Llamadas personales de arzobispos, Tedéum con nombres propios y hasta amenazas de muerte. Todo es válido para torcer la voluntad de los diputados que se manifestaron a favor y de los indecisos, los que definirán la votación, que se presenta virtualmente empatada.
En una disputa reñida, el debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo entró en el último tramo con un final aún incierto. Mientras las definiciones se aceleran al compás de la firma del dictamen que llegará el miércoles al recinto de la Cámara de Diputados -en una sesión que se prolongaría durante la madrugada y la mañana del jueves-, la Iglesia Católica redobló su presión sobre una decena de legisladores indecisos que pueden definir la votación a favor o en contra del proyecto impulsado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. A la presión en las redes sociales y los sermones de advertencia hacia los diputados por su voto, ahora se sumaron “llamadas personales de arzobispos y obispos para torcer la voluntad de los legisladores que se habían manifestado a favor de la iniciativa y que en algunos casos lograron quebrar”, según denunciaron legisladores que respaldan la despenalización del aborto. Una campaña antiderechos que arrancó abiertamente en el Tedeum por la Revolución de Mayo en la Catedral Metropolitana, avanzó como “escrache” en Tucumán y se extendió más sigilosa a las provincias de Salta, Santiago del Estero, Catamarca y Entre Ríos.
“Se está ejerciendo una gran presión sobre los diputados/as que están dispuestos a aprobar esta ley que consagra derechos. Sabemos que en nuestra historia, y gracias a aquellos que sufrieron presiones similares pero lograron resistirlas, pudimos consagrar derechos tan importantes como el voto universal, secreto y obligatorio; el sufragio femenino; la consolidación del sistema democrático; el divorcio vincular; la patria potestad compartida; y, en épocas más cercanas, el matrimonio igualitario y la Ley de Identidad de Género”, expresa un comunicado que no lleva firmas ni nombres propios, para esquivar esas presiones que denuncian y que se redoblaron en los últimos días, aunque aclara que se trata de diputadas y diputadas de las comisiones de Legislación General; Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia; Legislación Penal y Acción Social y Salud Pública “que apoyamos las diferentes iniciativas relativas a la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, y que luego de un proceso de intercambio de ideas, hemos logrado alcanzar un consenso sobre el contenido del dictamen que debemos despachar”.
El debate sobre la despenalización del aborto comenzó con los diputados divididos en tercios, entre los que acompañan la iniciativa, quienes se pronunciaron en contra y los indecisos. Los dos meses de debate en el plenario de las comisiones de Legislación General, Legislación Penal y Familia de la Cámara baja, por donde desfilaron más de 700 expositores, las masivas marchas por la legalización y las raleadas en contra, empezaron a definir otro panorama, en un debate histórico que cruza transversalmente a todas las representaciones políticas.
Los 70 diputados de todas las bancadas que respaldaron con su firma el proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito comenzaron a sumar adhesiones entre los indecisos. Los diputados que se oponen y que consideraban que la iniciativa no atravesaría con éxito la Cámara baja, asumieron con mayor compromiso su militancia por el rechazo.
Los sondeos previos de la mayoría de los periodistas y medios parlamentarios marcaron una paridad en los votos, con una leve ventaja a favor del rechazo -que oscila entre 8 y 10 votos de diferencia- pero con un nivel todavía muy alto de indecisos, que trepaba a una treintena de diputados.
Fue entonces que la campaña antiderechos reforzó sus presiones. No pocos diputados mostraban a sus pares las presiones y hasta amenazas que recibían en redes sociales y en sus propios celulares para que se pronuncien en contra de la despenalización del aborto, aunque preferían no denunciarlo y mantener el anonimato. Varios de ellos comenzaron a optar por la abstención en la votación y no pocos evalúan su ausencia en el recinto el miércoles.
Quienes figuraban en la lista de indecisos, pero ya habían tomado postura también eligieron el anonimato, con el objetivo de esquivar las presiones.
