Luis Muiña, el represor cuyo nombre trascendió por el fallo del 2x1 promovido el año pasado por el futuro titular de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, fue condenado ayer a condena perpetua por el secuestro y asesinato de Jorge Mario Roitman y Jacobo Chester, ocurridos mientras de desempeñaba en el cuerpo de vigilancia del Hospital Posadas durante la última dictadura cívico militar.
El represor, de 63 años, integró el llamado Grupo SWAT, bajo las órdenes del subcomisario retirado de la Policía Federal Ricardo Antonio Nicastro, que utilizó uno de los edificios del propio hospital, “El Chalet”, como centro de torturas y exterminio.
Allí estuvieron secuestrados, en noviembre de 1976, el infectólogo Jorge Roitman y el empleado del Departamento de Estadísticas y Registros Hospitalarios Jacobo Chester, los dos casos por los que fue condenado Muiña.
El 2 de diciembre de ese año, el cuerpo de Chester apareció atado de pies y manos en el Río de la Plata. Roitman continuó desaparecido hasta noviembre de 2017, cuando su cuerpo apareció mientras se realizaban obras en el Posadas. Lo habían enterrado a pocos metros de “El Chalet”, en el terreno ubicado entre el policlínico y la villa Carlos Gardel.
En el juicio también estaban acusados el dictador Reynaldo Bignone, quien encabezó la ocupación del Posadas a fines de marzo de 1976, y el represor Argentino Ríos. Ambos murieron antes de la sentencia. Muiña había recibido una condena a 13 años en 2011 por secuestros y torturas, pero en aquella ocasión los jueces Pablo Bertuzzi, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini rechazaron la propuesta del fiscal de la causa, Javier De Luca, y se negaron a incluir los casos de Chester y Roitman.
Muiña estuvo cuatro años preso, entre 2007 y 2011, mientras era juzgado en la primera de las causas, en el marco de la cual solicitó el beneficio del 2x1, que computa doble los días en prisión sin condena, que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 le concedió. El caso llegó a la Corte tras la intervención del fiscal Martín Niklison, quien apeló ante Casación Penal. La defensa del represor, a su turno, también apeló y el caso terminó en la Corte Suprema.
En mayo de 2017, el máximo tribunal desestimó el fallo de Casación y le concedió a Muiña el 2x1, amparándose en la ley más benigna, vigente entre 1994 y 2001, que se aplicó a los detenidos por delitos comunes como una estrategia para paliar la superpoblación carcelaria. En ese mismo lapso los genocidas estuvieron amparados por la vigencia de las leyes de Punto Final y la Obediencia Debida.
Rosenkrantz fue el cerebro del fallo que generó el repudio general de la sociedad y la gigantesca movilización del 10 de mayo del año pasado, que aceleró también la reacción del Congreso Nacional, que anuló el insólito fallo de los supremos.
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