La impulsan Bonadio, Carrió y Stornelli. Se basa en escuchas ilegales a detenidos en el cárcel de Ezeiza y está repleta de irregularidades. Las denuncias que aseguran que el oficialismo buscará utilizarla en la campaña.
Ya comenzó la cuenta regresiva para las elecciones presidenciales y el régimen macrifascista espera que se aceleren algunos procesos judiciales que involucran a dirigentes kirchneristas.
Una de las causas que avanza con hermetismo en los tribunales de Inodoro Py a manos del controvertido juez federal clarinista Claudio Bonadio es la conocida como “Operación Puf”.
Se trata de un expediente nutrido de escuchas ilegales -algunas se filtraron a medios de comunicación oficialistas-, impulsado por varios de los imputados en el D’Alessiogate. El juez y abogado Juan María Ramos Padilla advirtió que por este caso “Bonadio tiene en su caja fuerte muchas escuchas para usar en la campaña".
Según pudo reconstruirse, "doctor Glock" -Verbitsky dixit- posee al menos 6 meses de escuchas de kirchneristas detenidos en la cárcel de Ezeiza. Esto implica más de 100 cds con grabaciones de conversaciones de presos con el exterior. Para tener una dimensión del volumen: la transcripción de solo 39 de ellos se volcó en 1870 fojas.
El titular del juzgado federal 11 tomó esos audios de forma controvertida de otra causa que instruía el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, en la que investigaba al llamado “rey de la efedrina” Mario Segovia, detenido en Ezeiza. Se trata de una pesquisa que se abrió en 2016 por el hallazgo “de una encomienda que contenía dispositivos para la fabricación de explosivos” en el aeropuerto Silvio Pettirossi de la ciudad de Luque, Paraguay. El “paquete” tenía por destino la Argentina.
Los audios que involucran a dirigentes kirchneristas tenían la orden de ser destruidos porque nada tenían que ver con el objeto investigado. Pero fueron utilizadas para montar distintas operaciones políticas y mediáticas, que podrían repetirse en poco tiempo.
El itinerario de esas escuchas es curioso. La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) se desentendió de ellas el 8 de febrero, el mismo día que ingresó en los tribunales federales de Comodoro Py la denuncia que dio origen a la “Operación Puf”. Aquel viernes de verano también se había hecha pública la denuncia del empresario Pedro Etchebest contra el espía ilegal Marcelo D’Alessio, el coimeiro fiscal macrifascista Carlos Stornelli y el impresentable juez Claudio Bonadio.
¿Quiénes realizaron esa presentación en los tribunales de Retiro? La infornicable diputada de la Coalición Cínica, Paula Oliveto, y la dirigente de esa misma fuerza, Mariana Zuvic. Ambas acercaron un anónimo con transcripciones de las escuchas que involucraban al dirigente Eduardo Valdés y a los ex funcionarios presos Roberto Baratta y Juan Pablo Schiavi, entre otros interlocutores. Pidieron que esos audios, que surgieron de la pesquisa de Lomas de Zamora, se incorporen a las “causas que correspondan”.
Cuando Bonadio quedó a cargo de la pesquisa de los presos K requirió a la AFI las grabaciones en cuestión pero lo hizo para acumularlas al caso de las fotocopias de los cuadernos. Así, recopiló escuchas desde el 21 de septiembre de 2018 hasta, al menos, el 11 de febrero pasado. Recién en abril las incorporó a “Operación Puf”.
Conociendo el modus operandi de Bonadio no se pueden descartar que haya ordenado intervenir los teléfonos de alguno de los investigados.
Ante este escenario, un interrogante se hace ineludible: ¿por qué hasta ahora el juez no tomó ninguna decisión de peso en este expediente? ¿La va a tomar después de las elecciones? Difícil de creerlo en Bonadio, quien llamó al precandidato presidencial Alberto Fernández a declarar en la causa del Memorándum con Irán por una opinión que dijo tiempo atrás en los medios.
El juez Juan María Ramos Padilla, padre y abogado del magistrado de Dolores que investiga el D’Alessiogate, Alejo Ramos Padilla, advirtió que Bonadio tiene muchas más escuchas de las que se difundieron en el prime time de la televisión y que detrás de esta causa se esconde una estrategia electoral del oficialismo.
“No caben dudas de que el presidente Mauricio Macri siempre estuvo informado por la propia AFI de esta‘operación escuchas’, no sólo en virtud de quienes estaban involucrados sino porque incluso el tema fue tratado en reuniones de gabinete”, denunció en una presentación ante el Consejo de la Magistratura, donde el macrismo pide la remoción de su hijo y advirtió que “a partir de estas escuchas y su distribución no solo se han fabricado las causas que se le endilgan a mi defendido, sino que han sido utilizadas o habrán de utilizarse para realizar operaciones judiciales y electorales”.
En otro pasaje volvió a resaltar los efectos que la difusión de estas grabaciones podría tener en los comicios: “Las escuchas a ex funcionarios detenidos del gobierno anterior abarcarían varios meses, lo que importa la necesidad de que este Consejo de la Magistratura adopte los recaudos para que las mismas no sean utilizadas en ningún sentido. En los procesos judiciales para obstruir investigaciones, fabricar causas o pre-constituir prueba de manera ilegal y en el proceso electoral-que es aún más grave- para afectar la decisión soberana del pueblo de la Nación Argentina”.
