El procesamiento sin prisión preventiva fue dictado por el juez federal Luis Rodríguez. El magistrado también procesó a los espías Rolando Barreiro y Claudio Álvarez.
El juez Federal Luis Rodríguez procesó al fiscal suspendido Juan Ignacio Bidone y a los espías Rolando Barreiro y Claudio Álvarez, por la extorsión al empresario aduanero Gabriel Traficante.
El magistrado entendió que no hay peligro de fuga ni de entorpecimiento de la investigación, por lo que los procesamientos fueron dictados sin prisión preventiva. En su resolución, Rodríguez no se subió a la doctrina Irurzun y destacó que las preventivas sólo deben ser utilizadas de manera “excepcional”.
Este es el primer procesamiento para Bidone. El juez Alejo Ramos Padilla también podría procesarlo en la causa madre por la red de espías ilegales que cursa en Dolores a partir de la denuncia del empresario Pedro Etchebest por la extorsión del falso abogado Marcelo D'Alessio.
Para el juez Rodríguez “se tiene por acreditado que Marcelo D'Alessio (procesado con prisión preventiva el pasado 6 de marzo en este mismo expediente) se contactó con Gabriel Traficante y, bajo la presión de que podría parar el desarrollo de una “investigación irregular” en su contra (...) le exigió el pago de distintas sumas de dinero”.
Lo que afirma el magistrado en su resolución conocida esta mañana es que la extorsión y reiteradas amenazas tuvieron lugar “gracias a la información privilegiada brindada a D'Alessio relativa a los registros telefónicos del Sr. Traficante. Que junto con otros elementos obtenidos por D'Alessio, como los dominios de dos vehículos que según le dijo a Traficante lo estarían persiguiendo, datos que lo implicarían al intimado en la investigación conocida como “la mafia de los contenedores” y de la actividad periodística de Daniel Santoro que implicaría públicamente a Traficante en dicha pesquisa, se lo coaccionó con el objeto que le entregue sumas dinerarias”.
Según relató Traficante en su denuncia, el 2 de noviembre de 2016 su amigo Alejandro Morilla se comunicó para decirle que Marcelo D'Alessio quería verlo. Que, dado que ambos vivían en el Country Saint Thomas, se reunieron en la casa del falso abogado. En ese encuentro D'Alessio le dijo que existía una investigación en su contra en la cual lo investigarían por irregularidades con la supuesta “mafia de los contenedores”. Y que para mejorar su situación le ofrecía eliminar la evidencia que supuestamente lo complicaba. Lo que D'Alessio decía que podía hacer era borrar los registros de llamadas de su teléfono celular, ostentando que tenía el poder y los medios para hacerlo, gracias a su cargo de Director de Observaciones Judiciales en la Agencia Federal de Inteligencia. Según el empresario, D'Alessio le pidió a cambio 90 mil dólares. Pero con el correr de los días esa suma se fue incrementando notablemente, al igual que las constantes amenazas e intimidaciones.
El juez Rodríguez resalta en su resolución que la extorsión a Traficante incluyó la amenaza de publicar notas por parte del periodista Daniel Santoro en el pasquín ultraoficialista Clarín “que podrían arruinar su reputación” y que incluso fue mencionado por Luis Majul en el programa “La Cornisa” el 27 de noviembre de 2016. Según relató otro testigo citado por el juez en el auto de procesamiento “D'Alessio le decía que al día siguiente Daniel Santoro publicaría una nota en el diario Clarín vinculando a Gabriel Traficante en la causa de la 'mafia de los contenedores' y que él todavía estaba a tiempo de decirle a Santoro que bajara su nombre del artículo periodístico en cuestión”. Ante ello, manifestó que “lo llamó a Traficante para avisarle lo que le había dicho D'Alessio. Que Traficante le dijo que haga lo que quiera, que no le creía. Que se sorprendió porque al día siguiente efectivamente salió una nota en el diario Clarín vinculando a Gabriel Traficante con la mafia de los contenedores”. La nota aún puede encontrarse en la web del pasquín de Magnetto, con la firma de Santoro
“Las explicaciones de Bidone escapan a toda racionalidad”
El juez Luís Rodríguez procesó al fiscal suspendido como partícipe necesario de la extorsión en grado de tentativa. Lo considera de partícipe necesario del hecho. Además, por abuso de autoridad y por llevar adelante tareas de inteligencia prohibidas por la ley. El magistrado consideró que la extorsión a Traficante no podría haberse realizado sin la participación de Bidone, quien le entregó a D'Alessio los listados con los registros de llamadas y de migraciones del aduanero. Rodríguez detalló que “vía la aplicación de mensajería WhatsApp, el lunes 7/11/2016 a las 13:49 pm, D'Alessio desde su teléfono celular remitió al teléfono de Gabriel Traficante, una imagen con la información del listado de llamados entrantes y salientes del teléfono de Traficante que le fuera proporcionada Bidone, ello bajo la falsa referencia de que aquella había sido requerida en la investigación conocida como la 'mafia de los contenedores' en el fuero Penal Económico, en la cual se habrían 'plantado' elementos para involucrarlo irregularmente”.
