Eva Sacco, economista e investigadora del centro CEPA, revela las principales inconsistencias en las mediciones del Índice de Precios y los indicadores que surgen de la Encuesta Permanente de Hogares.
La manipulación de las estadísticas públicas no es una estrategia original del régimen macrifascista. Como antecedente histórico puede citarse la tardanza en la divulgación del índice de desempleo en coincidencia con la reelección presidencial del turco innombrable. De hecho, el mal manejo que el gobierno anterior hizo respecto de los índices inflacionarios durante una parte del período se transformó, paradójicamente, en una piedra fundamental para la construcción del relato macrifascista.
La gestión de la alianza de derecha Cambiemos complementa dos estrategias. Por un lado la aplicación muy flexible de la metodología estadística con la finalidad de obtener indicadores que resulten favorables.
Por otro, el recurso constante de sobreactuar la herencia estadística recibida en el discurso de funcionarios y medios de comunicación afines, contraponiendo el aparente saneamiento actual.
El presente artículo es una revisión de algunas de las principales inconsistencias en las mediciones del Índice de Precios y los indicadores que surgen de la Encuesta Permanente de hogares que hemos encontrado y documentado desde el Observatorio de Precios, Pobreza y Vulnerabilidad del CEPA.
Índice de Precios: incomparabilidad y ponderadores no representativos
La estrategia respecto del Índice de precios se sustentó en dos ejes centrales.
Por un lado, la imposibilidad de sostener una serie uniforme que permita la comparabilidad de la información. En los últimos 10 años hubo 5 cambios de metodología, de los cuales 3 se realizaron en los primeros dos años de la administración de Jorge Todesca y se prevé un nuevo cambio para 2019.
Por otro, ya que un índice de precios mide la evolución del costo de una canasta representativa de consumo, la subestimación del peso de los servicios sobre tal canasta desnaturaliza la función del indicador.
En 2007 se comienza a publicar el índice de precios basado en la encuesta de gastos 2004-2005. En 2014, en la gestión de Kicillof y en acuerdo con el FMI, se comienza a publicar un nuevo IPC (IPC-Nacional Urbano o IPC-Nu) basado en la nueva encuesta de gastos de 2012-2013 (la última vigente hasta hoy). Desde diciembre de 2015, se decretó la “emergencia estadística” y se dejó de publicar el IPC-Un y los índices oficiales pasaron a ser el IPC-CABA y el IPC-San Luis.
Ya en abril de 2016, se publica un nuevo índice de precios y se descarta utilizar la encuesta de gastos de 2012-2013. La decisión fue insólita: volver a utilizar la encuesta de gastos del año 2005. Paralelamente, se implementó un feroz ajuste de tarifas, pero como en la estructura de consumos del año 2005 el gasto de gas y electricidad tenía un peso despreciable, el impacto sobre el IPC resultó realmente escaso (sólo 8% del gasto está destinado a vivienda y tarifas). El efecto de los subsidios en los servicios fue incrementando su peso relativo, por lo que esa misma cuestión invalida, aún más, la utilización de la encuesta de gasto de 2012/2013 (en servicios, no así en alimentos).
En definitiva, mediante la emergencia estadística y el artilugio de recuperar una estructura de gastos anacrónica, el INDEC obvió medir los saltos de precios más grandes del macrifascismo: la devaluación y quita de retenciones de principios de 2016, que generaron una importante suba de precios de alimentos y, por otro lado, los tarifazos de gas, luz y agua (a los que hoy se suma el transporte).
Finalmente, en junio de 2017 se establece un nuevo índice oficial de cobertura nacional y continúa usando la vieja encuesta de 2005. Aunque esta nueva medición amplía la cobertura (anteriormente se limitaba sólo al área de CABA y AMBA (GBA), el INDEC continúa publicando el IPC GBA, además de otros IPC regionales. Sin embargo, un análisis profundo de la estructura del IPC GBA y del IPC anterior muestra que las canastas en la misma área geográfica tampoco son equivalentes, lo cual no solo se presta a confusión, sino que afecta la comparabilidad.
Los ponderadores actuales del gasto resultan muy poco realistas. El rubro vivienda y servicios básicos (que incluye el alquiler, las expensas y las tarifas de gas, electricidad y agua) representan 10.5% del gasto para el área GBA. Si bien representa un promedio de toda la economía, y no la particularidad de un hogar es fácil ver que está muy alejado de la realidad de la amplia mayoría.
Pobreza e indicadores socioeconómicos
El Investigador del CEPA y profesor universitario, Andrés Pizarro, en un artículo académico publicado en la revista científica Cartografías del Surque tituló “Análisis crítico de la medición de la pobreza en la Argentina: cambios en la metodología oficial del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo”, realizó un análisis detallado de las inconsistencias en la medición de la pobreza actuales. El autor destaca el hecho de que previo a 2016 no existieran sospechas en relación con los indicadores surgidos de la Encuesta Permanente de hogares (a partir de la cual surge entre otras la pobreza), sino que las dudas se concentraban en torno a la inflación. A pesar de esto, la Emergencia Estadística también afectó la publicación y difusión de la totalidad de los indicadores que se comenzaron a normalizar recién a partir del 2016.
La medición de la pobreza por ingresos implica comparar los ingresos de los hogares con el costo de una canasta básica de bienes y servicios que constituye la línea de pobreza. Si bien el gobierno anterior no difundía los datos referentes a este indicador, era posible realizar el cálculo construyendo el costo de la canasta a partir de mediciones privadas utilizando la publicación de la Encuesta de Hogares que realizaba el INDEC. La falta de publicación hasta el momento, de las encuestas de gastos desde el tercer trimestre de 2015 hasta el primer trimestre de 2016 implica la imposibilidad de conocer exactamente cuál fue la evolución de los indicadores socioeconómicos en un contexto de quita de retenciones, devaluación y tarifazo.
Según cual sea el valor de canasta y el período considerado como referencia entre los que puede, se sugerían un porcentaje de ente 15% y 20% de la población debajo de la línea de pobreza. Según los cáculos que realizamos en CEPA, la misma era en noviembre de 2015 del 19%. La excepción a esto lo constituía la UCA, que indicaba un nivel de pobreza de 30% para los últimos años del gobierno kirchnerista, la misma medición presentada por Mugrizio Macri Blanco Villegas en la segunda mitad del 2016.
También se sumaron cambios muestrales en la propia Encuesta de Hogares, los cuales afectan ya no solo a la medición de la pobreza sino a indicadores sensibles como la tasa de desempleo y tasa de actividad. A fines de 2017, renuncia al cargo Cintia Pok, histórica directora de la Encuesta de Hogaresy delegada gremial por ATE, quien había sido corrida de su cargo durante la intervención del INDEC en el kirchnerismo y se había reincorporado con Todesca. Pok denunció días después de su salida, en una entrevista con la publicación gremial ACTA,que “no se pueden cuestionar los datos por sus implicancias políticas”.
Conclusiones
En definitiva, el discurso de saneamiento de las estadísticas públicas y credibilidad del INDEC esconde una estrategia de manipulación de la metodología estadística y tiempos de publicación con la finalidad de abonar y construir a un relato político.
Cabe aclarar, que los resultados que informa el INDEC son convalidados tanto desde los medios de comunicación como desde el discurso de los economistas afines, quienes durante la gestión anterior criticaban (correctamente) a viva voz la calidad de las estadísticas públicas. Faltan estas voces, denunciando no solo la manipulación actual sino también la hipocresía de autoproclamarse la gestión que devolvió el prestigio y credibilidad al INDEC.
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