Los investigadores, investigados
Quienes impulsan “Operación Puf” son algunos de los imputados en la causa por espionaje ilegal que se sustancia en Dolores. Ellos son: Bonadio, que está a cargo de la pesquisa; Elisa Carrió, que es la principal denunciante; y Oliveto y Zuvic, quienes presentaron la primera denuncia en base a un anónimo (que transcribía las escuchas ilegales a los presos K de Ezeiza) y luego algunas ampliaciones. A ellos se suma el fiscal rebelde, Carlos Stornelli, quien pidió ser querellante. Todos están imputados en el D’Alessiogate por esta relacionados con la banda del falso abogado.
A estos actores se suman: la AFI, que es la que desgraba las escuchas y es comandada por el amigo del presidente, Gustavo Arribas. La DAJUDECO, que es la dirección que realiza técnicamente las intervenciones telefónicas. Y la fiscal del caso, sobre la que se posan todas las miradas, es Alejandra Mangano, vinculada al titular de la Dirección de Escuchas, Juan Tomás Rodríguez Ponte.
En pos de contrarrestar el impacto que provocó en el ámbito político el D’Alessiogate, los denunciantes se apuraron a denunciar que el kirchnerismo elaboró un plan para obstaculizar el “avance de las causas de corrupción más emblemáticas”. Y con ese norte, acusaron sin elementos a la ex presidenta y actual candidata a vice, Cristina Fernández de Kirchner; al juez Alejo Ramos Padilla; a Valdes y a Baratta, entre otros.
En las sucesivas ampliaciones de su denuncia, Carrió fue agregando acusados. Mencionó a los empresarios Fabián De Sousa y Cristóbal López. Haciéndose eco de una nota de Clarín también apuntó contra Pedro Etchebest, Marcelo Mallo, Aníbal Fernández y a Rudy Ulloa. En otro documento llegó a sumar a los diputados nacionales Rodolfo Tailhade y Agustín Rossi. Y hay referencias a El Destape, C5N y Pagina/12.
¿Cuál es el objetivo del oficialismo? Vincular a todos con las banda de D’Alessio a través de relaciones por demás tiradas de los pelos.
Según se desprende de las presentaciones, el régimen buscó armar una causa “espejo” a la de Dolores, impulsada por algunos de los imputados allí. Por caso, acusan al kirchnerismo de querer “obtener nulidades en las causas de corrupción más emblemáticas como las conocidas como causa de los cuadernos o la causa de la mafia de los contenedores” e “involucrar infundadamente en una supuesta red de espionaje político judicial” a Carrió. Es una contraofensiva que menciona la insólita hipótesis de que DAlessio es un “agente de inteligencia insertado por el kirchnerismo”.
Este expediente está teniendo múltiples usos. Por ejemplo: Juan Manuel Casanovas, mano derecha del Procurador General interino, Eduardo Casal, quien instruye en el Ministerio Público Fiscal el expediente más pesado contra Stornelli donde se analizan las 8 imputaciones que tiene en su contra, le pidió información a Bonadio de esta causa Puf. ¿Acaso buscó acercarle un salvavidas al fiscal rebelde?
Irregularidades
Este expediente tiene diversas irregularidades desde el inicio. Las escuchas que le dieron vida debían destruirse. Son audios ilegales. Y el juez del caso tenía que haber sido apartado. Es que el presidente de la Cámara Federal porteña, Martín “Doctrina” Irurzun, excluyó del sorteo de esta causa al juez Luis Rodríguez por estar mencionado en la primera denuncia de las “lilitas” Oliveto y Zuvic. Pero no tuvo el mismo accionar con Bonadio, a pesar de que estaba denunciado desde el comienzo en la causa de Dolores. Hoy investiga a quienes lo investigan.
Además, “Operación Puf” es una causa espejo de otra que tiene la dupla Luis Rodriguez (juez)-Jorge Di Lello (fiscal). Este segundo expediente, que también se nutre del mismo anónimo, se abrió antes que el de Bonadio por lo cual Rodríguez debiera acumular las dos pesquisas. Pero en tribunales es un hecho que ni Rodríguez ni Di Lello se inclinarán a pedir la inhibitoria a Bonadio porque quien define aquello es el mentado Irurzun y estiman que el presidente del tribunal de alzada le dejaría ambas investigaciones al "Dr. Glock".
Mentiras efectivas
Las denuncias de Carrió, en su mayoría, se desvanecen con el tiempo. Pero en el corto plazo, son efectivas. En tiempos electorales, no podemos olvidarnos de lo que sucedió con Aníbal Fernández y el Triple Crimen de General Rodríguez.
El martes pasado, el Consejo de la Magistratura desestimó una denuncia de la diputada contra un juez de la Casación Federal: Alejandro Slokar. Se trata de una acusación de la que se valió Carrió para desplazar, mediante un polémico formalismo, al magistrado que ya no podrá revisar el D’Alessiogate en la máxima instancia penal del país.
¿Qué dijo el consejo respecto a la denuncia de Carrió, el último martes? Que "no surge ninguna irregularidad en la actuación del magistrado que configure alguna de las causales de remoción ... ni falta disciplinaria alguna" como pedía la cofundadora de Cambiemos y resaltó que "la imputación formulada presenta una patente orfandad argumental y probatoria" por cuanto la "atribución tiene por único apoyo las elucubraciones subjetivas de quien la formula". No por falsa la denuncia fue menos efectiva.
Fuente: nota de Franco Mizrahi para El Destape web
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