El bloque de diputados nacionales de los gobernadores concretó ayer la amenaza de impulsar la transferencia a la ciudad y a la provincia de Buenos Aires de las empresas de servicios públicos AySA, Edesur y Edenor, como una manera de devolverle a Macri Blanco Villegas el peso del ajuste sobre los dos principales distritos que administra el PRO.
La iniciativa ya es elocuente desde su título: "Ley de Equidad Federal de Servicios Públicos" y plantea lo obvio: las provincias, a través de su aporte al presupuesto nacional, deben subsidiar a tres empresas que gastan miles de millones de pesos sólo en dos distritos.
El proyecto dispone directamente la transferencia de los contratos de concesión de las privatizadas Edesur y Edenor, que prestan servicios en Capital y el Conurbano, a las respectivas juridiscciones de operación territorial.
Dispone además que el paquete accionario de la empresa estatal de aguas AySA, que opera en el mismo territorio que las eléctricas, se a transferido a la ciudad y la provincia de Buenos Aires.
Se trata de una iniciativa que no es del todo rechazada en la Casa Rosada que no termina de encontrarle la vuelta al ajuste que le va a exigir el FMI, pero que genera un rechazo total tanto de Rodríguez Larrata como de Vidal, que verían sus presupuestos detonados si tienen que absorber los millonarios subsidios que reciben estas compañías.
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