La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires autorizó al Ejecutivo porteño a concesionar por un plazo de hasta 20 años el uso y explotación de edificios y nuevos espacios ubicados dentro del predio del Ecoparque, el ex Jardín Zoológico del barrio de Palermo, pese a la oposición de las organizaciones ambientales, defensoras de los derechos de los animales y patrimonialistas.
La norma, que sufrió modificaciones tras la audiencia pública del 29 de agosto pasado, fue aprobada mientras militantes animalistas, con máscara de animales, reclamaban en el recinto con carteles contra el Ecofraude.
La iniciativa fue aprobada por 42 votos a favor, 15 en contra y 1 abstención. El proyecto oficial contó con el respaldo de los bloques Vamos Juntos, Evolución y MC, y fue rechazada por Unidad Porteña, el PO, el Bloque Peronista y Autodeterminación y Libertad. La única abstención provino del GEN.
El proyecto aprobado ayer contempla la concesión por 20 años de los 21 edificios históricos del ex Zoológico porteño, una decisión cuestionada por distintas organizaciones ambientales, de protección animal e instituciones veterinarias.
El ex director del zoo Claudio Bertonatti sintetizó la preocupación de muchos al señalar que “es realmente imprudente haber lanzado un proceso de concesión de edificios sin tener claridad de cuál podrá se su utilidad en ese proceso de transformación, sin un plan que determine la población animal que va a permanecer allí, y con una gestión que se caracterizó por la improvisación”.
El predio, que aún conserva 865 animales, cerró sus puertas en junio de 2016 para reconvertirse bajo el nombre de Ecoparque en un espacio de conservación de la biodiversidad a través de la educación y la recreación, según sostiene el plan del oficialismo.
Las organizaciones consultadas por este diario coincidieron en que, al margen de la discusión sobre si privatizar o no esos espacios, lo que preocupa es que hay una desvinculación entre el proceso de transformación del parque, que parece correr por un andarivel, y el del uso que se quiere dar a los recintos a concesionar, que van por otro, sin estar integrados en un plan coherente.
Coherencia es lo que falta según los distintos sectores que se opusieron al proyecto, al que calificaron de "ecodisparate" y de "ecofraude": un parque sin animales, para quedar bien con los animalistas primero, y después con algunas especies, por los conservacionistas. En el medio, la realidad: la dificultad de derivar todas las especies, y el problema de generar un parque atractivo sin animales.
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