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martes, 18 de diciembre de 2018

Comunicadores populares protestaron en la entrada de Canal 13

Comunicadores populares de Barricada TV y ParesTV iniciaron una ocupación pacífica en el estacionamiento de Canal 13, en la calle San Juan, para protestar contra la decisión de Cablevisión de negarse a cumplir con la obligación de incorporarlos a la grilla, a pesar de contar con licencia y autorización del Enacom. 


“Con el desparpajo de quien se sabe impune, deciden quiénes hablan y quiénes no, beneficiándose del apoyo de un gobierno que profundizó la concentración hasta niveles nunca antes alcanzados”, repudiaron los comunicadores que presentaron una medida cautelar contra la cableoperadora del Grupo Clarín y Telecentro.

"Queremos preguntar, preguntar por qué no nos suben a la grilla. Queremos que nos atienda una persona responsable del grupo económico y nos explique por qué no excluyen a Barricada y Pares TV. No podemos naturalizar la impunidad con la que se mueve el Grupo Clarín", exigió Natalia Vinelli, referente de Barricada TV, desde el estacionamiento de Canal 13, rodeada por un operativo de Infantería de la Policía de la Ciudad devenida en fuerza de choque de Héctor Magnetto.

La ocupación pacífica busca abrir una mesa de negociación con los representantes de la cableoperadora más grande del país que, al igual que Telecentro, se niega a incorporar a los canales comunitarios a contramano de la legislación nacional e internacional vigente y a pesar de que cuentan con licencias concursadas y aprobadas por el Enacom, presidido por la radical Silvana Giudici.

Los comunicadores de ambas señalas –las primeras y únicas en conseguir licencias de televisión para el sector sin fines de lucro– llegaron hasta el edificio ubicado en la calle San Juan con el respaldo de otras organizaciones que nuclean a radios, televisoras y medios populares tras un acto en la puerta del Enacom, donde volvieron a denunciar las prácticas implementadas por la gestión Cambiemos que obstaculica y excluye a los medios que deberían ocupar el 33 por ciento del espectro.

La cautelar presentada por Barricada TV y Pares TV, que tramita en el Juzgado Contencioso Federal 9, a cargo de Pablo Cayssials, exige el cumplimiento de la normativa vigente del Enacom -organismo creado por decreto por Miauricio Macri Blanco Villegas para reemplazar a la AFSCA- y los tratados internacionales vigentes con jerarquía constitucional. “El comportamiento de estas empresas es discriminatorio y desigual respecto a otras señales comerciales”, advierte la presentación hecha por el abogado Mariano Suárez.

Barricada TV concursó y ganó la licencia de televisión digital abierta, con alcance a la Ciudad de Buenos Aires y el primer cordón del Conurbano, en 2015.

Sin embargo, mantuvo un extenso conflicto con Canal 13, que se negaba a liberar la señala que le fue asignada, hasta que el Enacom decidió reubicarlo en el canal 32.1.

Ahora, el Grupo Clarín persiste en desconocer la señal a pesar que desde junio cuenta con la autorización para emisiones regulares, al igual que ParesTV, canal de Luján, que mediante otra presentación judicial consiguió ser incorporado en la grilla de la cableoperadora local.

“Con su negativa, Cablevisión y Telecentro silencian voces, desconocen conflictos y dejan de lado fuentes que no tienen espacio en los medios comerciales, eliminando sumariamente de la grilla a las expresiones del sector sin fines de lucro”, repudiaron los comunicadores de ambas señales.

En ese sentido, la cautelar advierte que la discriminación hacia la comunicación popular se hace evidente con la inclusión inmediata que el canal Net TV, propiedad del Grupo Perfil y Kuarzo Entretainment Group, tuvo en las grillas de las dos cableoperadoras. Y resalta que la licencia para esa canal fue asignada por el Enacom después que las de las emisoras comunitarias.

