En un clima de mucha tensión y con alguna agresión a los vecinos, se trató en la Legislatura porteña la presentación del proyecto de urbanización cuestionado por la Mesa Participativa de la villa 31.
La presentación debía contar con la firma de al menos 8 de los 11 consejeros de la villa, que constituyen el órgano administrativo; pero solamente firmó uno de ellos para acompañar a la propuesta presentada por el régimen de Horacio Rodríguez Larrata.
El proyecto oficial fue presentado con la firma de Diego Fernández, director de la Secretaria de Integración Social y Urbana, quien no logró hacer mérito a su cargo, ya que sólo integró una firma.
El proyecto lleva el número de ley 2736, y de ser aprobada constituirá el plan de urbanización a ser puesto en marcha. Desde la villa, la enorme mayoría de los delegados cuestiona la propuesta porque saltea las decisiones de la Mesa Participativa de urbanización, y carece de la firma de 8 consejeros como marca la ley. Además, la Mesa critica que no hubo asambleas ni participación real de los vecinos. De los puntos que la Mesa cuestionó en los borradores el gobierno no tomó ninguno.
Después del informe el diputado Gabriel Solano (FIT) cuestionó que el régimen porteño realizara varios desalojos forzosos, prohibidos por la ley 3343, y denunció la responsabilidad del gobierno en la division que existe entre los vecinos.
Por su lado, la legisladora Paula Penaca (UP) también responsabilizó al gobierno del enfrentamiento entre vecinos, y lo acusó de no dar la suficiente participación. También aludió a la demolición de la histórica escuela Banderita y que se enviara a sus alumnos a un galpón.
En tanto, la diputada Maria Muiños (BP) se refirió al valor de la tierra , el metro cuadrado, y la falta de certeza de cuanto tendrán que pagar los vecinos por la urbanización, mejora de viviendas, y la construcción de las nuevas.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario