Diversas organizaciones sociales y de derechos humanos reclamaron ayer “un correcto tratamiento” del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo en el Senado. Lo hicieron poco después de que la titular de la Cámara alta, Gabriela Michetti, girara la iniciativa que ya cuenta con media sanción de Diputados a cuatro comisiones en lugar de a dos.
“Manifestamos nuestra preocupación y queremos señalar la importancia de favorecer un tratamiento participativo pero no dilatorio del proyecto de ley”, señala el texto firmado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Amnistía Internacional, la Fundación Huésped, el centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), Católicas por el Derecho a Decidir, la Red de Acceso Al Aborto Seguro, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género y la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEM).
Los firmantes recuerdan que el 14 de junio pasado se produjo la histórica votación en Diputados que le dio media sanción al proyecto tras “un largo proceso iniciado en el plenario de 4 de las comisiones sobre las 45 comisiones permanentes con las que cuenta la Cámara de Diputados” y que a lo largo de los meses de debate en el plenario “se presentaron datos, experiencias y argumentos de índole jurídica, política, de salud pública, ética, religiosa y filosófica” en el marco de un “proceso democrático, pedagógico, responsable, respetuoso y transparente”, acaso “el más deliberativo de la historia de la democracia argentina”.
Cabe recordar que la decisión de Michetti de girar el proyecto a las comisiones de Salud, Justicia, Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda generó críticas por su carácter dilatorio.
La carta pública enviada ayer a la tullida vicepresidenta critica, justamente, el giro a las últimas dos comisiones. “Durante el debate en la Cámara de Diputados quedó claro que no hay cuestiones constitucionales en el proyecto de ley que haya que discutir”, dado que el aborto por causales es legal desde 1921. Además recuerdan que el proyecto “no implica erogaciones presupuestarias que deban resolverse en forma distinta del tratamiento del presupuesto nacional”.
Los firmantes concluyen con la esperanza de que Michetti “pueda finalmente entender que las creencias individuales solo representan un aspecto privado de cada persona que de ningún modo puede afectar una política de salud pública”.
Del mismo modo aguardan que “se dé en la Cámara alta un debate democrático sin injerencia del Poder Ejecutivo, como ha sido en Diputados”.
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