“La diferencia es obvia: Net TV pertenece a una empresa con poder económico, que legítimamente ocupa un lugar en la grilla del cable, mientras Barricada TV es el canal autogestionado por una asociación civil sin fines de lucro”, denunció Suárez.

El conflicto se enmarca dentro de una política del régimen macrifascista contraria al fomento de los canales y radios comunitarias. Por eso, antes de iniciar la toma pacífica del canal del Grupo Clarín, la Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas (Conta), el Foro Argentino de Radio Comunitarias (Farco), Red Colmena, la CTEP y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) se manifestaron en la puerta del organismo presidido por Giudici, una fiel opositora a la Ley de Medios durante su gestión como diputada.

Las organizaciones de la comunicación popular insistieron en denunciar la política de la alianza de derecha Cambiemos que las excluye de la pauta publicitaria oficial, obstaculiza los concursos de fomento consagrados en artículo vigentes de la Ley de Medios y persigue a las emisoras comunitarias. Como ejemplo, los comunicadores denunciaron la resolución 4951 emitida este año que, con el argumento de convocar a un proceso de “normalización” de las denominados zonas de conflicto, desconoce la existencia de las emisoras creadas después de 2006, poniendo en peligro la continuidad de las radios nacidas al calor del fomento de la Ley de Medios.

La cautelar de los casos de BarricadaTV y ParesTV también advierte que la decisión empresarial de discriminar a las emisoras sin fines de lucro no se limita a los casos de las organizaciones de comunicadores populares. Ya la justicia federal se pronunció en dos oportunidades contra Cablevisión para ordenarle que cumpla con su obligación de incluir a los canales sin fines de lucro con licencia.

La justicia de Córdoba falló en contra de Cablesivisón para ordenar que incorpore a la grilla a la señal Cba24N, que pertenece a la Universidad Nacional de Córdoba. En tanto, en Chaco, el Poder Judicial le ordenó en febrero pasado a la empresa del Grupo Clarín transmitir la señal Ciudad Televisión, de Radio Ciudad SRL de Resistencia.

"¿Quién tiene la autoridad para decidir qué leyes se cumplen y qué leyes no?", lanzó Vinelli y recordó que desde el canal comunitario enviaron cartas particulares y cartas documento a la empresa del Grupo Clarín, pero nunca recibieron respuesta.

viernes, 16 de febrero de 2018

Presentaron un recurso ante la Corte para frenar la fusión entre Telecom y Cablevisión

El Observatorio de la Riqueza "Padre Arrupe" presentó un extenso escrito ante la Corte Suprema para impedir la fusión entre Cablevisión y Telecom. 


Según el documento de 172 carillas, la entidad presentó un "recurso extraordinario" contra la Resolución que autorizó la creación del gigante de las telecomunicaciones, donde solicitan un "demanda declarativa de inconstitucionalidad" de la normativa, la "nulidad absoluta insanable y manifiesta" del acto administrativo, la suspensión de fusión y una convocatoria a audiencia pública para escuchar a los abonados, especialistas y ciudadanos, presumiblemente perjudicados por la decisión del régimen macrifascista.

La presentación lleva la firma de Guillermo Robledo, coordinador del Observatorio y dirigente social alineado al Laudatismo Sí, que pregona el Papa Francisco desde El Vaticano; el ex juez federal Carlos Rozanski, y Eduardo Murúa, presidente del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER) y miembro de la CTEP. El patrocinio es del abogado Gabriel Coria. 

