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miércoles, 21 de marzo de 2018

El Servicio Peninteciario Federal incluyó a Astiz entre los genocidas que podrían ser excarcelados

El Servicio Penitenciario Federal (SPF) sumó al represor a la lista de quienes dice que están en condiciones de cumplir arresto domiciliario o salir en libertad condicional. Argumentó que por su estado de salud no es lo más aconsejable que continúe en el penal de Ezeiza.


La posibilidad de que Alfredo Astiz salga de la cárcel dejó de ser una mera hipótesis. Su nombre apareció junto a los de otros genocidas en un informe que el Servicio Penitenciario Federal (SPF) elevó al Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias con la nómina de reclusos que a su juicio están en condiciones de cumplir arresto domiciliario o de salir en libertad condicional o prisión domiciliaria. Ayer se supo que el SPF considera al “Ángel Rubio” dentro de un listado de 1436 reclusos que podrían beneficiarse.

El listado se llama “Internos que se encontrarían en condiciones de acceder a medidas alternativas de prisión”. Los reclusos que están citados en el informe son 1436. El SPF puso por igual presos por delitos comunes y condenados por violaciones a los derechos humanos. Astiz se halla en el apartado de “internos con enfermedades oncológicas”. 

El hijo de puta tiene 67 años y padece cáncer de próstata. Preso en Ezeiza, con dos condenas a perpetua encima, el represor de la ESMA podría beneficiarse de un arresto domiciliario, dado el SPF estima que la cárcel no es el lugar ideal para un recluso con cáncer.

El ex marino nunca pidió una morigeración de sus condiciones de detención por su enfermedad. Su suerte depende del Tribunal Oral Federal 5, que lo condenó a perpetua las dos veces que fue hallado culpable por delitos de lesa humanidad, en 2011 y 2017. Además del miembro de la patota de la ESMA, en la lista de pacientes oncológicos que elaboró el SPF hay otros siete presos por delitos cometidos en la dictadura.

A principios de marzo, había trascendido una nómina de 1.111 presos que podrían ser excarcelados, y que de ellos, 96 son condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. En ese listado figuran represores de la magnitud de Christian von Wernich, Jorge “Tigre” Acosta, Raúl Guglielminetti y el “Turco Julián”.

Astiz integró el grupo de tareas de la ESMA y fue responsable de secuestros como los de Dagmar Hagelin y las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet, en 1977. Por el caso de las monjas, fue condenado a perpetua en Francia mientras en la Argentina regían las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. No podía ir a la cárcel en el país, pero si salía de las fronteras, sería detenido. La anulación de las leyes en 2003 reactivó las causas en su contra y así pudo ser condenado.

Uno de los motivos de estas listas, que incluyen a condenados por el terrorismo de Estado, es, según las autoridades, paliar la crisis habitacional del servicio penitenciario. O sea, alegan que las cárceles no dan abasto. No hay tantas excarcelaciones como antes y sube el número de detenidos. El plan para ampliar o crear cárceles recién se materializaría, dicen desde el régimen macrifascista, el año próximo.

Organismos de Derechos Humanos se habían manifestado en contra cuando se conoció el listado de hace unos días y remarcaron que muchos condenados incluidos por el SPF están en la unidad de Campo de Mayo, “un lugar de privilegio”, y que por lo tanto, “difícilmente el dictado de domiciliarias reduzca la sobrepoblación carcelaria”.

jueves, 15 de marzo de 2018

El Servicio Penitenciario tuvo que responder a las críticas: una nómina “meramente informativa”

Desde el organismo intentaron bajarle el tono al pedido de libertad condicional o prisión domiciliaria para 1.111 detenidos, que incluye a condenados por delitos de lesa humanidad, pero no dieron marcha atrás.


Emiliano Blanco, director del Servicio Penintenciario Federal
El Servicio Penitenciario Federal (SPF) intentó minimizar su sugerencia de darle libertad condicional o prisión domiciliaria a 96 represores condenados por delitos de lesa humanidad, incluidos en una lista de 1.111 detenidos elaborada con la excusa de descomprimir la superpoblación carcelaria. El organismo estatal del que dependen las cárceles federal, emitió ayer un comunicado en el que sostiene que esa nómina fue “meramente informativa” pero evitó dar marcha atrás con ella.

El listado había sido enviado por el director general del Régimen Correccional del SPF, Fernando Martínez, a distintos jueces federales el 31 de enero pasado, pero recién se supo de ello la semana pasada. El petitorio esgrime el argumento de la necesidad de descomprimir las cárceles e incluye entre los beneficiarios al ex jefe de Inteligencia de la ESMA Jorge “Tigre” Acosta, el torturador Julián Simón (“El Turco Julián), el médico naval Carlos Capdevilla, los ex espías Antonio Pernías y Raúl Gulielminetti, y el ex capellán Christian Von Wernich, entre otros.

Desde que apareció la noticia, las críticas hacia el SPF se multiplicaron. Es por eso que la dependencia del Ministerio de Justicia aseguró ayer que ese inventario fue "meramente informativo” y aclaró que no está entre sus funciones "otorgar libertades de tipo alguno".

"Esta imagen objetiva y universal (por la lista) es meramente informativa, pues el Poder Judicial debe considerar cada caso concreto de manera individual (es decir, a cada interno)", dice el texto. Además, agrega que "la administración penitenciaria, a través de un equipo multidisciplinario, debe también de manera individual efectuar un análisis y evaluación -tanto clínica como actuarial- que de manera no vinculante se remite a la autoridad judicial para su oportuna resolución".

Luego se excusa en que los nombres que figuran en esa lista fue hecha sobre la base de “un diagnóstico situacional completo” elaborado desde 2016, que dio cuenta de que “la cantidad de internos tanto procesados como condenados que de manera objetiva podrían ser evaluados para acceder a los distintos institutos previstos por ley y reconocidos por los organismos internacionales"

La cuestión es que, tal como lo publicó este diario, la nómina refiere a "internos de lesa humanidad mayores de 70 años" y a otros "autopercibidos como gays, lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales", así como también a personas discapacitadas e "internas alojadas con hijos".

El pedido formal incluyó ocho listados con los nombres de los beneficiarios y fue dirigido al Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias, a cargo del juez de Casación Gustavo Hornos. También a la Defensoría General de la Nación, a la Procuración Penitenciaria y a la cartera al frente de Germán Garavano. La solicitud fue fundada en un planteo presentado por la Corte Suprema al Ministerio de Justicia para que descomprima la situación en las cárceles federales.