El Ministerio de Educación rionegrino recortó el transporte escolar para los chicos de las escuelas rurales. En el caso de la escuela 103, la medida afectó a todo el alumnado. La directora de la institución y los padres denunciaron ser víctimas de una persecución por ser una comunidad activa en defensa de los recursos naturales contra los negocios inmobiliarios, como el de Lewis.
El miércoles pasado arrancó el ciclo lectivo en Río Negro, pero no todo los chicos pudieron llegar al primer día de clases. El Ministerio de Educación provincial recortó el transporte escolar gratuito con el que cientos de alumnos llegaban hasta las escuelas rurales. En la escuela 103, de la localidad Mallin Ahogado en El Bolsón, la medida afectó a unos 240 niños. Los padres reclaman que el Ministerio incumple una medida cautelar que ordena la continuidad del transporte escolar pero las autoridades, en cambio, adjudican el recorte a la falta de un formulario.
“Feliz ciclo lectivo 2018 para quienes habitan cada una de las escuelas", fue el mensaje de la ministra de Educación de la provincia, Mónica Silva, en la apertura del nuevo año lectivo. Para las familias, en cambio, el primer día fue un problema: el transporte escolar que buscaba a los niños que viven lejos, en las zonas rurales, nunca llegó. En algunos casos, donde antes había una combi, el Ministerio envió un remís para trasladar a cuatro o cinco chicos únicamente.
Una de las escuelas más afectadas por el recorte fue la 103, de Mallin Ahogado, donde la mayor parte de los alumnos vive en el sector de la Costa Azul. “Sin transporte no hay clases. Todos los chicos vienen con el transporte, no hay ninguna razón para sacar el micro que no sea un ajuste económico. Quieren vaciar las escuelas rurales, no lo podemos permitir”, dijo la directora de la escuela, María Inés Martín, sobre el recorte del transporte escolar.
El primer día de clases, frente al ausentismo forzado, la directora y la vicedirectora de la escuela y un grupo de padres fueron hasta el Consejo Escolar para hacer el reclamo. “Se está coartando el derecho a asistir a la escuela de todos los chicos y chicas”, se quejó la directora frente a la funcionaria municipal encargada de coordinar el transporte, Patricia Campos. “El derecho a la educación como al transporte escolar es un derecho adquirido sobre el que se está retrocediendo. Hoy los chicos no están yendo a la escuela porque falta un papel”, sumó su crítica una mamá.
Campos evadió la responsabilidad y respondió que la falta de transporte se debió a “un error” de una supervisora que no envío la debida documentación antes de la fecha indicada, en diciembre. También culpó a los padres por no entregar el Anexo II, un formulario para solicitar el transporte, que indaga sobre los ingresos de la familia.
“A Educación se le pidió no innovar”, afirmó la funcionaria aceptando la vigencia de la medida cautelar dictada por la jueza Erika Fontela, titular del Juzgado N° 11 de El Bolsón. Sin embargó, aclaró que sólo se garantizará el transporte a los chicos que cuenten con el formulario completo y sólo cinco familias realizaron el trámite en plazo fijado. ¿Y a alguien le importa qué pasó con el resto de los niños que no llevaron la documentación? Hoy empezaron las clases, no hay transporte y nadie está haciendo nada para que los chicos vayan a la escuela”, lanzó la madre, que la única respuesta que obtuvo de la funcionaria fue: “Si estamos desobedeciendo la medida de la Justicia, bueno, me haré responsable”.
Para la directora, sin embargo, la medida del Ministerio responde a una especie de persecución solapada contra la comunidad académica de la escuela 103, que es muy activa en defensa de los recursos naturales de El Bolsón contra los grandes emprendimientos privados como los de Joe Lewis. En la escuela funcionan, por ejemplo, las asambleas por la Tierra y el Agua y un centro de jubilados.
“El año pasado nos quedamos sin maestro de orientación agropecuaria, en un lugar donde funcionan proyectos agropecuarios, donde hay emprendimientos familiares que plantean proyectos alternativos a los grandes loteos. Pero el Gobierno no tiene ninguna política para la educación rural, solo quieren despejar las zonas rurales”, remarcó la directora. Ayer a la mañana las familias decidieron que no enviarán a los chicos a la escuela hasta que no se restablezca el transporte escolar. “Si no pueden venir todos los chicos, no va venir ninguno. Eso quedó claro entre todos los padres”, finalizó Martín.
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