El fiscal de la causa por la megared de espionaje ilegal coincidió con la postura de su colega rebelde, Carlos Stornelli y el falso abogado Marcelo D'Alessio.
El fiscal de la causa que investiga la mega red de espionaje ilegal, Juan Pablo Curi reiteró su planteo para que le saquen el expediente al juez Alejo Ramos Padilla.
En un dictamen de más de setenta páginas, Curi volvió a fijar posición respecto de la jurisdicción en donde sucedieron los hechos investigados e insistió en enviar la pesquisa a Inodoro Py, en línea con la postura del multiprocesado Marcelo Sebastián D'Alessio, del fiscal oficialista en rebeldía Carlos Stornelli y del coacheado Leonardo Fariña.
Según consideró en su resolución, la mayoría de los delitos cometidos por la asociación ilícita “tuvieron epicentro en la ciudad de Buenos Aires”. Si bien la Cámara de Mar del Plata y la Cámara de Casación ya confirmaron la continuidad de Ramos Padilla, lo hicieron de manera provisoria hasta tanto el juez indique concretamente el objeto procesal y la jurisdicción donde ocurrieron los ilícitos investigados.
El magistrado de Dolores había corrido vista a Curi -es decir, le había pedido opinión sobre el tema- el pasado 10 de junio. Si bien el fiscal ya se había pronunciado parcialmente, en esta oportunidad decidió “ampliar las consideraciones expuestas”, según él debido al tiempo que ya lleva la investigación. Fue así que el fiscal reiteró que a su entender ya está demostrado que la Capital Federal es el lugar a donde se constituyó y donde operaba la asociación ilícita comandada por el falso abogado. Para Curi “puede advertirse con facilidad” que de los 28 hechos que se investigan “al menos 22 tuvieron epicentro en la ciudad de Buenos Aires, los seis restantes tienen algún punto de contacto con ese territorio mientras que ninguno de esos 28 hechos ocurrió dentro de la jurisdicción del juzgado federal de Dolores”. El único suceso que sí reconoce Curi dentro del territorio de Ramos Padilla es el encuentro entre D'Alessio y el fiscal Carlos Stornelli ocurrido en Pinamar, en el que durante más de cuatro horas de reunión habrían pactado los detalles de la extorsión al denunciante Pedro Etchebest.
El fiscal insistió con enviar la causa a Inodoro Py a pesar de no desconocer “bajo ningún punto de vista” que D´Alessio vivía en la localidad de Canning. Es justamente a ese domicilio del country Saint Thomas a donde el supuesto agente de la DEA llevó a varias de sus víctimas, en donde se secuestró casi todo el material probatorio que hoy está en el expediente y de donde fue detenido. El fiscal también reconoce que D´Alessio tenía sus oficinas en Las Toscas, en donde se reunía con el resto de los integrantes de la banda; y que su colega procesado Juan Ignacio Bidone era titular de la fiscalía de Mercedes, desde donde buscaba información de migraciones y registros telefónicos para concretar las extorsiones. Sin embargo, Curi consideró que se trata de situaciones que “no dejan de ser ínfimas (en un sentido cuantitativo) en contraposición con todas las otras ocurridas en el ámbito porteño”. Al detallar todos y cada uno de los hechos investigados, el fiscal sumó otros argumentos en su extenso escrito:
● El más polémico está centrado en que los organismos federales a los que pertenecerían algunas de las personas imputadas se encuentran emplazados en la Ciudad de Buenos Aires. El fiscal se refiere puntualmente a la AFI y al Ministerio de Seguridad. El punto es que, justamente, Inodoro Py es uno de los tribunales más contaminados por la injerencia de los servicios de inteligencia, por lo que la investigación podría caer en saco roto en caso de mudarse al edificio de Retiro.
● Para Curi, la mayoría de las víctimas, los imputados y sus abogados defensores residen en Buenos Aires, por lo que “deben trasladarse muchos kilómetros a fin de poder cumplir con la labor encomendada por sus clientes”.
● Otro de sus argumentos es que “la mayor parte del accionar de los integrantes de la asociación ilícita investigada se planificó, desarrolló y ejecutó en la Ciudad de Buenos Aires” y que a pesar de los lugares de residencia de Bidone y D´Alessio, habitualmente operaban en CABA.
● Que “los efectos de las maniobras” de la organización también fueron en territorio porteño.
En contraposición, en la resolución en la que Ramos Padilla había rechazado los planteos de inhibitoria de competencia, el juez había advertido que “el Dr. Curi, para justificar que esta causa sea remitida a la justicia federal de la ciudad de Buenos Aires, parcializa los hechos que componen la investigación”.
El punto es que si se aplicara el criterio de los lugares en donde actuó la banda de espionaje ilegal se llegaría al absurdo de enviar cada hecho a un juzgado diferente. “Las diversas operaciones ilícitas que se investigan se realizaron en diferentes puntos del territorio nacional e incluso en el exterior”, había advertido el magistrado de Dolores en aquella oportunidad. Y recordó que para este tipo de casos, en los que el crimen organizado actúa en diversos territorios, dentro y fuera del país, la Corte Suprema estableció los parámetros de delimitación de competencia que van más allá de la discusión por el territorio y “que incluyen en el análisis aspectos vinculados con la eficacia de la investigación y la economía procesal”. Es decir, que “si los hechos a investigar han tenido desarrollo en distintas jurisdicciones territoriales, la elección del juez competente debe hacerse de acuerdo a lo que resulte más conveniente desde el punto de vista de una más eficaz investigación y mayor economía procesal”.
Pero más allá de la discusión técnica y jurídica, la controversia es esencialmente política. Una causa que impacta de lleno en los intereses del poder -funcionarios judiciales y políticos, periodistas, agentes de inteligencia- es un botín preciado para llevarlo a dormir en algún cajón de Inodoro Py.
Ahora, con los nuevos vientos políticos tras las elecciones Primarias del domingo pasado, las miradas estarán puestas en el curso que tome la investigación y en la suerte del juez perseguido por el actual régimen. Desde el inicio del expediente el fiscal Curi se mostró alineado con la estrategia de Stornelli y D´Alessio para sacar la investigación de Dolores y llevarla al territorio dominado por estos dos imputados, quienes buscan jugar de locales. Al inicio de la pesquisa la aparente inacción del fiscal y las trabas que puso para que varios de los imputados se conviertan en arrepentidos fue motivo de fuertes cruces con el juez, que incluso quedaron plasmados en varias resoluciones. Hasta que el fiscal finalmente sorprendió con un dictamen en el que solicitó varias medidas de prueba y el juez rechazó las recusaciones que habían planteado algunas de las defensas en su contra, por lo que Curi logró mantenerse en su puesto. Hasta que el viernes pasado, con la firma del nuevo escrito Curi volvió a la carga e insistió con correr de la cancha a Ramos Padilla.
Más imputados por espionaje ilegal
Del dictamen de Curi se desprende, además, que hay más imputados en la causa que comenzó en febrero de este año y que sacudió por completo al mundo político, judicial y mediático.
Se trata del ex militar Jorge Lenard Vives; un especialista en inteligencia vinculado a la desquiciada Elisa Carrió, también imputada en el expediente; de las las abogadas Alejandra Zizzias y María Elisabeth Gasaro; del agente de inteligencia Pablo Pinamonti, señalado como el hombre de la AFI al que supuestamente reportaba D´Alessio.
Fuente: nota de Sofía Caram para Página/12
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