Lo hizo la jueza Elena Liberatori, por lo cual María Soledad Acuña deberá acompañar en los expedientes las pautas nuevas, las que sólo son conocidas por la trascedencia en los medios y no oficialmente.
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| La jueza Elena Liberatori y la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña |
La jueza Elena Liberatori intimó a la Ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, María Soledad Acuña, a que en el plazo de un día, acompañe el protocolo "antitomas".
Lo hizo a pedido de la Asesora Tutelar Mabel López Oliva, quien representa a los alumnos, y del Defensor Oficial, Ramiro Dos Santos Freire.
"En atención a lo solicitado por los actores (ver fs. 430/431 y 432), líbrese el oficio requerido por Secretaría, a la Ministra de Educación de la CABA – Licenciada Soledad Acuña- y a la Procuración de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de requerirle acompañe en el plazo de un (1) día el protocolo o pautas de acción elaboradas para el caso de la toma de escuelas y el acto administrativo que las dispone", señala el documento.
El Asesor Tutelar ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Gustavo Daniel Moreno, frente a los anuncios del Ministerio de Educación porteño, en distintos medios de comunicación, acerca de la implementación de un protocolo destinado a las ocupaciones pacíficas de los establecimientos educativos secundarios, por parte los estudiantes, señaló que "entiendo prudente manifestar que cualquier propuesta de protocolo por parte del Poder Ejecutivo local deberá ser presentada ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 4 (a cargo de la señora Jueza Elena Liberatori) Secretaría N° 7, donde tramitan los autos "Asesoría Tutelar CAYT N° 1 contra GCBA y Otros sobre amparo".
Los expedientes judiciales se realizaron en representación de los alumnos y un grupo de padres patrocinados por el defensor oficial Ramiro Dos Santos Freite.
Alumnos y padres cuestionaron el instructivo que criminalizó la protesta estudiantil durante el año 2017, habiendo solicitado como pretensión de fondo la sanción de un protocolo que asegure el derecho a ser oído de los estudiantes de manera colectiva, con estándares mínimos de seguridad y de no criminalización, y con respeto al derecho a la educación de los estudiantes.
"Celebro que al menos la Ministra de Educación no insista con calificar a las ocupaciones pacíficas de los establecimientos escolares como delito (ej. usurpación), frente a la evidente inexistencia delito reflejada en la falta de prosecución de las denuncias formuladas en el mes de setiembre próximo pasado por parte los fiscales penales de la Ciudad", aseguró Moreno.
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