La réplica no tardó en llegar. Paso a paso, mes a mes, la durísima batalla que enfrenta al régimen con los Moyano escala sin precedentes. A menos de 24 horas del paro camionero del 14 de junio, el Ministerio de Trabajo abrió dos "procesos sancionatorios" contra el Sindicato de Choferes de Camiones por incumplimiento de dos conciliaciones obligatorias.
"Había una conciliación obligatoria dictada y se constató a través de los inspectores del Ministerio de Trabajo que el Sindicato de Camioneros la incumplió, por lo cual se inició un proceso sancionatorio", informaron fuentes oficiales.
Ese trámite prevé el pago de entre 50% y 2.000% del Salario Mínimo, Vital y Móvil vigente al momento de la infracción por cada trabajador afectado. Si se tiene en cuenta que el sueldo mínimo se ubica en $ 9.500 y que Sichoca posee alrededor de 200.000 afiliados, el piso de la multa será de $ 950 millones.
Sin embargo, la sanción podría duplicarse. "Hay otra conciliación obligatoria dictada a fines del año pasado, que también fue incumplida por el gremio. Son dos los proceso y va a haber dos multas diferentes", afirmaron desde la cartera laboral. En ese caso, el piso de la multa se eleva a $ 1.900 millones, un monto que ninguna organización sindical en la Argentina está en condiciones de afrontar.
En Trabajo no dan cifras. "Los procesos están en curso", justifican, aunque ratifican que si son dos multas el monto se duplica.
La guerra entre Mauricio Macri y los Moyano se declaró el 3 de febrero pasado, aunque las quejas de los sindicalistas padre e hijo venían de antes, con el impulso de la reforma laboral y el techo a las paritarias. Bajo el manto eclesiástico, los camioneros aglutinaron a diversos sectores gremiales, sociales y políticos opositores y armaron la masiva convocatoria del 21 de febrero a la 9 de Julio, piedra fundacional de la Multisectorial 21F, que ya tiene presencia en la mayoría de las provincias argentinas y promete ser el soporte electoral de Pablo Moyano para las elecciones que se vienen, en la CGT y en 2019.
Abierta la paritaria 2018 con los empresarios del transporte de carga, los Moyano reclamaron un aumento por encima de la inflación. FADEEAC ofreció 15% en cuotas y lo rechazaron. Piden 27%. Con esa premisa, la semana convocaron a asambleas en todas las ramas para definir una medida, que finalmente se anunció el miércoles 6 de junio a la vera de la Ruta N° 3.
Dos días antes del acto en la autopista Buenos Aires - Cañuelas, el Ministerio de Trabajo difundió una resolución donde instó a los gremialistas a no realizar medidas de fuerza, ni asambleas o paros sorpresivos. "Dicho conflicto afecta el giro comercial normal de las empresas agrupadas por la Federación y excede el ámbito propio de las mismas, en especial atención a la actividad que las empresas desarrollan para la promoción de la actividad industrial y comercial del país", sostuvo el escrito.
"Por consiguiente resulta necesario disponer las medidas pertinentes para promover una solución pacífica y legal conflicto planteado, en el marco de la competencia de esta Autoridad", agregó el documento. Pero Sichoca lo impugnó, no lo reconoció oficialmente y concretó el paro igualmente. "No hubo tal conflicto la semana pasada así que podemos perfectamente hacer paro el jueves", el abogado Hugo Antonio Moyano, hijo del cacique cegetista.
Fuentes laborales admiten que si los camioneros no pagan, podría avanzar un pedido de quiebra y la consecuente pérdida de la personería gremial. Antes de llegar a eso, la batalla pasará a la Justicia.
Los abogados de Sichoca aseguran que al gremio "no llegó ninguna multa, ni citación ni nada". Con la guardia en alto y bajo la amenaza de ampliar al martes y miércoles el tercer paro de general de la CGT a Macri Blanco Villegas previsto para el próximo lunes, deslizan por lo bajo una respuesta amenazante a las millonarias multas: "imaginate lo que puede pasar si llegan".
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