Otro escándalo de espionaje: “pincharon” el celular de al menos un familiar de un tripulante del ARA San Juan

Así lo determinó la pericia hecha por la UTN y se espera el resultado de otras líneas que, se sospecha, también están intervenidas. Ayer se hizo la denuncia penal.

Una pericia demostró que el celular de la mujer de unos de los tripulantes del ARA San Juan está "pinchado" y se esperan los resultados de los estudios sobre los teléfonos de otros familiares de marinos que iban a bordo del submarino. El caso fue llevado ayer a la Justicia.

De este modo, la división a cargo del ingeniero Ariel Garbaz verificó que una de las líneas “se encontraba interceptada por una computadora que reaccionó atacando a nuestros equipos con contramedidas típicas de los Interceptios Management Systems", según la nota de Mauro Federico publicada por Ámbito.com.

Por eso la abogada de un grupo de familiares, Valeria Carreras, hizo la correspondiente denuncia ante la Justicia y pidió que disponga la revisión de todas las líneas de los familiares de los tripulantes del ARA San Juan.

Mientras tanto, "se aguardan pericias en una docena de aparatos y líneas que han venido sufriendo sospechosas alteraciones en sus configuraciones", declaró la letrada y agregó que "sería muy peligroso admitir que las víctimas de esta historia dramática estén siendo investigadas -además de intimidadas- como si fueran las responsables de la tragedia".

Durante su comparecencia en el Congreso, Aguad se acercó a hablar con el capitán de navío Héctor Aníbal Alonso (ex jefe de Estado Mayor del Comando de Submarinos) y, según la transcripción le dijo: "le rogaría que no seamos muy detallistas, porque no me olvido de la investigación judicial, y usted va a ser citado como testigo".

"Sugestivamente Alonso fue transferido de la base naval de Mar del Plata a la sede de la Armada, en el Edificio Libertad, lo cual en el marco de esta investigación no puede ser leído como un traslado más", reveló Carreras.

Sergio Maldonado no descartó que continúe el espionaje sobre su familia

El hermano de Santiago dijo que tienen sospechas de que sigue el espionaje sobre él y su familia, de la misma manera que las fuerzas de seguridad lo hicieron cuando buscaban al tatuador. Con respecto a la investigación por la muerte de su hermano, criticó el lento avance de la causa. "Damos un paso y nos corren diez para atrás", afirmó.

Sergio Maldonado, el hermano del joven artesano que fue encontrado muerto 78 días después de haber desaparecido tras una represión de Gendarmería, no descartó que pudiera continuar el espionaje sobre él y su familia de la misma manera que las fuerzas de seguridad lo hicieron durante los días en que buscaban a Santiago. En este sentido exigió el esclarecimiento de esa denuncia y criticó que “el Estado no colabora y oculta información”.

“No sé qué esperanza tener, porque damos un paso y nos corren diez para atrás”, dijo sobre la investigación de la muerte de su hermano.

“Por entonces no nos podíamos detener en esto porque estábamos buscando a Santiago”, señaló Maldonado en referencia a las escuchas telefónicas, las intimidaciones y los seguimientos fotográficos que sufrieron él, su esposa Andrea y su abogada Verónica Heredia, relatados en la edición de ayer de Página/12. “Luego hicimos una primera presentación, que fue rechazada”, agregó.

En declaraciones radiales, el hermano de Santiago Maldonado recordó varios de los episodios en los que él y sus allegados detectaron que eran perseguidos por las fuerzas de seguridad. “Cuando querían hacer sentir su presencia, lo hacían como para que fuera evidente, y cuando no, no nos dábamos cuenta”, añadió y pidió al juez Daniel Rafecas, quien tiene a su cargo esa causa, que establezca quiénes fueron los que ordenaron esos procedimientos de espionaje.

Por otra parte, puso en tela de juicio el avance de la investigación judicial sobre el esclarecimiento de la muerte de Santiago, quien el 17 de noviembre pasado apareció ahogado luego de 78 días de búsqueda y criticó también al régimen macrifascista y a los medios de comunicación oficialistas de “tirar hipótesis falsas y darlas como verdades”.

