Juan Carlos Gemignani, el juez está siendo juzgado por violencia de género en el Consejo de la Magistratura, renunció a la presidencia de la Cámara de Casación

El magistrado de origen radical había quedado al borde del desplazamiento por ordenar arbitrariamente la detención de una secretaria. En su lugar asumirá Carlos Mahíques, ex ministro de Justicia de María Eugenia Vidal.

El juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Juan Carlos Gemigniani, renunció ayer a la mañana a la presidencial de ese tribunal, acorralado por las denuncias de violencia de género y otros escándalos que protagonizó en los últimos tiempos. 

El magistrado presentó su dimisión ante el plenario de 10 integrantes de la Cámara, que se reunió de manera urgente para evaluar su situación. El cuerpo le aceptó la renuncia y en su lugar asumirá desde el lunes Carlos Mahiques, ex ministro de Justicia de María Eugenia Vidal, designado a dedo por la Casa Rosada.

Gemigniani había presentado esta semana un descargo por escrito ante el Consejo de la Magistratura, en donde la Comisión de Disciplina lo había citado para que diera explicaciones por haber ordenado la detención de una secretaria por desobedecer una orden suya. 

En el texto intentó justificarse diciendo que actuó "bajo error". Los argumentos fueron considerados por la mayoría de sus pares como insuficientes e incluso hubo quienes llegaron a plantear que mostraron desconocimiento del Derecho y las circunstancias para ordenar un arresto.

A la reunión realizada ayer por la mañana asistieron 10 de los 13 integrantes de Casación, quienes decidieron aceptarle a la renuncia a Gemignani, quien no estuvo presente en la deliberación. Mahiques ocupaba la vicepresidencia del Tribunal, así que quedó en su reemplazo.

El plenario fue convocado el jueves por siete jueces del tribunal para "tratar la continuidad en el cargo del presidente del cuerpo y su consecuencia". El plenario comenzó a las 9, hubo un cuarto intermedio y finalizó poco después de las 11.30, en el primer piso de los tribunales federales de Retiro. Los convocantes al plenario fueron los camaristas Javier Carbajo, Ángela Ledesma, Ana María Figueroa, Alejandro Slokar, Guillermo Yacobucci, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky.

El juez Juan Carlos Gemignani presentó su descargo ante el Consejo de la Magistratura ante las acusaciones por violencia de género

El presidente de la Cámara Federal de Casación dijo que encerró a una secretaria por "error", convencido de que estaba ante "un ilícito de extrema gravedad". Dijo que no hace diferencias "con arreglo al género".

El presidente de la Cámara Federal de Casación, Juan Carlos Gemignani, se defendió de la acusación en su contra que analiza el Consejo de la Magistratura por haber detenido ilegalmente e incomunicado a una secretaria del tribunal, un caso enmarcado en la violencia de género. A través de un escrito dirigido al presidente de la comisión, el senador sorete Miguel Ángel Pichotto, solicitó que se lo absuelva de “toda sanción administrativa” ya que, sostuvo, actuó "convencido” de encontrarse “frente a un ilícito de extrema gravedad" -aunque no explicó cómo llegó a esa conclusión-; admitió que su procedimiento fue un “error” pero libre de toda responsabilidad penal. Es decir, un hombre al que el Estado le confiere la potestad de juzgar a sus pares admite que ordenó encerrar a una mujer por error y, sin más, solicita indulgencia para seguir en sus funciones. 

El descargo de Gemignani es equivalente a una declaración indagatoria y responde a un dictamen presentado ante la Comisión de Disciplina y Acusación del organismo, que regula el comportamiento de los jueces, por la senadora radical Inés Brizuela y Doria, quien había denunciado al camarista por haber detenido e incomunicado a una secretaria que discutió una orden del juez.

El hecho ocurrió hace tres años durante la feria judicial de invierno, cuando Gemignani le ordenó a la secretaria Amelia Expucci que hiciera un inventario de un material supuestamente enviado por el Ministerio de Planificación Federal a la camarista Ana María Figueroa, con el objetivo de determinar si existía delito. Expucci le preguntó si la feria estaba habilitada para esa tarea y le comunicó que tal orden debía autorizarla su propio jefe. Ante esta respuesta, Gemignani repartió advertencias entre otros empleados y terminó ordenando a dos policías de Inodoro Py que detuvieran a la mujer por desobedecerlo. La dejaron presa en una dependencia detrás del edificio de los tribunales de Retiro, hasta que el juez Marcelo Martínez de Giorgi levantó la incomunicación.

