Tras disponer el cierre de ocho establecimientos del Delta, el régimen bonaerense decidió clausurar 39 escuelas rurales de la provincia a solo diez días del comienzo del ciclo lectivo. El bloque de diputados del FPV ya presentó un pedido de informes en la Legislatura para que la gobernadora fascista dé explicaciones, mientras que SUTEBA está haciendo un seguimiento "escuela por escuela".
La gobernadora fascista María Eugenia Vidal replicó el cierre de los ocho establecimientos del Delta en otras 39 escuelas rurales de la Provincia de Buenos Aires, a solo diez días del comienzo del ciclo lectivo, lo que podría dejar por fuera del sistema educativo a 80 chicos.
El argumento esgrimido en declaraciones mediáticas por el director general de Cultura y Educación bonaerense, Gabriel Sánchez Zinny, fue que algunas de esas escuelas no tenían alumnos matriculados, pero obvió contar que se cerrarán establecimientos a los que concurren entre cuatro y diez alumnos (una cantidad razonable para los parámetros de las escuelas en zonas rurales).
El cierre alcanza a tres jardines rurales y un secundario para adultos de la localidad de Tres Arroyos, dos primarias de General Viamonte, ocho escuelas en Lincoln, dos primarias de Junín, otras dos en Balcarce, dos en Chivilcoy, dos en Pehuajó, tres en Bolívar y otra en Chascomús, entre otras. El riesgo de que muchos de los alumnos salgan completamente del sistema educativo existe, a pesar de que sean relocalizados, porque es probable que muchos de ellos no cuenten con los recursos necesarios para trasladarse a sus nuevas instituciones.
El bloque de diputados del Frente para la Victoria en la Legislatura bonaerense ya le reclamó respuestas a la gobernadora fascista a través de un pedido de informe porque afirman que no hubo "ninguna comunicación formal" detallada sobre las escuelas que correrán esta suerte. “Para la comunidad rural es una decisión muy fuerte, la importancia del derecho constitucional a la educación pública merece un trabajo con la comunidad, con las familias y una argumentación que vaya más allá del costo económico. La educación de un chico es una inversión y no un costo”, resaltó la diputada Lucía Portos, quien adhirió a la presentación de su bancada. La legisladora ya había presentado un pedido de informe contra Vidal previamente por el cierre de las ocho escuelas del Delta.
Lejos de evaluar las causas demográficas o socioeconómicas que derivaron en la falta de alumnos, Vidal mandó a cerrar las más de 30 escuelas. En el documento que presentaron el martes, los legisladores pidieron que se especifique cuál es la población afectada y que se den detalles sobre el trabajo previo que se realizó con los alumnos, los docentes y las familias alcanzadas por el recorte. “La situación de un solo alumno vale la pena porque estamos además condenando a un pueblo con dificultades de subsistencia a desaparecer”, advirtió Portos, quien apuntó contra el oficialismo provincial: “nos prometieron jardines y terminan cerrando escuelas”.
Los docentes y directores de las instituciones repudiaron los cierres y la fusión de cursos, muchos de ellos comunicados por los jefes distritales. En Maipú se realizó ayer una movilización en contra de la decisión, bajo el lema “luchemos por nuestros derechos y por una educación de calidad". Señalan que la matrícula del año pasado fue de 18 alumnos, en contra de la justificación oficial. Algunos intendentes también se sumaron a los reclamos. Por caso, el jefe municipal de Chascomús, Javier Gastón, se quejó en medios locales. “Las escuelas son la herramienta fundamental para generar igualdad de oportunidades”, declaró.
Una decisión de este tipo debe ser consultada en las Unidades Educativas de Gestión Distrital, una mesa de debate en la que convergen sindicatos, inspectores, directores de las instituciones, la jefatura en educación y los representantes de la intendencia de cada distrito. Las reuniones todavía están vigentes, aunque dos se realizaron ayer mismo, aunque las autoridades ya confirmaron los cierres.
Desde SUTEBA remarcaron que no están en contra del cierre de las escuelas sin alumnos, siempre que se reconvierta al edificio en un centro educativo y se relocalice a sus maestros como dicta el Estatuto Docente, pero ya dejaron en claro que no van a permitir que se cierren instituciones con chicos. “Desde diciembre logramos frenar el cierre de varias escuelas rurales y de cursos. Cuando no hay alumnos, hay que evaluar por qué, porque esto no pasa de un día para el otro y tiene que ver con las políticas públicas que se hicieron o no”, resaltó a este diario María Laura Torre, secretaria gremial del sindicato.
Torre aclaró que los parámetros para medir la cantidad de alumnos en las escuelas rurales, en contra del argumento del Ejecutivo provincial, dista mucho de las urbanas, donde se esperan 20 matriculaciones o más por año. "Estamos haciendo un seguimiento escuela por escuela de las rurales para garantizar el derecho a que todos los alumnos tengan educación y garantizar el seguimiento de los derechos laborales”, sintetizó la dirigente.
Fuente; nota de Agustina Arredondo para Página/12
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