“La causa va avanzando muy lentamente, no sé si es por presión del Gobierno o qué”, lamentó y mencionó algunas de las cuestiones aún no resueltas: “no citaron a testigos mapuches y se ascendió a uno de los gendarmes” involucrados en la desaparición.

Para Maldonado, tal vez “dentro de unos años vayamos a saber verdad” porque en la actualidad “el Estado no colabora” con el esclarecimiendo del hecho.

La Cámara Federal le dio la razón a la familia de Santiago: la causa por el espionaje contra los Maldonado quedará en manos de Rafecas

Menos de veinticuatro horas después de haber escuchado sus argumentos, la Cámara Federal concedió la apelación presentada por Sergio Maldonado y el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, quienes solicitaron que la causa por el espionaje de Gendarmería que sufrieron mientras se buscaba a Santiago Maldonado quedara en la justicia federal porteña. 

El martes, el hermano de Santiago, junto con la denunciante Myriam Bregman, Nora Cortiñas y el Ceprodh argumentaron que las órdenes para que Gendarmería monitoreara sus movimientos fueron emitidas por el Ministerio de Seguridad que conduce la beoda Patricia Bullrich Luro Pueyrredón, causa en la cual ya está imputado Gonzalo Cané, uno de los funcionarios que intervino en el caso.

En su fallo, el camarista de la sala II Martín Irurzun resolvió que la denuncia presentada en octubre pasado sea investigada por el juez federal Daniel Rafecas, quien se había declarado incompetente, que hubiera significado el traspaso de la causa a manos del cuestionado juez federal de Chubut, Guido Otranto, apartado del caso Maldonado por falta de imparcialidad y prejuzgamiento.

El espionaje denunciado salió a la luz durante el desarrollo de la causa principal, en cuyo trámite quedaron en evidencia decenas de comunicaciones entre el Centro de Reunión de Información de Gendarmería en Neuquén y Fabián Méndez, jefe del Escuadrón de El Bolsón, en las cuales intercambiaban información de la actividad de los familiares, de los organismos, de los pobladores originarios y de los manifestantes que reclamaban, en todo el país, la aparición de Santiago Maldonado, para lo cual usaron celulares radicados en Buenos Aires. El colmo del escándalo fue que el encargado de investigar esa actividad hubiera sido Otranto, el mismo juez que filtró la información.

Así espiaban a la familia de Santiago

Gonzalo Cané, secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas y emisario de Bullrich, pretendía que sólo se hicieran peritajes de los celulares del 1 de agosto, día de la represión de Gendarmería sin orden judicial en Cushamen, con el objetivo de encubrir el espionaje que ya venían desplegando sobre los sectores que denunciaban al gobierno nacional luego de la desaparición. Lo hacía bajo la sutileza de “preservar el secreto y la confidencialidad que requiere la información concerniente a la seguridad interior”. Entre las pruebas del espionaje consta que el 4 de agosto, a las 17.30 el CRI (Centro de Reunión de Información) de Neuquén informaba sobre una “concentración en Plaza Pagano” de El Bolsón. Y detallaba que los manifestantes “marcharían a la escuela 35” pero que “por orden de Maldonado (Sergio) se reorganizan y se dirigen a la casa del jefe de escuadrón 35”. Tres días después, el lunes 7, otro mensaje recibido en el celular de Méndez decía “Andrea Antico y Sergio Maldonado van al Centro Cívico. Son matrimonio” (sic).

Así como en su momento en la causa principal se presentó en forma espontánea el gendarme Emmanuel Echazú y quedó imputado, lo mismo sucedió con Cané en la causa sobre el espionaje. Más allá de que terminen condenados o absueltos, lo paradójico es que al estar imputados tienen acceso directo a los dos expedientes. Durante la audiencia de antes de ayer, Sergio Maldonado y Bregman relataron otros episodios de seguimiento, que según la denuncia configuran tareas de inteligencia interior, prohibida por tres leyes nacionales.