Ahora, el juez de Casación aseguró ante el Consejo de la Magistratura que su interpretación sobre la conducta de Expucci fue que equivalía a "desobediencia a la autoridad y encubrimiento", delitos que "tienen prevista pena privativa de la libertad” y que, por tanto, “debía proceder a la aprehensión y puesta a disposición del juez de turno". En ese sentido, se amparó en el fallo que la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal, que lo sobreseyó por los mismos hechos al considerar que había procedido sin abuso de poder, pero con “aparente exceso no intencional en la creencia de que estaba cumpliendo con su deber". 

“He actuado bajo error que elimina interpretar intencionalidad antijurídica a mi conducta", agregó en el escrito el impresentable magistrado.

Lo que no citó Gemignani fue la consideración que hizo el juez Mariano Llorens cuando la Cámara Federal trató el caso. "Esa actitud arbitraria, impropia y avasallante de la investidura con que ha sido distinguido el juez Gemignani por el Estado argentino, contrasta con el decoro, la mesura, la razón, el respeto, la prudencia y la tolerancia que deben estar ínsitos en quienes decidimos sobre los bienes y la libertad de los ciudadanos en un país democrático. Y también con los principios y estándares (inclusive morales y éticos) que buscan jerarquizar la tarea del juzgador".

Gemignani también intentó sacarse de encima la lectura con perspectiva de género desde la que, no sin previa insistencia de parte de colectivos gremiales, el dictamen en su contra enmarcó la conducta evaluada. Así, se escudó en que la orden por la que encarceló a la secretaria judicial estuvo destinada "tanto a mujeres como a hombres” lo cual “da por tierra definitivamente” la interpretación de su conducta como “expresión de injustificada supremacía de género". 

"No he realizado ni realizo diferencias de trato con funcionarios ni empleados con arreglo al género y no hubiera resultado distinto mi proceder si la secretaría de feria hubiera estado a cargo de un hombre”, argumentó.

De esta forma, Gemignani dio por cumplida su comparecencia ante la Comisión de Disciplina y y Acusación de la Magistratura en el marco del trámite administrativo que se le sigue por presuntas "faltas disciplinarias". Como no acudió de manera presencial, la Comisión levantó la reunión prevista para oírlo y evaluará cómo procede. En primer lugar, según fuentes de la institución, evaluará en un encuentro el próximo martes si suma testimonios -algunos propuestos por el propio camarista en su descargo-. A partir de entonces, tendrá veinte días hábiles para determinar si le impone algún tipo de sanción disciplinaria, impulsa el jury de enjuiciamiento en su contra o desestima la denuncia.

En su escrito, desde ya, Gemignani solicita que se lo absuelva, pedido que acompaña con una advertencia: "Las facultades directivas y disciplinarias de los magistrados federales , indispensables para el desarrollo pertinente de la función jurisdiccional, se verán gravemente menoscabadas si resultara una sanción como corolario de este procedimiento". Por último, se reservó el derecho a recurrir ante la Corte Suprema si el Consejo no le da la razón.

El Consejo de la Magistratura citó a declarar al camarista Gemignani por violencia de género

El presidente de la Cámara de Casación es investigado por haber ordenado ilegalmente la detención de una secretaria del tribunal, a quien además dejó incomunicada acusándola de desobediencia.

El presidente de la Cámara de Casación, Juan Carlos Gemignani, deberá declarar el 22 de mayo a las 10 de la mañana ante la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura bajo una figura que equivale a una indagatoria por haber ordenado la detención de una secretaria del tribunal, a quien además dejó incomunicada acusándola de desobediencia.

La reunión de consejeros y consejeras que desembocó en una decisión unánime, fue bien temprano a la mañana y estuvo rodeada por una movilización de trabajadoras de distintos ámbitos del sistema judicial. El dictamen que propone sancionar al juez había sido presentado por la senadora radical Inés Brizuela y Doria y se refería a la ilegalidad de la medida que había tomado Gemignani pero algunos integrantes de la Comisión así como una representante de la Unión de Empleados de la Justicia (UEJN), que también expuso en nombre de la víctima, advirtieron que le faltaba perspectiva de género, que finalmente fue añadida en el dictamen votado.

“Advertimos que el dictamen omite analizar los cuestionamientos planteados por la UEJN, vinculados con el abuso de poder que ejerció el doctor Juan Carlos Gemignani sobre una funcionario mujer, en el marco de una relación de poder desigual en el ámbito público, que afectó la libertad, la dignidad y la integridad psicológica de la damnificada. También se omiten referencias a los instrumentos legales de protección de la mujer”, dijo la delegada Carolina Lospenatto, y explicó que estos planteos figuraban en un dictamen previo del ex consejero Luis Cabral.

