conversaciones hacen mención al “tono” de las mismas es porque quienes escribieron escucharon las grabaciones, no solo las transcripciones, y por lo tanto, alguna de las cuatro personas a cargo del material fue la responsable de haber violado la reserva del mismo. “Ese es el posible delito de acción pública que la Cámara advierte que es probable que se haya cometido y hay que investigar”, destacó Heredia.
Por su parte, Sergio Maldonado le dijo a los jueces de la Cámara que había recibido amenazas de muerte, y que los responsabilizaba de su integridad. “Incluso si le pasa algo a alguna de las personas que nos acompaña en nuestra búsqueda de justicia, porque estamos en este punto por culpa de la justicia, porque si hubiera actuado bien el año pasado y hubiera desplazado a Otranto, no hubieran sucedido todos los ataques que padecimos”. El hermano mayor de Santiago, quien durante la audiencia portó un pañuelo verde, también le dijo a los camaristas que considera que la justicia es machista porque en casi todos los tribunales la pirámide tiene tres cabezas de hombres.
“Venimos diciendo que no confiamos en nadie, cómo vamos a confiar si el médico que estuvo en la morgue es el que filtró la foto de mi hermano, y el juez, la fiscal y su secretaria en lugar de buscarlo nos escuchaban a nosotros; otro juez que en lugar de sancionar a Otranto lo apartó sólo por prejuzgamiento; Leal de Ibarra está en el sector de las escuchas junto con Irurzún, el mismo que me tomó declaración en Buenos Aires en la causa de espionaje donde estamos con Matías Aufieri y Myriam Bregman, y en ese mismo juzgado es donde querían mandar la denuncia a Otranto, que hasta ese momento no sabíamos que nos estaba escuchando de manera ilegal”, dijo Sergio.
“Miren cómo son las cosas, si no nos hubiéramos opuesto a que esa causa fuera a Esquel hubiese quedado todo en la nada, porque Otranto la hubiera cerrado, ni nos hubiéramos enterado que teníamos los teléfonos pinchados, es decir nadie actuó como debía”, agregó.
Avila y Otranto impulsan tres causas contra los testigos mapuches y los abogados peticionantes ante la CIDH, a quienes acusan ahora también de complicidad con el hermano de Maldonado, por haber sembrado pistas y testigos falsos para inculpar a la Gendarmería. Y en esos expedientes usaron como prueba parte de las escuchas declaradas nulas por Lleral. Por eso la fiscal Avila apeló la decisión de destruirlas.
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