Entonces, miembros de la Iglesia creyeron que era el momento de aumentar la presión antiabortista. “La defensa del inocente que no ha nacido debe ser firme, clara y apasionada porque allí está en juego la dignidad”, dijo el cardenal y arzobispo de Buenos Aires, Mario Poli, frente a Mugrizio Macri Blanco Villegas, los principales funcionarios del régimen fascista y los presidentes de ambas Cámaras del Congreso durante el Tedeum por la Revolución de Mayo.
El arzobispo de Tucumán, Carlos Sánchez, aprovechó la fecha para lanzar un apriete. “Yo, Carlos Alberto, quiero llamarlos por su nombre a ustedes, Beatriz, Teresita, Gladys, Alicia, José Fernando, Facundo, Pablo, Marcelo y José, diputados tucumanos, para decirles que tienen un nombre porque tienen vida y tienen la responsabilidad que les ha confiado el pueblo tucumano: voten por la vida, por el cuidado y defensa de la vida de todo argentino porque vale toda vida”, dijo en el Tedeum provincial, como un escrache a los diputados tucumanos de todos los signos políticos: Beatriz Avila, Teresita Villavicencio, Gladys Medina, Alicia Sorarire, José Fernando Orellana, Facundo Garreton, Pablo Yedlin, Marcelo Santillán y José Cano.
Teresita Villavicencio expresó en declaraciones a FM La Patriada que “recibí presiones, pero voy a votar a favor del aborto legal. Mi experiencia con el aborto es anterior a asumir en la banca porque soy oficial de policía y cuando ejercía me enfrenté cara a cara con el aborto”.
Sin embargo, las modificaciones al texto original del proyecto en el marco del debate parlamentario y el diálogo con la sociedad civil sumaron más adhesiones a favor del proyecto. Con el movimiento de personas con discapacidad, “se acordó la referencia a la inviabilidad de vida extrauterina con el solo objeto de contemplar los casos de fetos que no pueden sobrevivir por fuera del útero materno”. Para asegurar a las mujeres un espacio de acompañamiento y escucha -previo y posterior a la realización de la IVE (Interrupción Voluntaria de Embarazo)- se incorporó el sistema de consejerías. En sintonía con lo dispuesto por el Comité de los Derechos del Niño, se reforzó la inclusión de los contenidos de educación sexual integral en todos los niveles educativos. El proyecto también crea un registro previo de objetores de conciencia entre los profesionales (“para garantizar el ejercicio de la libertad sin imponer creencias ni dogmas”), pero establece la obligación de los centros de salud de arbitrar todos los medios para garantizar la práctica.
Los cambios achicaron aún más las diferencias entre quienes votarían en contra y a favor del proyecto. También la cantidad de indecisos, que terminarán por definir la votación. Sobre estos últimos se lanzó una presión inédita.
Trascendió públicamente que el diputado tucumano Garreton (Cambiemos) recibió amenazas de muerte cuando el número de su celular personal comenzó a circular entre los llamados grupos “pro vida” de la provincia. El propio Daniel Lipovetzky (PRO), que preside el plenario de comisiones que discute el proyecto en la Cámara baja, reconoció y lamentó la “presión” de grupos religiosos y antiabortistas sobre los diputados indecisos. “Sí, hay mucha presión, sobre todo en el interior”, dijo en una entrevista radial.
Para evitar los escándalos públicos, miembros de la iglesia lanzaron ahora una campaña de presión cuerpo a cuerpo sobre una decena de indecisos, con llamadas personales a cada uno de ellos. Arzobispos y obispos son los encargados de telefonear a los legisladores para que voten en contra del proyecto. Así lo hicieron saber varios diputados de Salta, Santiago del Estero, Catamarca y Entre Ríos a sus propios pares.
La presidencia de la Cámara de Diputados, que maneja el macrifascista Emilio Monzó, cuenta con sondeos de opinión sobre el respaldo a la legalización del aborto ante una Cámara que se considera “sensible a las expresiones populares”. Los números, según esos datos, muestran un “gran respaldo” en los centros urbanos de todo el país y en toda la Patagonia. El nivel de adhesión disminuye a medida que se amplía la distancia de las grandes ciudades y concentra la mayor resistencia en las provincias del norte del país. Algo que no se les escapa a los inquisidores clérigos norteños para ejercer la presión de la Iglesia sobre los diputados.
Fuente: nota de Miguel Jorquera para Página/12
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