El fiscal afirma que actuó de buena fe y que fue engañado por Marcelo D'Alessio, a quien le creyó que efectivamente era un agente de la AFI y que trabajaba de manera legal. Pero para el juez Rodríguez “las explicaciones de Bidone escapan a toda racionalidad posible y solo pueden considerarse como meros intentos de mejorar su situación procesal” y su versión de los hechos es “inverosímil”
Barreiro
El espía Rolando Barreiro, también procesado y preso por orden del juez Alejo Ramos Padilla, fue considerado por Luís Rodríguez como partícipe necesario de la extorsión a Traficante en grado de tentativa.
Según relató en Inodoro Py el testigo Gabriel Adrián Garcés, vecino de Canning y socio de Traficante, D'Alessio le pidió que intercediera para que el aduanero aceptara su “ayuda” para desvincularlo de la causa de la mafia de los contenedores. Garcés declaró que para convencerlo, D'Alessio le mostró una computadora con un “informe escrito por él en el cual había fotos y un video de la casa de Traficante, en la filmación se veía un auto registrando la casa mientras pasaba”. También había informes de teléfonos y salidas del país del empresario. En otra oportunidad el falso abogado citó a Garcés a su oficina, donde fue recibido por un hombre con una “escopeta larga”, que lo revisó antes de ingresar. Según sostuvo, “D'Alessio se encontraba junto con otro sujeto en su despacho, que se lo presentó como Rolo de la SIDE (en referencia a Rolando Barreiro)” y describió “que el escritorio estaba lleno de armas, a lo que le pregunta qué es todo esto, y él le responde que el lugar era como una oficina operativa de la AFI o punto fijo de la AFI en Canning, que en los mensajes de texto él lo llamaba bunker”. También agregó que el tono del diálogo fue muy agresivo e intimidante, también por parte de Barreiro: “La persona de nombre Rolo también hizo un par de acotaciones como diciendo que Traficante e iría preso si no pagaba”.
Según el testigo, la suma de dinero exigida se fue incrementando: “D'Alessio le dijo que arreglar este problema le saldría a Traficante seiscientos mil dólares y que trescientos mil dólares de los mismos deberían entregarse ese día".
Álvarez
El agente de inteligencia Claudio Álvarez también fue procesado por extorsión en grado de tentativa, en calidad de partícipe necesario y por “realizar acciones de inteligencia prohibidas en la ley 25.520, en calidad de autor”.
El juez afirma tener probado que Álvarez “colaboró junto con Juan Ignacio Bidone para proporcionar a Marcelo Sebastián D´Alessio un listado de llamadas entrantes y salientes del abonado perteneciente a Gabriel Traficante”.
Sin “doctrina Irurzun” para los procesados
A diferencia de lo que había resuelto respecto de Marcelo D'Alessio, Rodríguez entendió que en estos tres casos no hay peligro de fuga ni de entorpecimiento de la investigación, por lo que los procesamientos fueron dictados sin prisión preventiva. En su resolución, el juez de instrucción Nº 9 no se subió a la doctrina Irurzun (sobre teniendo en cuenta que uno de los involucrados es un funcionario de uno de los poderes del Estado) y destacó que las preventivas sólo deben ser utilizadas de manera “excepcional”.
Lo explica de la siguiente manera: “Con respecto de Juan Ignacio Bidone estimo que siendo que el nombrado se encuentra suspendido de su cargo de fiscal, los medios que le permitirían intentar frustrar esta investigación se hallan ciertamente contenidos. Por otro lado, si bien Claudio Oscar Álvarez continuaría siendo agente de la Agencia Federal de Inteligencia, posee en curso un sumario administrativo dentro de dicha institución, con lo cual la independencia laboral y facultades con las que contaba en el pasado también se habrían visto severamente morigeradas en dicha organización. Finalmente, respecto de Hugo Rolando Barreiro cabe decir que el mismo no solo ya no resulta agente de inteligencia desde hace varios años, sino que a la luz de la índole de su participación en los hechos que se pesquisan en este expediente, su capacidad para entorpecer el desarrollo de este procedimiento se encuentra condicionada”.
Fuente: nota de Sofía Caram para Página/12
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