El presidente de la Cámara de Casación es investigado por haber ordenado ilegalmente la detención de una secretaria del tribunal, a quien además dejó incomunicada acusándola de desobediencia.
El presidente de la Cámara de Casación, Juan Carlos Gemignani, deberá declarar el 22 de mayo a las 10 de la mañana ante la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura bajo una figura que equivale a una indagatoria por haber ordenado la detención de una secretaria del tribunal, a quien además dejó incomunicada acusándola de desobediencia.
La reunión de consejeros y consejeras que desembocó en una decisión unánime, fue bien temprano a la mañana y estuvo rodeada por una movilización de trabajadoras de distintos ámbitos del sistema judicial. El dictamen que propone sancionar al juez había sido presentado por la senadora radical Inés Brizuela y Doria y se refería a la ilegalidad de la medida que había tomado Gemignani pero algunos integrantes de la Comisión así como una representante de la Unión de Empleados de la Justicia (UEJN), que también expuso en nombre de la víctima, advirtieron que le faltaba perspectiva de género, que finalmente fue añadida en el dictamen votado.
“Advertimos que el dictamen omite analizar los cuestionamientos planteados por la UEJN, vinculados con el abuso de poder que ejerció el doctor Juan Carlos Gemignani sobre una funcionario mujer, en el marco de una relación de poder desigual en el ámbito público, que afectó la libertad, la dignidad y la integridad psicológica de la damnificada. También se omiten referencias a los instrumentos legales de protección de la mujer”, dijo la delegada Carolina Lospenatto, y explicó que estos planteos figuraban en un dictamen previo del ex consejero Luis Cabral.
La Unión de Empleados Judiciales había presentado la denuncia ya en 2016, cuando en plena feria Gemignani ordenó a dos policías que arrestaran a la secretaria Amelia Expucci, que quedó presa durante una tarde en una dependencia policial de Inodoro Py, incomunicada. La mujer no dependía de Gemignani, sino que trabajaba con otro de los jueces de Casación. Gemignani le ordenó hacer un inventario en la sala de videoconferencias (que se usa para audiencias orales a distancia) del material tecnológico que había allí y que había enviado el Ministerio de Planificación en tiempos de Julio De Vido. El juez, creían todos en el tribunal, quería generar polémica y apuntarle a su colega Ana María Figueroa, que había recibido ese material. Lo cierto es que Expucci planteó que la feria no estaba habilitada para esa tarea, o que debía autorizarla su jefe. La respuesta de Gemignani fue acusarla de desobediencia y mandarla a detener.
Cuando pidió la palabra la diputada y Consejera Graciela Caamaño dijo que hacía suya la explicación de la representante de la UEJN y pidió la incorporación al dictamen de la perspectiva de género y el señalamiento de la violación de la Ley de Protección Integral a las Mujeres, la ley que aprobó la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la Mujer, más conocida como Belem do Pará.
Lospenatto había planteado que esas omisiones “generan una disparidad de argumentos entre la víctima y el acusado, que refuerzan la posición del magistrado, dejando vacía de contenido la denuncia de la empleada”.
El consejero representante de los jueces Alberto Lugones, también se refirió a esos tratados y recordó que “los Estados están obligados a investigar hechos que pueden constituir violencia de género” y que por lo tanto corresponde citar a Gemignani a dar explicaciones. Después de un cuarto intermedio, a los argumentos de Brizuela y Doria, los consejeros y consejeras decidieron agregar el enfoque de género, en función de los derechos de las mujeres. El dictamen original de Brizuela y Doria proponía una sanción disciplinaria y se limitaba a decir que no había razones para la detención de Expucci, tampoco tenía competencia el camarista Gemignani para eso, y que para colmo luego argumentó que volvería a hacerlo durante la causa penal en su contra. Para la senadora es un mecanismo, inclusive, para infundir temor en el resto de los funcionarios y empleados.
¿Por qué resucitó este debate en el Consejo en estos días, después de tanto tiempo? Son varias cuestiones. Expucci había hecho una denuncia penal por la privación ilegal de su libertad y el juez Rodolfo Canicoba Corral resolvió el mes pasado procesar por ese delito a los dos policías que la llevaron detenida, Ricardo Celestino Contrera y Jorge Luis Iriarte. Pero se daba la insólita situación de que Gemignani había conseguido que lo sobreseyera la Sala I de la Cámara Federal sin haber pasado por una indagatoria. El juez sostenía que estaba ante un delito en flagrancia y el tribunal lo respaldó. Pero la resolución de Canicoba Corral afirmaba que “la orden de detención que dispuso el doctor Gemignani era ilegal” y tampoco tenía jurisdicción para actuar si creía estar ante un delito en flagrancia. Por ende, envió el fallo al Consejo de la Magistratura, donde ya tramitaba la denuncia de la UEJN. En la misma causa Gemignani había llegado al extremo de recusar a la fiscal Paloma Ochoa, que había pedido su indagatoria, por haber participado de una de las movilizaciones del colectivo Ni Una Menos, que tuvo su expresión en Inodoro Py.
A todo esto se sumó una reciente pelea dentro de la Cámara de Casación, en una reunión de superintendencia, donde Gemingani echó a los gritos a su colega Liliana Catucci y repitió la escena en un encuentro posterior.
Luego un plenario extraordinario debatió sacar al juez de la presidencia del tribunal. Los camaristas quedaron seis votos contra seis, y Carlos Mahiques -vicepresidente- logró el salvataje de su colega con el doble voto.
En la Comisión basta con una mayoría simple para definir una citación. Ayer no estaban todos los consejeros y consejeras. Pero bastaban con los presentes. Decidieron citar al presidente del tribunal penal más alto los consejeros Lugones, Caamaño, el diputado Pablo Tonelli, la senadora Brizuela y Doria y el juez Juan Manuel Culotta. Gemignani no tiene la obligación de presentarse personalmente, puede mandar un escrito. El Colectivo de Mujeres Trabajadoras de Comodoro Py, la Colectiva de Ministerio Público de la Defensa (mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales y no binaries), la UEJN y otras organizaciones celebraron la decisión como una trabajosa conquista.
Fuente: nota de Irina Hauser para Página/12
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