"Venimos a interponer en tiempo y forma recurso extraordinario por salto de instancia contra la Resolución 5644-E/2017 de ENACOM que autoriza la fusión de Telecom S.A y Cablevisión S.A C.V., en contexto de vacío regulatorio del Estado sin precedentes", alertaron los denunciantes y agregaron que "la Resolución 5644 da origen a un monopolio comunicacional sin antecedentes en la historia argentina con alcance al 85% de la población argentina, generando hechos que violan leyes nacionales y derechos esenciales de la Constitución"

Aunque todavía falta que se expida la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, el primero de enero pasado Cablevisión indicó a la Bolsa de Comercio que tras haber tenido efecto la fusión, "la sociedad se ha disuelto sin liquidación", y se procedió al traspaso de las operaciones y actividades a Telecom Argentina. Por su parte, Telecom anunció la emisión de 1184 millones de acciones, de las cuales 342 millones Clase A son para Fintech Media, del empresario David Martínez; 406 millones Clase D para Cablevisión Holding (CVH) de los accionistas controlantes del Grupo Clarín y 434 millones Clase D para VLG Argentina, perteneciente a CVH.

CVH comunicó que pasó a ser el accionista controlante de la empresa fusionada. Como nuevo presidente de Telecom fue designado Alejandro Urricelqui, que hasta ahora se desempeñaba como director de finanzas del Grupo Clarín, mientras la vicepresidencia la ocupará Mariano Ibáñez que hasta el momento ejercía la presidencia de la empresa telefónica y provenía de Cablevisión.

Robledo, Rozanski y Murúa reprochan que el régimen fascista de Mugrizio Macri Blanco Villegas concedió la autorización a través de un "ente sin rango Ministerial" y en tiempo récord, y que las empresas ya operan en conjunto desde la feria judicial pasada, por lo que existe un "hecho consumado" ilegal, que viola el orden constitucional y provoca una "grave lesión" a los intereses de la Nación y a todos los ciudadanos.




"La consecuencia buscada es la nulidad de la Resolución 5644/E 2017 y la suspensión de todo proceso de fusión que amerite la conformación de un poder monopólico de comunicación sin un marco regulatorio que garantice los derechos Constitucionales y la Doctrina de la Corte", sostuvieron en el escrito. 

Los denunciantes explicaron que actúan según lo estipulado en el artículo 43 de la Constitución, que refiere a la protección de los "intereses colectivos" de los ciudadanos y remarcó la falta de respuestas a tres presentaciones ante la Comisión de Defensa de la Competencia por la gravedad de la fusión. "No han sido respondidas superándose todos los plazos, en tanto los hechos consumados siguen produciéndose", alertaron. 

El dossier incluye citas a normativas internacionales, estudios académicos sobre la concentración mediática, referencias a escritos de Damián Loreti y Martín Becerra, una asociación entre paraísos fiscales y dueños de medios, una declaración del Papa Francisco y hasta un capítulo sobre "la corrupción lingüística en el gobierno de Macri".

Desde la entidad denunciante explicaron que actúan según lo estipulado en el artículo 43 de la Constitución, que refiere a la protección de los "intereses colectivos" de los ciudadanos y remarcaron la falta de respuestas a tres medidas presentadas ante la Comisión de Defensa de la Competencia. "No han sido respondidas superándose todos los plazos, en tanto los hechos consumados siguen produciéndose", alertaron. 

Según los peticionantes, si la fusión entre la empresa del Grupo Clarín y Telcom "el país quedará en condiciones de absoluta debilidad frente a fuerzas internacionales en curso"

En concreto, le piden a la Cortes que dicte una sentencia que declare la "nulidad absoluta, insanable y manifiesta" de la Resolución 5644 y se convoque a una nueva audiencia pública para abrir una debate internacional sobre la conveniencia de la fusión para el país y la región, donde participen enviados de la ONU, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y hasta el Sumo Pontífice. 

"La suspensión de la Resolución y la fusión en curso debería estar acompañada con un debate en audiencias públicas, con proyección y tiempos universales que ayude a una apertura de debate en las Naciones Unidas", propusieron y hasta ofrecieron al primer disertante. "(La audiencia) podría ser inaugurada por nuestro Papa Francisco en una visita exclusiva a la Corte Suprema, junto a la Conferencia Episcopal Argentina y Latinoamericana (CELAM)", plantearon.