La muerte de Emanuel Garay, de 18 años, tras seis días de internación en terapia intensiva, fue provocada por la deshidratación aguda grave, la insuficiencia renal, lo que derivó en una falla multiorgánica. El domingo inhumaron sus restos.
La autopsia al cadáver del cadete Emanuel Garay, fallecido el sábado tras permanecer seis días internado luego de un entrenamiento extremo para ingresar a la Escuela de Policía de La Rioja, determinó que la causa de muerte fue un cuadro de “deshidratación aguda grave e insuficiencia renal” que le provocó una “falla multiorgánica”, informaron fuentes judiciales.
La necropsia fue realizada por los médicos forenses José Luis Díaz Brizuela y Aníbal Magno y otros tres peritos, uno de la Policía Judicial; Marcelo Cáceres por la querella, y Paola Herazu por la defensa. Los facultativos indicaron que “los resultados de los estudios patológicos demorarán unos días más”.
Tras la autopsia, los restos del cadete Garay fueron trasladados ayer a la localidad de Portezuelo, unos 173 kilómetros al sur de la capital de La Rioja, en el Departamento General Juan Facundo Quiroga, donde fueron inhumados.
El fiscal general de La Rioja, Hugo Montivero informó que a partir de una serie de denuncias recibidas el domingo, identificaron a un grupo de cinco cadetes de grados superiores, de segundo y tercer año, que son investigados por su presunta participación en los hechos ocurridos el lunes pasado en la Escuela de Policía.
Según detalló el funcionario a la prensa, estos cadetes “colaboraron y participaron de algunas de las maniobras” investigadas pero quienes estaban a cargo de la instrucción física son los ocho imputados ya detenidos.
Respecto a lo ocurrido con las víctimas, el fiscal general consideró que “en una situación adversa”, debido a “las altas temperaturas”, hubo una “desproporcionada exigencia física” y que a las víctimas “se les negó líquido” para hidratarse. “En el cuerpo a tierra debieron cubrir sus manos con su propia ropa porque no toleraban el calor del piso”, describió.
Sobre el estado de salud de los otros 11 cadetes, el fiscal dijo que “tres o cuatro” ya fueron dados de alta y que el resto se encuentra en “franca mejoría”.
En cuanto a si existen antecedentes de casos como éste, el funcionario respondió que “hubo denuncias pero no de estas características” y que se refirieron a “lesiones, descomposturas pero sin complicaciones graves a la salud. Es la primera vez”.
En tanto, el obispo diocesano de la provincia, Marcelo Colombo, difundió un comunicado de prensa en el que afirmó que “acompaña a la familia y al pueblo riojano” ante la consternación que generó lo sucedido.
“Como miembros de la Iglesia en La Rioja queremos expresar nuestra cercanía y solidaridad con la familia del cadete Emanuel Garay en este momento doloroso de su muerte prematura. El valor de la vida, de cada vida, de todas las vidas, nos llama a luchar sin descanso por ellas. Ningún mecanismo institucional puede arriesgar el mayor don que nos ha sido dado”, expresó el obispo.
“Creemos que el amor, la justicia y la paz son prioritarios en una sociedad que debe evitar subordinarlos a toda forma de violencia y errónea comprensión de la seguridad”, agregó.
El comunicado señaló que “cuidar la vida de nuestros jóvenes, procurar con todas nuestras energías que puedan cumplir sus sueños, es nuestro deseo y deber de adultos”.
Antes de ayer, tras la muerte de Garay, el juez Mario Martínez ordenó detener a cuatro comisarios y otros tantos instructores vinculados a dicho establecimiento en el marco de una causa que pasó de caratularse “lesiones gravísimas” a “homicidio doloso”.
El fiscal Montivero explicó que los detenidos son el subdirector general del Instituto de Seguridad, comisario mayor Dardo Nicolás Gordillo; el director de la Escuela de Cadetes, comisario inspector Ramón Alberto Leguiza; el jefe del Cuerpo de Personal Masculino, comisario Jorge Marcelo Leguiza, y la jefa del Cuerpo de Personal Femenino, comisaria Adriana Mabel Rodríguez.
Los instructores apresados son la oficial inspector Nadia Soledad Bravo; los oficiales subinspectores Elio Gonzalo Marcial e Ivana Karina Luna, y el oficial ayudante Marcos Antonio Miranday.
El gobernador Sergio Casas anunció la remoción del secretario de Seguridad de la provincia, Luis Angulo, y del jefe de Policía, Luis Páez, y aseguró que hará “hasta lo imposible para llegar a fondo con los responsables” de la muerte del cadete Garay.
En paralelo a estos anuncios, a solo una cuadra de la residencia oficial se realizó una marcha convocada por las redes sociales frente a la Escuela de Policía, donde se quemaron gomas y se pidió justicia por el cadete muerto.
El abogado de la familia Garay, José Azcurra, afirmó que el Estado provincial “es el principal responsable” de lo ocurrido y que “tendrá que responder por esto”.
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