El régimen fascista porteño impulsa la venta de doce predios públicos para pagar la deuda que la propia gestión macrifascista generó. Desde el inicio de la era PRO en la CABA, ya pasaron a manos privadas más de 400 hectáreas, el doble de la superficie de Puerto Madero.
El régimen porteño busca vender doce terrenos de la ciudad para afrontar el pago de deuda pública que las propias gestiones macristas generaron. El proyecto de ley impulsado por el oficialismo fue presentado a fines de marzo en la Legislatura y lleva las firmas del jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larrata, el jefe de Gabinete, Felipe Miguel, y el ministro de Economía y Finanzas, Martín Mura. Desde el inicio de la gestión del PRO en la ciudad, se perdieron más de 400 hectáreas de tierras públicas que pasaron a manos privadas. Se trata del doble del área de Puerto Madero.
La iniciativa del oficialismo pide autorización a los legisladores para la “enajenación por parte del Poder Ejecutivo” de doce lotes en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires, que ya cuentan con un trámite previo en la Legislatura. La mayoría corresponde a terrenos del Barrio Padre Carlos Mugica, más conocido como Villa 31, y una parte del predio donde actualmente funciona el Mercado de Hacienda, en el barrio de Mataderos. “El producido de las ventas que se realicen tendrán como destino específico el financiamiento de programas de infraestructura en salud, educación y vivienda, como así también a la cancelación de amortizaciones de deuda”, señala el proyecto.
En enero de 2018, el gobierno nacional autorizó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado a transferir a la CABA inmuebles por un monto equivalente a 175 millones de dólares a cambio de que el gobierno porteño se hiciera cargo de la última etapa de la tan anunciada obra del Paseo del Bajo. Luego, en diciembre de 2018, la Legislatura porteña aprobó el convenio entre el gobierno local y el nacional a través del cual Nación le cedía esos terrenos a la ciudad. Ahora, el PRO busca la vía libre de la Legislatura para rematar esas tierras. Para lograrlo, necesita que sea aprobado en la Comisión de Presupuesto y, luego, aprobar la ley con una mayoría especial de 40 votos, de los cuales tiene garantizados 34 votos del bloque de Vamos Juntos.
Consultada sobre este proyecto, la legisladora porteña de Nuevo Encuentro Andrea Conde expresó su preocupación por la falta de información sobre la iniciativa del oficialismo. “El proyecto deja mucho que desear en cuanto a información y todavía no queda claro cómo va a seguir porque lo presentaron de una forma muy general donde no se detalla para qué se van a vender esas tierras. Y eso es preocupante porque ponen a consideración un proyecto sin ninguna información de fondo”, aseguró.
“Nosotros venimos planteando que la venta de tierras hay que ponerla en un contexto de gestión del suelo urbano por parte este gobierno, tanto el de Mauricio Macri como el de Horacio Rodríguez Larreta. Porque no sólo se trata de la venta para el pago de deuda sino de cómo un gobierno neoliberal cree que no tiene que intervenir en el mercado del suelo y por eso no están interesados en tener terrenos disponibles. En los últimos dos años se vendieron terrenos equivalentes a doce canchas de River. Cuando se pone en esos términos, uno se da cuenta del modo en que han rematado la ciudad”, agregó la legisladora.
Además, Conde señaló que la venta de esos terrenos le permitió a la ciudad recaudar alrededor de 740 millones de dólares. “Más allá de que nosotros pensamos que ese suelo no tiene que estar para la venta, sino que tiene que ser suelo disponible para que la Ciudad intervenga en el mercado, la pregunta del millón ahí es qué hacen con ese dinero”, subrayó.
Además, se refirió al avance de la deuda pública en la Ciudad en los últimos doce años. “La deuda total a fines de 2018 es de 2862 millones de dólares y durante las gestiones de Macri y Rodríguez Larreta la deuda de la ciudad creció 5,4 veces medida en dólares y 32 veces medida en pesos. Los datos son contundentes y tienen que ver con el modelo de gobierno que ellos tienen. Si se mira lo que están haciendo hoy a nivel nacional se ve que es lo que venían haciendo –y aún siguen haciendo– en la ciudad durante estos doce años”, analizó.
“El gobierno porteño justificó la toma de deuda con la realización de grandes obras públicas, muchas de ellas para cuestiones cosméticas y otras que tienen que ver con una mejor estructura para la ciudad. Algunas están bien, otras no. El problema es que en este momento de profunda crisis socioeconómica, mientras se arreglan plazas o se construye el Paseo del Bajo, las escuelas se están cayendo a pedazos y no hay comida para los pibes en los comedores escolares. Entonces, ¿dónde se pone el dinero de la deuda y de los recursos del Estado en esta coyuntura? Es una cuestión de prioridades”, enfatizó.