El 11 de agosto estaban en un hotel de la avenida Corrientes, habían participado de un acto en Plaza de Mayo y ya de madrugada, en la habitación contigua Sergio Maldonado escuchó que alguien leía partes exactas del discurso de su compañera, Andrea Antico. Esto sucedió a solo diez días de la desaparición de su hermano Santiago, ocurrida tras la represión a la protesta mapuche en territorio recuperado de Cushamen el 1º de agosto, un mes después de la detención del lonko Facundo Jones Huala. Ante Irurzún, Maldonado contó que durante otro viaje, “en un lugar adonde ni habíamos hecho reserva con Norita (Cortiñas), nadie podía saberlo, aparecieron los funcionarios del Ministerio de Seguridad Gerardo Milman y Daniel Barberis, otro de apellido Garrido y una mujer, con la excusa de que no podían encontrarme por teléfono”.

Bregman, por su parte, denunció ante la prensa que “ya hay hechos y pruebas, y vamos a pedir que incorporen que fuimos víctimas también del espionaje cuando estábamos tomando un café con Sergio (Maldonado) a las 9 de la mañana en Esquel y se sentó pegado a nuestra mesa un individuo, que al levantarnos vimos que estaba leyendo en su celular notas sobre Hebe de Bonafini, como si quisieran que nos diéramos cuenta que nos escuchaban”.

El juez Otranto fue apartado del caso Maldonado por su falta de imparcialidad, y es quien permitió durante la primera etapa de la investigación la injerencia directa del Poder Ejecutivo para proteger a los gendarmes sospechados. El espionaje, realizado en el marco del ya denunciado Proyecto X, consistió en relevar los movimientos de Maldonado y su compañera Andrea durante la búsqueda de Santiago, como así también monitorear a referentes como Julio Saquero y Mabel Sánchez, de la APDH, querellantes en la causa principal por la desaparición y muerte de Santiago. Luego de que Rafecas se declarara incompetente, a instancias del dictamen del fiscal Guillermo Marijuán, los representates de Maldonado -Bregman, Matías Aufieri, Liliana Mazea y Carlos Platkowski, del Ceprodh- apelaron porque consideraron que la competencia territorial correspondía a la ciudad de Buenos Aires, ya que las órdenes para espiar fueron impartidas desde el ministerio de Bullrich Luro Pueyrredón. Irurzun acaba de darles la razón.

Fuente: nota de Adriana Meyer para Página/12

Presentación de Sergio Maldonado en Tribunales para que el espionaje no quede impune

El hermano del joven tatuador apeló ante la Cámara Federal la decisión de que el espionaje a la familia Maldonado sea investigada en el sur por el juez Guido Otranto, quien fuera apartado del caso por su falta de imparcialidad. Los representantes de Sergio Maldonado argumentaron que la competencia territorial es de los tribunales federales de Capital Federal, ya que las órdenes fueron impartidas desde el ministerio a cargo de la beoda Patricia Bullrich Luro Pueyrredón.

La justicia federal porteña de primera instancia pretende que la causa por el espionaje a la familia Maldonado sea investigada en el sur, nada menos que por el juez federal de Esquel, Guido Otranto.

Sus abogados apelaron esa decisión y hoy fueron escuchados sus argumentos en la Cámara Federal, hasta donde llegó Sergio Maldonado, hermano del joven tatuador desaparecido en territorio mapuche recuperado de Cushamen y aparecido muerto el 17 de octubre en el mismo lugar donde había sido visto por última vez mientras Gendarmería reprimía una protesta por el encarcelamiento del lonko Facundo Jones Huala. 

Otranto es el magistrado que fue apartado del caso Maldonado por su falta de imparcialidad, y es quien permitió durante la primera etapa la injerencia directa del Poder Ejecutivo para proteger a los gendarmes sospechados. El espionaje, realizado en el marco del ya denunciado Proyecto X, consistió en relevar los movimientos de Sergio Maldonado y su compañera Andrea Antico durante las actividades de búsqueda de Santiago, como así también monitorear a referentes de organismos de derechos humanos.

