El Servicio Penitenciario tuvo que responder a las críticas: una nómina “meramente informativa”

Desde el organismo intentaron bajarle el tono al pedido de libertad condicional o prisión domiciliaria para 1.111 detenidos, que incluye a condenados por delitos de lesa humanidad, pero no dieron marcha atrás.

Emiliano Blanco, director del Servicio Penintenciario Federal

El Servicio Penitenciario Federal (SPF) intentó minimizar su sugerencia de darle libertad condicional o prisión domiciliaria a 96 represores condenados por delitos de lesa humanidad, incluidos en una lista de 1.111 detenidos elaborada con la excusa de descomprimir la superpoblación carcelaria. El organismo estatal del que dependen las cárceles federal, emitió ayer un comunicado en el que sostiene que esa nómina fue “meramente informativa” pero evitó dar marcha atrás con ella.

El listado había sido enviado por el director general del Régimen Correccional del SPF, Fernando Martínez, a distintos jueces federales el 31 de enero pasado, pero recién se supo de ello la semana pasada. El petitorio esgrime el argumento de la necesidad de descomprimir las cárceles e incluye entre los beneficiarios al ex jefe de Inteligencia de la ESMA Jorge “Tigre” Acosta, el torturador Julián Simón (“El Turco Julián), el médico naval Carlos Capdevilla, los ex espías Antonio Pernías y Raúl Gulielminetti, y el ex capellán Christian Von Wernich, entre otros.

Desde que apareció la noticia, las críticas hacia el SPF se multiplicaron. Es por eso que la dependencia del Ministerio de Justicia aseguró ayer que ese inventario fue "meramente informativo” y aclaró que no está entre sus funciones "otorgar libertades de tipo alguno".

"Esta imagen objetiva y universal (por la lista) es meramente informativa, pues el Poder Judicial debe considerar cada caso concreto de manera individual (es decir, a cada interno)", dice el texto. Además, agrega que "la administración penitenciaria, a través de un equipo multidisciplinario, debe también de manera individual efectuar un análisis y evaluación -tanto clínica como actuarial- que de manera no vinculante se remite a la autoridad judicial para su oportuna resolución".

Luego se excusa en que los nombres que figuran en esa lista fue hecha sobre la base de “un diagnóstico situacional completo” elaborado desde 2016, que dio cuenta de que “la cantidad de internos tanto procesados como condenados que de manera objetiva podrían ser evaluados para acceder a los distintos institutos previstos por ley y reconocidos por los organismos internacionales". 

La cuestión es que, tal como lo publicó este diario, la nómina refiere a "internos de lesa humanidad mayores de 70 años" y a otros "autopercibidos como gays, lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales", así como también a personas discapacitadas e "internas alojadas con hijos".

El pedido formal incluyó ocho listados con los nombres de los beneficiarios y fue dirigido al Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias, a cargo del juez de Casación Gustavo Hornos. También a la Defensoría General de la Nación, a la Procuración Penitenciaria y a la cartera al frente de Germán Garavano. La solicitud fue fundada en un planteo presentado por la Corte Suprema al Ministerio de Justicia para que descomprima la situación en las cárceles federales.