La entidad que reúne a juristas de todo el continente denunció que una “intensa campaña” contra el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También reivindicó el derechos de los magistrados a expresar sus opiniones y sus posicionamientos políticos.
Eugenio Raúl Zaffaroni recibió ayer el apoyo de la Asociación Americana de Juristas (AAJ) ante la embestida del macrifascismo en su contra a propósito de sus declaraciones recientes. La AAJ remarcó que las palabras del juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son de un párrafo “sacado de contexto” y convocó “a todas las organizaciones de derechos humanos y a las entidades que agrupan a jueces, funcionarios del ministerio público, abogados y profesores de derecho” a que se expresen en esa línea.
Los juristas reivindicaron en una declaración el hecho de que “la independencia e imparcialidad de los jueces y las juezas no implica que carezcan de opinión política” y recordaron que “una condición esencial” para acceder a la magistratura “es el conocimiento público de su posición política, concordante con los principios fundamentales de los tratados internacionales de derechos humanos”. En apoyo de esto último se apoyaron en dichos del titular de la Corte Interamericana en su último discurso inaugural. “Hizo énfasis que el rol de un tribunal internacional, junto con sus pares nacionales, ‘es dar respuestas concretas para afrontar estos retos y problemáticas, siempre teniendo en cuenta la dignidad humana’. En esa línea se ubica la actuación del Dr. Zaffaroni, como integrante de la Corte”, sostuvieron y resaltaron que “no ha sido impugnado por falta de independencia o imparcialidad, en la decisión de ninguna causa”.
Zaffaroni quedó en el centro de la tormenta por decir que “yo quisiera que se fueran lo antes posible, porque así harían menos daño", respecto del régimen macrifascista. A partir de allí, ministros y diputados oficialistas criticaron al jurista y comenzaron la campaña para remover a Zaffaroni de la Corte IDH.
En el texto firmado por la titular de la AAJ, Vanessa Ramos; el secretario general, Luis Carlos Moro; y el titular del Consejo Consultivo del organismo, Beinusz Szmukler, denuncian el hecho de que Mugrizio Macri Blanco Villegas, “varios de sus ministros y funcionarios, y legisladores de la alianza”, hayan “exigido” la renuncia de Zaffaroni a la Corte IDH por sus dichos, calificados de “desestabilizadores” y “golpistas”.
Para la AAJ, esa exigencia “ha sido acompañada por una intensa campaña a través de los medios de comunicación hegemónicos, una denuncia penal efectuada por un denunciador serial irresponsable, y la afirmación del presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que ese deseo del Dr. Zaffaroni ‘es una declaración antidemocrática, contraria a la Constitución y desestabilizadora’”.
En ese sentido, recordaron que el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires representa “al uno por ciento” de los abogados porteños y reúne a abogados de “la oligarquía terrateniente, el capital financiero y las empresas extranjeras”, además de ser quienes “apoyaron todos los golpes de estado y aún hoy reivindican a los responsables de la usurpación del poder y los crímenes de lesa humanidad del terrorismo de estado”.
Asimismo, consideró que “el sentido” de las palabras de Zaffaroni “es el de una honesta opinión política, exenta de la hipocresía de quienes sosteniendo ser opositores dicen desear el éxito del gobierno cuando éste en sus dos años de mandato ha implementado un programa claramente beneficioso para el gran capital en perjuicio de los trabajadores, la clase media y las pequeñas y medianas empresas nacionales”. De allí que “el deseo” del juez “sólo puede interpretarse, como el de terminar, por las vías legales y no las de un golpe de Estado, con esa política que es violatoria de los derechos y garantías constitucionales y de los compromisos electorales de la alianza gubernamental, con sus propios votantes”.
Finalmente, recordaron que Zaffaroni llegó a la Corte IDH “con el apoyo de todos los organismos de derechos humanos, que entendieron que fue juez durante y no de la dictadura cívico militar genocida, ya que no existe denuncia alguna que lo comprometa como complaciente con los crímenes del terrorismo de estado” y valoraron el hecho de que sea “un jurista de primer nivel en el orden internacional”.
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