Luego de que el juez federal Daniel Rafecas se declarara incompetente, a instancias del dictamen del fiscal Guillermo "medio polvo" Marijuán, los representates de Maldonado -Myriam Bregman y Matías Aufieri, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH)-, apelaron ante la Cámara que la competencia territorial es de los tribunales federales de Capital Federal porque las órdenes de los funcionarios fueron impartidas desde el ministerio que conduce la dipsómana Patricia Bullrich Luro Pueyrredón. En los próximos días ese tribunal deberá resolver la cuestión originada en la denuncia presentada en octubre, que da cuenta del seguimiento e inteligencia ilegal practicada por distintos miembros de Gendarmería Nacional sobre Sergio Maldonado, su compañera Andrea Antico, y los querellantes en la causa de la APDH, Julio Saquero y Mabel Sánchez.

La actividad denunciada salió a la luz en la propia investigación en torno a la desaparición de Santiago, donde quedaron en evidencia decenas de comunicaciones entre el Centro de Reunión de Información de Gendarmería Nacional (emplazado en la ciudad de Neuquén) y Fabián Méndez, jefe del Escuadrón de El Bolsón (Río Negro), en las cuales traficaban información de la actividad de los familiares, organismos, pobladores originarios y manifestantes que en todo el país reclamaban por la aparición de Santiago Maldonado.

Ese accionar se desarrolló mediante líneas de telefonía celular con asiento en Buenos Aires y abarcó distintas provincias del país, lo que entraría en contradicción con la disposición que adoptó la justicia federal, a instancias de Marijuan, para que la investigación de estos delitos quede a cargo del juzgado federal de Esquel, con un radio de intervención acotado a esa ciudad y unos pocos kilómetros a su alrededor. El colmo del asunto es que el encargado de investigar esa actividad, incluso facilitada por información filtrada desde su propio juzgado, sería el cuestionado Otranto, quien fuera recusado y apartado de la investigación relativa a la desaparición de Santiago por las numerosas irregularidades cometidas, y la parcialidad y prejuzgamiento que ese magistrado demostró durante los dos primeros de la causa.

Gonzalo Cané, emisario del Ministerio de Seguridad de la Nación y que detenta el cargo de Secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas, entre otras maniobras para las que fue destinado al sur del país tras la desaparición de Santiago, se dedicaba a presentar escritos en la causa, solicitando que el peritaje de los celulares se limitara únicamente a la jornada del 1º de agosto en que Santiago desapareció tras una brutal represión de Gendarmería sin orden judicial. De esa manera, Cané buscaba encubrir lo que luego saldría a la luz, el espionaje a los sectores que denunciaban al régimen macrifascista tras la desaparición. Lo hacía bajo la sutileza de “preservar el secreto y la confidencialidad que requiere la información concerniente a la seguridad interior”.

El espionaje interior es ilegal

Los gendarmes habían elaborado un listado de los viajes de Santiago Maldonado, y tras su desaparición se dedicaron a espiar a su familia y a referentes de organismos de derechos humanos como Mabel Sánchez y Julio Saquero. El viernes 4 de agosto, a las 17:30 y con el título “Acontecimiento”, el CRI (Centro de Reunión de Información) de Neuquén informaba sobre una “concentración en Plaza Pagano” de El Bolsón y detallaba que los manifestantes “marcharían con destino al Esc. 35” pero que “por orden de Maldonado (hermano) se reorganizan y se dirigen a la casa del jefe de escuadrón 35 sita sobre la calle 25 de mayo”. Tres días después, el lunes 7, otro mensaje recibido en el celular de Méndez decía “Andrea Antico y Sergio Maldonado van a estar en el Centro Cívico. Son matrimonio”.

Así como en su momento en la causa principal que investiga la desaparición y muerte de Santiago Maldonado se presentó en forma espontánea el gendarme Emmanuel Echazú y quedó imputado, lo mismo sucedió en este expediente con Cané. Esto les permite a ambos, más allá de que luego terminen procesados o absueltos, el pleno acceso a las investigaciones.

Por otra parte, además de elevar a juicio a los mapuches acusados por la represión a la supuesta interrupción del tren La Trochita y de instruir todas los procesos que criminalizaron a los principales testigos del caso Maldonado, Otranto avanzó varios casilleros en sus aspiraciones profesionales, dado que se conformó la terna en el Consejo de la Magistratura para evaluar su posible ascenso a un tribunal oral y este juez quedó en primer lugar.

Fuente: nota de Adriana Meyer par Página/12