La ONU le advierte a Macri que el endurecimiento de políticas provocará cárceles colapsadas

Así se lo hizo saber la Organización de Naciones Unidas al régimen fascista de la alianza de derecha Cambiemos. Aseguraron que "parte de la arquitectura de la última dictadura argentina (1976-1983) convive actualmente en los lugares de detención".

"Las políticas públicas del Estado argentino repercuten en la sobrepoblación de los centros penales", dijo ayer el Relator Especial sobre Tortura de Naciones Unidas, Nils Melzer.

"Hay leyes y políticas públicas que probablemente lleven a incrementar la sobrepoblación carcelaria en Argentina", señaló Melzer durante una rueda de prensa en Buenos Aires.

Ante un "estado de emergencia" que predomina en las cárceles de todo el territorio, el experto de la ONU confirmó que demasiados reclusos se encuentran bajo arresto en un sistema carcelario que está colapsado. Esa situación conduce a un deterioro "dramático" de las condiciones de detención, tanto en las cárceles federales y provinciales como en las comisarías.

"Hay que actuar ya o va a empeorar la superpoblación carcelaria de la Argentina", urgió Melzer al presentar las conclusiones preliminares de su visita oficial al país realizada desde el 9 de abril.

Invitado por el Ejecutivo de Mugrizio Macri Blanco Villegas, Melzer se reunió durante su estadía con autoridades de organismos nacionales y provinciales, con representantes de la sociedad civil, y con víctimas de violaciones de derechos humanos.

Con el propósito de evaluar "el trato y las condiciones de vida de las personas privadas de libertad", el relator de la ONU visitó cárceles, comisarías, centros psiquiátricos y establecimientos de menores y mujeres.

Al presentar los resultados de su trabajo, Melzer constató que "parte de la arquitectura de la última dictadura argentina (1976-1983) convive actualmente en los lugares de detención".

En la violencia institucional, sostuvo el representante de Naciones Unidas, intervienen con impunidad tanto las fuerzas de seguridad como los agentes penitenciarios.

"En las últimas tres décadas, la sociedad argentina ha probado ser capaz de luchar contra la violencia de la tortura y los abusos", afirmó Melzer durante su exposición.

El relator pidió por ello al régimen macrifascista y a la sociedad que esté "la altura de los logros históricos" y rechace "toda forma de tortura, inhumanidad, crueldad y humillación, no solo las del pasado, sino también las del presente y sobre todo las del futuro".

Melzer, que concluyó ayer su visita oficial en el país, presentará los frutos de su investigación en un informe que elevará al Consejo de Derechos Humanos en marzo de 2019.

El Servicio Penitenciario tuvo que responder a las críticas: una nómina “meramente informativa”

Desde el organismo intentaron bajarle el tono al pedido de libertad condicional o prisión domiciliaria para 1.111 detenidos, que incluye a condenados por delitos de lesa humanidad, pero no dieron marcha atrás.

Emiliano Blanco, director del Servicio Penintenciario Federal

El Servicio Penitenciario Federal (SPF) intentó minimizar su sugerencia de darle libertad condicional o prisión domiciliaria a 96 represores condenados por delitos de lesa humanidad, incluidos en una lista de 1.111 detenidos elaborada con la excusa de descomprimir la superpoblación carcelaria. El organismo estatal del que dependen las cárceles federal, emitió ayer un comunicado en el que sostiene que esa nómina fue “meramente informativa” pero evitó dar marcha atrás con ella.

El listado había sido enviado por el director general del Régimen Correccional del SPF, Fernando Martínez, a distintos jueces federales el 31 de enero pasado, pero recién se supo de ello la semana pasada. El petitorio esgrime el argumento de la necesidad de descomprimir las cárceles e incluye entre los beneficiarios al ex jefe de Inteligencia de la ESMA Jorge “Tigre” Acosta, el torturador Julián Simón (“El Turco Julián), el médico naval Carlos Capdevilla, los ex espías Antonio Pernías y Raúl Gulielminetti, y el ex capellán Christian Von Wernich, entre otros.

Desde que apareció la noticia, las críticas hacia el SPF se multiplicaron. Es por eso que la dependencia del Ministerio de Justicia aseguró ayer que ese inventario fue "meramente informativo” y aclaró que no está entre sus funciones "otorgar libertades de tipo alguno".

