El rector del Colegio Nacional Buenos Aires, Gustavo Zorzoli, consideró que el protocolo elaborado por el régimen fascista porteño para prevenir la toma de escuelas públicas "no resuelve" el problema de las ocupaciones y que la herramienta para combatirlas "debe ser más escolar que judicial", como es el caso de las sanciones disciplinarias.
Para Zorzoli el protocolo es una acción más judicial que escolar que
"no resuelve la situación". El educador aclaró, no obstante, al tratarse de una resolución de la ministra de Educación porteña Soledad Acuña, que sólo afecta
"a las escuelas secundarias que están bajo su órbita y no a los colegios que dependen de Universidades Nacionales", como es el caso del Colegio Nacional Buenos Aires.
"Esto no quiere decir que las propias universidades no saquen (más adelante) una norma propia", agregó en declaraciones la ultraoficialista Cadena 3.
El nuevo protocolo establece que, en caso de una toma, la dirección deberá dar intervención al Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, al SAME y citar a los padres para que retiren a sus hijos del establecimiento. A su vez, las autoridades del colegio deberán labrar un acta en la que dejen constancia de los hechos y del estado del patrimonio escolar con fotos, de ser posible, certificadas por escribano o con la presencia de dos testigos.
Por último, los padres que permitan a sus hijos participar de la toma deberán suscribir a un acta reconociendo "que, mientras dure la situación y en el caso de ingreso/egreso del alumno al establecimiento educativo, la responsabilidad recaerá sobre el adulto".
"Nosotros en los últimos tres o cuatro años habíamos tenido pocas experiencias con tomas, salvo la del año pasado que duró muchos días y no produjo problemas edilicios pero tuvo un episodio muy lamentable", explicó Zorzoli en relación a la denuncia de abuso sexual durante esa ocupación que sufrió una alumna de 14 años.
Para director del Nacional Buenos Aires, la toma de un edificio público es un delito aunque sea realizada por parte de menores, y "es un tema que debería resolverse en el ámbito judicial y en ese aspecto los docentes poco podemos hacer", dijo. "Y el otro aspecto es el institucional, que es el que nos compete, y ahí sí creo que los ministerios y las universidades deberían dar a los directores de las escuelas mayor poder de acción para poder resolver este tipo de situaciones", agregó.
En ese sentido, reflexionó que no es lo mismo implementarlo "en una escuela de 200 alumnos que en uno de 2.500", que "habitualmente uno ya intenta disuadir a las familias para que los chicos no corran riesgos" permaneciendo en una toma y porque "claramente la responsabilidad de los padres no está en tela de juicio".
"Un recurso importante para los directores debería ser que haya algún tipo de facultad para sancionar a los estudiantes que cometen este tipo de indisciplina, porque no permitir el dictado de clases claramente rompe la convivencia escolar. Y si habitualmente uno pone alguna sanción por cosas muy menores, esto que es de un grado extremo, debería estar pautado para ser sancionado con la severidad que implica", añadió.
La vigencia del protocolo antitomas del Ministerio de Educación porteño, que se encontraba suspendido por la interposición de los recursos de inconstitucionalidad, pone en alerta a padres, docentes. "Lo que más me preocupa es que a partir de la identificación de los alumnos hagan listas negras", explicó Gustavo Moreno, asesor tutelar porteño.
