Reclamó, además, que se adopten medidas inmediatas para garantizar el acceso a la educación pública.
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| Jueza Elena Liberatori |
El Tribunal 4 Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad es el primero que convalida el reclamo de miles de familias que ven obstaculizadas año a año las inscripciones de sus hijos. Entre las medidas dispuestas, Liberatori ordenó pagar una ayuda económica a los padres de los chicos que vivan a más de 10 cuadras de la escuela, equivalente a 80 viajes mensuales.
“El fallo obliga al gobierno a solucionar el problema, no se trata de casos individuales sino de una medida colectiva”, celebró Del Corro y destacó que sienta jurisprudencia hacia el futuro.
En 2016, y luego de que Liberatori obligara al régimen a dar cifras oficiales , se comprobó que 11.958 chicos quedaron en lista de espera en la inscripción online. A pesar del silencio de Horacio Rodríguez Larrata, a un mes del comienzo de clases de 2019 se habían registrado al menos 1232 faltantes en primaria, y 427 en secundaria.
En otro apartado, la jueza obligó ahora al régimen porteño a publicar en la página web ”toda la información relativa a la cantidad de vacantes disponibles por distrito escolar actualizada en tiempo real”.
La sentencia cuestionó también la reubicación de alumnos, muchos de ellos residentes de la Zona Sur, a quienes el régimen de la CABA asignó escuelas en otros puntos de la ciudad. En esos casos, Liberatori ordenó al Ejecutivo proveer una “ayuda económica garantizando al menos la cobertura del 'costo de 80 viajes de colectivo-subte' para aquellos alumnos que vivan a 10 cuadras de su escuela".
“El gobierno soluciona algunos problemas mandando con micros oficiales a los chicos a otras zonas de la ciudad, pero el fallo entiende que eso afecta el rendimiento escolar de los chicos y aumenta el ausentismo. En algunos barrios además no entran, con lo cual tienen que salir muy temprano a la mañana, cuando todavía es de noche”, explicó Del Corro.
El rol de los supervisores fue clave para que se pudiera comprobar la falta de vacantes, dado que el gobierno se había negado en su momento a someterse a una auditoría informática, teniendo en cuenta que toda la información disponible está alojada en el sistema de inscripción electrónico.
La jueza reclamó al Ejecutivo local, además, información detallada sobre las supuestas 54 “escuelas nuevas” que el régimen porteño promociona en su cartelería, dato que contrasta con la realidad que afrontan miles de familias a la hora de inscribir a sus hijos. Liberatori pidió que se aclare si se trata de obras nuevas, de mantenimiento, ampliación o mudanza y que se puntualice también la “cantidad de vacantes que ofrece cada nuevo centro educativo”.
