El Observatorio de la Riqueza "Padre Arrupe" presentó un extenso escrito ante la Corte Suprema para impedir la fusión entre Cablevisión y Telecom.
Según el documento de 172 carillas, la entidad presentó un "recurso extraordinario" contra la Resolución que autorizó la creación del gigante de las telecomunicaciones, donde solicitan un "demanda declarativa de inconstitucionalidad" de la normativa, la "nulidad absoluta insanable y manifiesta" del acto administrativo, la suspensión de fusión y una convocatoria a audiencia pública para escuchar a los abonados, especialistas y ciudadanos, presumiblemente perjudicados por la decisión del régimen macrifascista.
La presentación lleva la firma de Guillermo Robledo, coordinador del Observatorio y dirigente social alineado al Laudatismo Sí, que pregona el Papa Francisco desde El Vaticano; el ex juez federal Carlos Rozanski, y Eduardo Murúa, presidente del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER) y miembro de la CTEP. El patrocinio es del abogado Gabriel Coria.
"Venimos a interponer en tiempo y forma recurso extraordinario por salto de instancia contra la Resolución 5644-E/2017 de ENACOM que autoriza la fusión de Telecom S.A y Cablevisión S.A C.V., en contexto de vacío regulatorio del Estado sin precedentes", alertaron los denunciantes y agregaron que "la Resolución 5644 da origen a un monopolio comunicacional sin antecedentes en la historia argentina con alcance al 85% de la población argentina, generando hechos que violan leyes nacionales y derechos esenciales de la Constitución".
Aunque todavía falta que se expida la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, el primero de enero pasado Cablevisión indicó a la Bolsa de Comercio que tras haber tenido efecto la fusión, "la sociedad se ha disuelto sin liquidación", y se procedió al traspaso de las operaciones y actividades a Telecom Argentina. Por su parte, Telecom anunció la emisión de 1184 millones de acciones, de las cuales 342 millones Clase A son para Fintech Media, del empresario David Martínez; 406 millones Clase D para Cablevisión Holding (CVH) de los accionistas controlantes del Grupo Clarín y 434 millones Clase D para VLG Argentina, perteneciente a CVH.
CVH comunicó que pasó a ser el accionista controlante de la empresa fusionada. Como nuevo presidente de Telecom fue designado Alejandro Urricelqui, que hasta ahora se desempeñaba como director de finanzas del Grupo Clarín, mientras la vicepresidencia la ocupará Mariano Ibáñez que hasta el momento ejercía la presidencia de la empresa telefónica y provenía de Cablevisión.
Robledo, Rozanski y Murúa reprochan que el régimen fascista de Mugrizio Macri Blanco Villegas concedió la autorización a través de un "ente sin rango Ministerial" y en tiempo récord, y que las empresas ya operan en conjunto desde la feria judicial pasada, por lo que existe un "hecho consumado" ilegal, que viola el orden constitucional y provoca una "grave lesión" a los intereses de la Nación y a todos los ciudadanos.
"La consecuencia buscada es la nulidad de la Resolución 5644/E 2017 y la suspensión de todo proceso de fusión que amerite la conformación de un poder monopólico de comunicación sin un marco regulatorio que garantice los derechos Constitucionales y la Doctrina de la Corte", sostuvieron en el escrito.
Los denunciantes explicaron que actúan según lo estipulado en el artículo 43 de la Constitución, que refiere a la protección de los "intereses colectivos" de los ciudadanos y remarcó la falta de respuestas a tres presentaciones ante la Comisión de Defensa de la Competencia por la gravedad de la fusión. "No han sido respondidas superándose todos los plazos, en tanto los hechos consumados siguen produciéndose", alertaron.
El dossier incluye citas a normativas internacionales, estudios académicos sobre la concentración mediática, referencias a escritos de Damián Loreti y Martín Becerra, una asociación entre paraísos fiscales y dueños de medios, una declaración del Papa Francisco y hasta un capítulo sobre "la corrupción lingüística en el gobierno de Macri".
Desde la entidad denunciante explicaron que actúan según lo estipulado en el artículo 43 de la Constitución, que refiere a la protección de los "intereses colectivos" de los ciudadanos y remarcaron la falta de respuestas a tres medidas presentadas ante la Comisión de Defensa de la Competencia. "No han sido respondidas superándose todos los plazos, en tanto los hechos consumados siguen produciéndose", alertaron.
Según los peticionantes, si la fusión entre la empresa del Grupo Clarín y Telcom "el país quedará en condiciones de absoluta debilidad frente a fuerzas internacionales en curso".
En concreto, le piden a la Cortes que dicte una sentencia que declare la "nulidad absoluta, insanable y manifiesta" de la Resolución 5644 y se convoque a una nueva audiencia pública para abrir una debate internacional sobre la conveniencia de la fusión para el país y la región, donde participen enviados de la ONU, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y hasta el Sumo Pontífice.
"La suspensión de la Resolución y la fusión en curso debería estar acompañada con un debate en audiencias públicas, con proyección y tiempos universales que ayude a una apertura de debate en las Naciones Unidas", propusieron y hasta ofrecieron al primer disertante. "(La audiencia) podría ser inaugurada por nuestro Papa Francisco en una visita exclusiva a la Corte Suprema, junto a la Conferencia Episcopal Argentina y Latinoamericana (CELAM)", plantearon.
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