Menos de veinticuatro horas después de haber escuchado sus argumentos, la Cámara Federal concedió la apelación presentada por Sergio Maldonado y el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, quienes solicitaron que la causa por el espionaje de Gendarmería que sufrieron mientras se buscaba a Santiago Maldonado quedara en la justicia federal porteña.
El martes, el hermano de Santiago, junto con la denunciante Myriam Bregman, Nora Cortiñas y el Ceprodh argumentaron que las órdenes para que Gendarmería monitoreara sus movimientos fueron emitidas por el Ministerio de Seguridad que conduce la beoda Patricia Bullrich Luro Pueyrredón, causa en la cual ya está imputado Gonzalo Cané, uno de los funcionarios que intervino en el caso.
En su fallo, el camarista de la sala II Martín Irurzun resolvió que la denuncia presentada en octubre pasado sea investigada por el juez federal Daniel Rafecas, quien se había declarado incompetente, que hubiera significado el traspaso de la causa a manos del cuestionado juez federal de Chubut, Guido Otranto, apartado del caso Maldonado por falta de imparcialidad y prejuzgamiento.
El espionaje denunciado salió a la luz durante el desarrollo de la causa principal, en cuyo trámite quedaron en evidencia decenas de comunicaciones entre el Centro de Reunión de Información de Gendarmería en Neuquén y Fabián Méndez, jefe del Escuadrón de El Bolsón, en las cuales intercambiaban información de la actividad de los familiares, de los organismos, de los pobladores originarios y de los manifestantes que reclamaban, en todo el país, la aparición de Santiago Maldonado, para lo cual usaron celulares radicados en Buenos Aires. El colmo del escándalo fue que el encargado de investigar esa actividad hubiera sido Otranto, el mismo juez que filtró la información.
Así espiaban a la familia de Santiago
Gonzalo Cané, secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas y emisario de Bullrich, pretendía que sólo se hicieran peritajes de los celulares del 1 de agosto, día de la represión de Gendarmería sin orden judicial en Cushamen, con el objetivo de encubrir el espionaje que ya venían desplegando sobre los sectores que denunciaban al gobierno nacional luego de la desaparición. Lo hacía bajo la sutileza de “preservar el secreto y la confidencialidad que requiere la información concerniente a la seguridad interior”. Entre las pruebas del espionaje consta que el 4 de agosto, a las 17.30 el CRI (Centro de Reunión de Información) de Neuquén informaba sobre una “concentración en Plaza Pagano” de El Bolsón. Y detallaba que los manifestantes “marcharían a la escuela 35” pero que “por orden de Maldonado (Sergio) se reorganizan y se dirigen a la casa del jefe de escuadrón 35”. Tres días después, el lunes 7, otro mensaje recibido en el celular de Méndez decía “Andrea Antico y Sergio Maldonado van al Centro Cívico. Son matrimonio” (sic).
Así como en su momento en la causa principal se presentó en forma espontánea el gendarme Emmanuel Echazú y quedó imputado, lo mismo sucedió con Cané en la causa sobre el espionaje. Más allá de que terminen condenados o absueltos, lo paradójico es que al estar imputados tienen acceso directo a los dos expedientes. Durante la audiencia de antes de ayer, Sergio Maldonado y Bregman relataron otros episodios de seguimiento, que según la denuncia configuran tareas de inteligencia interior, prohibida por tres leyes nacionales.
El 11 de agosto estaban en un hotel de la avenida Corrientes, habían participado de un acto en Plaza de Mayo y ya de madrugada, en la habitación contigua Sergio Maldonado escuchó que alguien leía partes exactas del discurso de su compañera, Andrea Antico. Esto sucedió a solo diez días de la desaparición de su hermano Santiago, ocurrida tras la represión a la protesta mapuche en territorio recuperado de Cushamen el 1º de agosto, un mes después de la detención del lonko Facundo Jones Huala. Ante Irurzún, Maldonado contó que durante otro viaje, “en un lugar adonde ni habíamos hecho reserva con Norita (Cortiñas), nadie podía saberlo, aparecieron los funcionarios del Ministerio de Seguridad Gerardo Milman y Daniel Barberis, otro de apellido Garrido y una mujer, con la excusa de que no podían encontrarme por teléfono”.
Bregman, por su parte, denunció ante la prensa que “ya hay hechos y pruebas, y vamos a pedir que incorporen que fuimos víctimas también del espionaje cuando estábamos tomando un café con Sergio (Maldonado) a las 9 de la mañana en Esquel y se sentó pegado a nuestra mesa un individuo, que al levantarnos vimos que estaba leyendo en su celular notas sobre Hebe de Bonafini, como si quisieran que nos diéramos cuenta que nos escuchaban”.
El juez Otranto fue apartado del caso Maldonado por su falta de imparcialidad, y es quien permitió durante la primera etapa de la investigación la injerencia directa del Poder Ejecutivo para proteger a los gendarmes sospechados. El espionaje, realizado en el marco del ya denunciado Proyecto X, consistió en relevar los movimientos de Maldonado y su compañera Andrea durante la búsqueda de Santiago, como así también monitorear a referentes como Julio Saquero y Mabel Sánchez, de la APDH, querellantes en la causa principal por la desaparición y muerte de Santiago. Luego de que Rafecas se declarara incompetente, a instancias del dictamen del fiscal Guillermo Marijuán, los representates de Maldonado -Bregman, Matías Aufieri, Liliana Mazea y Carlos Platkowski, del Ceprodh- apelaron porque consideraron que la competencia territorial correspondía a la ciudad de Buenos Aires, ya que las órdenes para espiar fueron impartidas desde el ministerio de Bullrich Luro Pueyrredón. Irurzun acaba de darles la razón.
Fuente: nota de Adriana Meyer para Página/12
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