"Esta imagen objetiva y universal (por la lista) es meramente informativa, pues el Poder Judicial debe considerar cada caso concreto de manera individual (es decir, a cada interno)", dice el texto. Además, agrega que "la administración penitenciaria, a través de un equipo multidisciplinario, debe también de manera individual efectuar un análisis y evaluación -tanto clínica como actuarial- que de manera no vinculante se remite a la autoridad judicial para su oportuna resolución".

Luego se excusa en que los nombres que figuran en esa lista fue hecha sobre la base de “un diagnóstico situacional completo” elaborado desde 2016, que dio cuenta de que “la cantidad de internos tanto procesados como condenados que de manera objetiva podrían ser evaluados para acceder a los distintos institutos previstos por ley y reconocidos por los organismos internacionales". 

La cuestión es que, tal como lo publicó este diario, la nómina refiere a "internos de lesa humanidad mayores de 70 años" y a otros "autopercibidos como gays, lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales", así como también a personas discapacitadas e "internas alojadas con hijos".

El pedido formal incluyó ocho listados con los nombres de los beneficiarios y fue dirigido al Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias, a cargo del juez de Casación Gustavo Hornos. También a la Defensoría General de la Nación, a la Procuración Penitenciaria y a la cartera al frente de Germán Garavano. La solicitud fue fundada en un planteo presentado por la Corte Suprema al Ministerio de Justicia para que descomprima la situación en las cárceles federales.

Por la “superpoblación carcelaria”, el régimen macrifascista propuso domiciliaria para 96 represores

El Servicio Penitenciario Federal, dependiente del Ministerio de Justicia, solicitó a magistrados penales que evalúen otorgar libertad condicional o prisión domiciliaria a 96 condenados por delitos de lesa humanidad. Entre los posibles beneficiados están represores como el "Tigre" Acosta, el "Turco" Julián y el ex capellán Christian Von Wernich.

Jorge "Tigre" Acosta, Julián Simón y Christian Von Wernich

Con el argumento de que las cárceles están superpobladas, el Servicio Penitenciario Federal (SPF) dependiente del régimen fascista de Mugrizio Macri Blanco Villegas solicitó a distintos magistrados del fuero Penal que le concedan el beneficio de la libertad condicional o prisión domiciliaria a 96 represores condenados por delitos de lesa humanidad en la última dictadura. 

Algunos de ellos son el ex jefe de Inteligencia de la ESMA Jorge “Tigre” Acosta, el torturador Julián Simón (“El Turco Julián), el médico naval Carlos Capdevilla, los ex espías Antonio Pernías y Raúl Gulielminetti, y el ex capellán Christian Von Wernich.

Según trascendió, el planteo fue fechado el 31 de enero lo realizó el director general del Régimen Correccional del SPF, Fernando Martínez. Incluye a un total de 1111 detenidos, que son parte del excedente que descomprimiría la situación que se vive en las cárceles de todo el país.

La nota con el pedido incluía ocho listados con los nombres de los beneficiados y fue dirigida al Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias, a cargo del juez de Casación Gustavo Hornos.

La nómina refiere a "internos de lesa humanidad mayores de 70 años" y a otros "autopercibidos como gays, lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales", así como también a personas discapacitadas e "internas alojadas con hijos". El pedido está fundado en un planteo presentado por la Corte Suprema al Ministerio de Justicia para que descomprima la situación en las cárceles federales.

Según publicó el portal ultraoficialista Infobae, la solicitud también fue enviada a la Defensoría General de la Nación, a la Procuración Penitenciaria y a la cartera al frente de Germán Garavano. El argumento para beneficiar a los represores es su edad, todos tienen 70 años o más.

El “Tigre” Acosta, “El Turco Julián, Capdevilla, Von Wernich y el ex agente de inteligencia Raúl Gulielminetti, Adolfo Donda y el ex fiscal Gustavo Modesto Demarchi, son algunos de los beneficiados. También hay un ex integrante del Clan Puccio, Guillermo Fernández Laborda, a quien la Corte Suprema condenó en 2015 a prisión perpetua.