La Unión de Empleados Judiciales había presentado la denuncia ya en 2016, cuando en plena feria Gemignani ordenó a dos policías que arrestaran a la secretaria Amelia Expucci, que quedó presa durante una tarde en una dependencia policial de Inodoro Py, incomunicada. La mujer no dependía de Gemignani, sino que trabajaba con otro de los jueces de Casación. Gemignani le ordenó hacer un inventario en la sala de videoconferencias (que se usa para audiencias orales a distancia) del material tecnológico que había allí y que había enviado el Ministerio de Planificación en tiempos de Julio De Vido. El juez, creían todos en el tribunal, quería generar polémica y apuntarle a su colega Ana María Figueroa, que había recibido ese material. Lo cierto es que Expucci planteó que la feria no estaba habilitada para esa tarea, o que debía autorizarla su jefe. La respuesta de Gemignani fue acusarla de desobediencia y mandarla a detener.

Cuando pidió la palabra la diputada y Consejera Graciela Caamaño dijo que hacía suya la explicación de la representante de la UEJN y pidió la incorporación al dictamen de la perspectiva de género y el señalamiento de la violación de la Ley de Protección Integral a las Mujeres, la ley que aprobó la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la Mujer, más conocida como Belem do Pará.

Lospenatto había planteado que esas omisiones “generan una disparidad de argumentos entre la víctima y el acusado, que refuerzan la posición del magistrado, dejando vacía de contenido la denuncia de la empleada”.

El consejero representante de los jueces Alberto Lugones, también se refirió a esos tratados y recordó que “los Estados están obligados a investigar hechos que pueden constituir violencia de género” y que por lo tanto corresponde citar a Gemignani a dar explicaciones. Después de un cuarto intermedio, a los argumentos de Brizuela y Doria, los consejeros y consejeras decidieron agregar el enfoque de género, en función de los derechos de las mujeres. El dictamen original de Brizuela y Doria proponía una sanción disciplinaria y se limitaba a decir que no había razones para la detención de Expucci, tampoco tenía competencia el camarista Gemignani para eso, y que para colmo luego argumentó que volvería a hacerlo durante la causa penal en su contra. Para la senadora es un mecanismo, inclusive, para infundir temor en el resto de los funcionarios y empleados.

¿Por qué resucitó este debate en el Consejo en estos días, después de tanto tiempo? Son varias cuestiones. Expucci había hecho una denuncia penal por la privación ilegal de su libertad y el juez Rodolfo Canicoba Corral resolvió el mes pasado procesar por ese delito a los dos policías que la llevaron detenida, Ricardo Celestino Contrera y Jorge Luis Iriarte. Pero se daba la insólita situación de que Gemignani había conseguido que lo sobreseyera la Sala I de la Cámara Federal sin haber pasado por una indagatoria. El juez sostenía que estaba ante un delito en flagrancia y el tribunal lo respaldó. Pero la resolución de Canicoba Corral afirmaba que “la orden de detención que dispuso el doctor Gemignani era ilegal” y tampoco tenía jurisdicción para actuar si creía estar ante un delito en flagrancia. Por ende, envió el fallo al Consejo de la Magistratura, donde ya tramitaba la denuncia de la UEJN. En la misma causa Gemignani había llegado al extremo de recusar a la fiscal Paloma Ochoa, que había pedido su indagatoria, por haber participado de una de las movilizaciones del colectivo Ni Una Menos, que tuvo su expresión en Inodoro Py.

A todo esto se sumó una reciente pelea dentro de la Cámara de Casación, en una reunión de superintendencia, donde Gemingani echó a los gritos a su colega Liliana Catucci y repitió la escena en un encuentro posterior.

Luego un plenario extraordinario debatió sacar al juez de la presidencia del tribunal. Los camaristas quedaron seis votos contra seis, y Carlos Mahiques -vicepresidente- logró el salvataje de su colega con el doble voto.

En la Comisión basta con una mayoría simple para definir una citación. Ayer no estaban todos los consejeros y consejeras. Pero bastaban con los presentes. Decidieron citar al presidente del tribunal penal más alto los consejeros Lugones, Caamaño, el diputado Pablo Tonelli, la senadora Brizuela y Doria y el juez Juan Manuel Culotta. Gemignani no tiene la obligación de presentarse personalmente, puede mandar un escrito. El Colectivo de Mujeres Trabajadoras de Comodoro Py, la Colectiva de Ministerio Público de la Defensa (mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales y no binaries), la UEJN y otras organizaciones celebraron la decisión como una trabajosa conquista.

Fuente: nota de Irina Hauser para Página/12