El régimen macrifascista gastó el cuádruple para construir centrales eléctricas que no generan energía

Debía gastar U$S 800 millones pero se fueron U$S 3.800 millones. Hoy no se consume un megawatt más que en 2015 porque el tarifazo deprimió la demanda.

El régimen fascista de Miauricio Macri Blanco Villegas gastó el cuádruple para construir centrales eléctricas que no generaron energía.

Por pedido del FMI, debía gastar U$S 800 millones pero se fueron U$S 3.800 millones. Hoy no se consume un megawatt más que en 2015 porque el tarifazo deprimió la demanda.

El dato lo publicó -en el portal Econojournal- el periodista especializado en energía Nicolás Gandini.

El Fondo Monetario, en tanto, incluyó una perlita en la cuarta revisión de su acuerdo con Macri Blanco Villegas. Hasta la tercera revisión, el Fondo preveía que los subsidios al sector energético para 2020 iban a totalizar unos U$S 800 millones ($44.300 millones). Representarían un 0,2% del PBI. Pero en la cuarta revisión, esas subvenciones figuran con más del cuádruple: U$S 3.800 millones (unos $ 220.900 millones). ¿La diferencia? Los contratos de compra-venta de energía anticipada (PPA’s) que firmó el Estado durante 2016 y 2017.

¿Qué pasó? La mayoría de esos contratos PPA que firmó en su momento Juan José Aranguren sirvieron para construir centrales eléctricas que hoy no despachan energía. Es porque el tarifazo deprimió la demanda y no se usa un solo megawatt más que en 2015, pese a que la población creció 6% desde entonces.

Es decir, les garantizaron el cobro de una electricidad que no están generando porque no hace falta. Y van a seguir cobrando -en dólares- pese al ajuste que impuso sobre el resto de las partidas el acuerdo con el FMI.

De esos contratos (cerca de 100 en total), tres empresas salpicadas por la causa de los cuadernos firmaron la mayor cantidad: Pampa (de Marcelo Mindlin), Albanesi (de Armando Losón) y MSU (de Manuel Santos Uribelarrea).

Los proyectos fueron financiados a su vez por grandes fondos como BlackRock, por lo cual cualquier intento de renegociar los contratos sería interpretado por Wall Street como un default.