Por su parte, Jonatan Baldiviezo, abogado y presidente del Observatorio por el Derecho a la Ciudad, vinculó la venta de tierras públicas con el fuerte endeudamiento de la ciudad. “Son dos cosas que van de la mano”, dijo. “Se utilizan algunas medidas políticas que traen una mejora a la ciudad para legitimar el endeudamiento y la venta de tierras públicas. En este caso concreto, esa medida que legitima la venta de estas tierras públicas y el endeudamiento es el Paseo del Bajo, una obra que comenzó siendo financiada por el Estado nacional, con toma de deuda pública y venta de tierras públicas nacionales, y que luego se transfirió al Estado de la Ciudad, previo acuerdo de que se apruebe la normativa urbanística para que allí de puedan construir torres, lo cual hizo que aumentara el valor de los inmuebles para vender”, detalló.
“El problema es que la ciudad recibe estos terrenos por parte de Nación con el compromiso de venderlos para pagar deuda pública. ¿Y qué es lo grave ahí? Por una parte, que se están poniendo a la venta en forma indiscriminada terrenos del barrio Carlos Mugica. Y digo de forma indiscriminada porque los proyectos que mandaron el año pasado y que volvieron a mandar este año están autorizando al gobierno a vender los terrenos de la Villa 31, exceptuando a aquellos que formen parte del plan de urbanización, pero no se establece cuál es el porcentaje que se puede vender o qué sector de esos terrenos va a ser destinado a la urbanización. Y si el gobierno logra obtener la autorización más general para vender esas tierras, todo hace presumir que van a utilizar todas las estrategias posibles para que las familias se terminen yendo del barrio”, manifestó Baldiviezo.
El abogado especialista en cuestiones urbana subrayó que hay una “gran contradicción entre el discurso de interacción urbana que viene teniendo el gobierno” y lo que efectivamente ocurre en la práctica. “Integración urbana no es que los pobres vayan a vivir adonde el mercado lo permita, sino que los sectores con menos recursos puedan vivir en aquellos lugares donde el mercado no lo permitiría, como es el caso de la Villa 31. Integración sería tomar todas las medidas pertinentes para que el barrio siga existiendo y no que el Estado, junto con el mercado, genere un proceso de expulsión lenta de las familias, ya sea dando alternativas en otros barrios o a través del aumento de precio de esos terrenos”, explicó. En ese sentido, remarcó la localización de la Villa 31, ubicada a pocas cuadras de Retiro, Recoleta y Puerto Madero, barrios residenciales de muy alto valor para el mercado inmobiliario y a los que actualmente tiene prohibido el ingreso por tratarse de terrenos públicos.
“Cuando nosotros decimos que estos procesos de urbanización esconden un proceso de expulsión lenta de las familias y de gentrificación de los barrios, el gobierno lo niega. Pero también se niegan sistemáticamente a establecer medidas y herramientas claras en las leyes para mitigar las consecuencias negativas que puede generar el ingreso del mercado a estos sectores de la ciudad”, aseguró Baldiviezo.
Mientras la deuda pública en la CABA avanza a pasos agigantados y la Legislatura remata tierras públicas, el presupuesto destinado a casi todos las áreas del gobierno sufrieron fuertes recortes en 2019. Solo por nombrar algunos ejemplos, Cultura sufrió una caída del 22,9 por ciento respecto al año anterior, mientras que Industria y Comercio cayó un 58,7 por ciento en el último año. A ese recorte, hay que sumarle el impacto de la inflación, que en lo que en los últimos doce meses llegó al 54,7 por ciento, según datos del INDEC, por lo que la caída real es aún mayor.
“Estos niveles de endeudamiento hablan de una pésima gestión de Macri y Rodríguez Larreta que no supieron aprovechar los recursos de la ciudad más rica del país ni siquiera en los momentos de bonanza económica. Rodríguez Larreta empeoró todos los indicadores económicos de la ciudad y este endeudamiento impacta en nuestra vida cotidiana, ya que se desfinancian las políticas sociales, la educación, la salud, la cultura, entre otras áreas. Y al igual que ocurre en el gobierno nacional, se transfieren ingresos a unos pocos mientras tenemos que pagar servicios cada vez más caros y deficientes. Este endeudamiento impacta en la vida de los porteños porque mientras Larreta construye una ciudad carísima para los vecinos, le regala tierra a los grandes desarrolladores inmobiliarios, a los especuladores y a capitales de dudoso origen. Y todo esto lo pueden hacer porque tienen una mayoría aplastante que les permitió rematar la ciudad”, concluyó Conde.
Fuente: nota de Gisela Marziotta para Página/12
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