Denuncia de la Auditora General porteña: “Es como si la Ciudad estuviera blindada para ser auditada”

La auditora general de la ciudad de Buenos Aires, Mariela Coletta, afirmó que la administración fascista de Horacio Rodriguez Larrata “pone obstáculos” para que ese organismo de control acceda a datos con los que se puedan comprobar las denuncias por “falta de mantenimiento, seguridad, funcionamiento y control” de dese transporte público. “Es como si la Ciudad estuviera blindada para ser auditada”, definió.

“En 2019, por segunda vez, no se controlará el Subte”, advirtió la funcionaria durante una entrevista al portal En el Subte. “Es la segunda vez que no se incorpora como prioridad. Justo en un año donde se debate la reconcesión del servicio, aumenta la tarifa y donde hay tantas quejas de los usuarios”, agregó.

Según describió, "siempre se ha auditado el subte en sus distintas aristas" y, tal como se había hecho, su intención este año fue también pedir informes sobre, entre algunos puntos, "la tarifa técnica, las líneas C y E, y la licitación de concesión". Sin embargo, lamentó Coletta, “nos negaron todo”. y añadió que “tratamos, luego al menos, de auditar las líneas A y D. También se nos rechazó”.

Además, sostuvo que cuando el organismo pide explicaciones sobre esas negativas, “no nos dan argumentos”, al tiempo que consideró que “el problema es que todo esto se da en un contexto donde por primera vez, tras la coalición Vamos Juntos (la fuerza política a la que ella responde), el oficialismo tiene mayoría automática también entre el cuerpo de auditores”.

La Auditoría General de la Ciudad está integrada por siete auditores generales, entre ellos quien encabeza ese organismo, la presidenta Cecilia Segura Rattagán, quien el año pasado ya había denunciado que “el macrismo no favorece el acceso a la información” y que tampoco se mejoraron “los estándares de control”.

Coletta aseveró que, en términos generales, el régimen fascista porteño pone “obstáculos cuando tratamos de auditarlo”. Al respecto, enumeró que los funcionarios “limitan los accesos a ciertos expedientes” que se les requiere para el control. También “nos reprograman las reuniones, retacean información y no entregan todo lo que pedimos”.